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Llamar «jefe de los torturadores» al Rey de España no supone difundir un discurso de odio o incitación a la violencia que justifique una pena de prisión.

Arnaldo Otegi, ejerciendo el rol de portavoz de su grupo en el Parlamento Vasco, afirmó ante una visita a Euskadi del Monarca que "el Rey español es el jefe máximo del ejército español, es decir, el responsable de torturadores y que ampara la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia".
Tras esas afirmaciones la Fiscalía se querelló contra Otegi por un delito de «injurias graves al Rey» del que fue absuelto por el TSJ del País vasco y condenado posteriormente por el Tribunal Supremo, siendo ratificada esta condena por el Tribunal Constitucional.
En la presente resolución el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conidera que "aunque algunos de los términos del discurso del demandante (Otegi) pintan uno de los cuadros más negativos del Rey como institución, adquiriendo así una connotación hostil, no exhortan al uso de la violencia ni se trata de un discurso de odio" y que al ser realizadas durante una rueda de prensa "no dio al demandante la posibilidad de reformularlas, perfeccionarlas o retirarlas antes de que se hicieran públicas".
Considera el TEDH que una protección ampliada en materia de ofensas a una persona concreta, en este caso el Rey, mediante una ley especial no es conforme, en principio, con el espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Sala considera que en los hechos enjuiciados no consta una justificación para la imposición de una pena de prisión. El fallo condena al Reino de España a abonar a Otegi 20.000 en concepto de daño moral.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 15 marzo 2011

Llamar «jefe de los torturadores» al Rey de España no supone difundir un discurso de odio o incitación a la violencia que justifique una pena de prisión.

 MARGINAL: JUR 2011 75916
 TRIBUNAL: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
 FECHA: 2011-03-23
 JURISDICCIÓN: Internacional
 PROCEDIMIENTO: Demanda núm. 2034/2007
 PONENTE: Josep Casadevall (Pres.)

DOCTRINA TEDH: art. 10 del tratado.


En el asunto Otegi Mondragón contra España,

El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera), constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces: Josep Casadevall, Presidente, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, así como por Santiago Quesada, Secretario de Sección,
Tras haber deliberado en privado el 8 de marzo de 2011,
Dicta la siguiente


SENTENCIA
PROCEDIMIENTO

1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 2034/2007) dirigida contra el Reino de España, que un ciudadano español, Don Arnaldo Otegi Mondragón(« el demandante»), presentó ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio»), el 5 de enero de 2007.

2. El demandante está representado ante el Tribunal por el señor D. Rouget, abogado colegiado en San Juan de Luz, y la señora J. Goirizelaia Ordorika, abogada colegiada en Bilbao. El Gobierno español («el Gobierno») está representado por su agente, el señor I. Blasco Lozano, Jefe del Servicio Jurídico de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
3. El demandante alega que la Sentencia del Tribunal Supremo que locondena como autor de un delito de injurias graves al Rey, constituye una lesión injustificada de su derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 10 del Convenio.
4. El 27 de noviembre de 2008, el Presidente de la Sección Tercera decidió dar traslado de la demanda al Gobierno. En aplicación del artículo 29.1 del Convenio, decidió que la Sala se pronunciaría al mismo tiempo sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.
5. El 7 de junio de 2009, el demandante pidió al Tribunal la celebración de una vista pública. El Tribunal examinó la petición. Habida cuenta de los elementos que obraban en su poder, decidió que no era necesaria la celebración de audiencia pública.
HECHOS
I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
6. El demandante nació en 1956. En el momento de la presentación de la demanda, residía en Elgoibar (Guipúzcoa).
7. El demandante era a la sazón portavoz de Sozialista Abertzaleak, grupo parlamentario de la izquierda independentista vasca en el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A. Génesis del asunto
8. El 21 de febrero de 2003,por mandato del magistrado juez del
Juzgado Central de Instrucción nº 6de la Audiencia Nacional, se registraron, y cerraron posteriormente, los locales del rotativo Euskaldunon Egunkaria, por su presunta vinculación con ETA. Diez personas fueron detenidas, entre ellas los principales responsables del periódico (miembros del consejo de administración y el director). Tras cinco días de detención incomunicada, los interesados denunciaron haber sufrido malos tratos durante el cautiverio.

9. El 26 de febrero de 2003, el Rey de España fue recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco para participar en la inauguración de una central eléctrica en Vizcaya.
10. Durante una conferencia de prensa celebrada ese mismo día en San Sebastián, el demandante, como portavoz del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, expuso la valoración política que hacía su grupo de la situación del periódico Egunkaria. En respuesta a una pregunta planteada por un periodista, manifestó, refiriéndose a la visita del Rey al País Vasco,<< es patético y una sinvergonzada política >> que el presidente del Gobierno vasco haya inaugurado un proyecto (…) con Juan Carlos de Borbón, indicando que <>. Añadió que inaugurar un proyecto con el Rey de los españoles, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y, por tanto, mando último de la Guardia Civil era absolutamente lamentable. En relación a lo sucedido en la operación policial contra el diario Egunkaria, añadió que el Rey era el jefe de aquellos que habían torturado a los detenidos en el marco de dicha operación. Se expresó con estas palabras:
<< ¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en día en Bilbao con el Rey español, cuando el Rey español es el jefe máximo del ejército español, es decir, el responsable de torturadores y que ampara la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia? >>
B. El procedimiento penal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
11. El 7 de abril de 2003, el Ministerio Público formuló querella contra el demandante por delito de <>, en el sentido del artículo 490.3 del Código Penal, en relación con el artículo 208 del mismo código, por las palabras proferidas el 26 de febrero de 2003.
12. Ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, jurisdicción competente para conocer y juzgar los hechos que se imputaban al demandantepor su condición de parlamentario, este último argumentó que sus palabras, dentro del contexto de la crítica política, iban dirigidas contra el Jefe del Gobierno vasco. Añadió que no había intención alguna de producir lesión de la dignidad y del honor en el hecho de decir que el Rey de España era el jefe máximo de la Guardia Civil, puesto que no era sino una constatación de la realidad política del Estado español, en el que el Rey ejercía el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, para el demandante decir que la Guardia Civil había torturado a los detenidos con ocasión del cierre del diario Euskaldunon Egunkaria, no implicaba una injuria o atentado al honor, por cuanto era la realidad y se había acordado a este respecto la incoación de diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid. Igualmente, se habían producido muchas declaraciones de personalidades públicas. En conclusión, en opinión del demandante, responsable político, se trataba de una crítica política en el marco de la libertad de expresión, que constituye la base del Estado de Derecho y de la democracia. El interesado recordaba, a este respecto, que un responsable político dispone de un margen de maniobra más amplio cuando se trata de informar a la sociedad sobre cuestiones de interés público.
13. Por Sentencia de 18 de marzo de 2005, el Tribunal Superior declaró la libre absolución del demandante. El tribunal, tras declarar que las declaraciones del demandante eran <> estimó lo siguiente:
<< (…) [N]o se trata de una cuestión referente a la vida privada del Jefe del Estado sino del rechazo Centro de Documentación Judicial de la vinculación del poder político fundado en el carácter hereditario de la institución que aquél personalmente simboliza (….) la crítica de una institución constitucional no está excluida del derecho a la libertad de expresión, y en tales casos éste adquiere, frente al derecho al honor, el carácter de un derecho constitucional prevalerte en tales materias. La Constitución no acuerda el derecho a la libertad de expresión sólo para algunos puntos de vista considerados correctos, sino para todas las ideas dentro de los límites que ella misma establezca. (…) >>

14. El tribunal concluyó así:

<< [L]as declaraciones [del demandante] se realizaron en un ámbito que puede sin dificultad considerarse de carácter público -político e institucional-, no sólo en razón de la condición del sujeto agente- Parlamentario del Parlamento Vasco-, sino también de la de la autoridad a la que se dirige, coincidente con la más Alta Magistratura del Estado, y en el marco inferible en el que se desenvuelve, que es el de la crítica política al Lehendakari por su formal hospitalidad en el recibimiento ofrecido a S.M. el Rey, D. Juan Carlos I., en las circunstancias que refiere de cierre de la revista Egunkaria y detención de sus responsables, además de la denuncia de malos tratos hecha pública por aquéllos, y por tanto, ajeno al núcleo último de la dignidad de las personas, que el ordenamiento jurídico sustrae a toda injerencia de parte de terceros. >>

C.El recurso de casación ante el Tribunal Supremo

15. El Ministerio Público interpuso recurso de casación. Subrayó, por una parte, que la ley protegía el honor del Rey como persona física concreta, titular de su dignidad personal, objeto del delito de injurias y, por otra parte, que la ley tenía por finalidad garantizar el respeto del contenido simbólico de la institución de la Corona, que se halla recogida en la Constitución española y representada por<< el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia>>.La gravedad del delito se infería del hecho de que la legislación otorga una especial protección a la dignidad del Rey, incluso respecto a otras autoridades públicas (artículos 496 y 504 del Código Penal). Asimismo, la inviolabilidad del rey, proclamada por el artículo 56.3 de la Constitución, demostraba la posición excepcional de la Corona en la Constitución española de 1978.Esta posición constitucional hacía visible el carácter desproporcionado de las expresiones calumniosas e injuriosas proferidas por el demandante. En opinión del Ministerio Fiscal, el cual remitió en varias ocasiones a la jurisprudencia del Tribunal europeo,estaba claro que el Rey se encontraba en el ejercicio de sus funciones y se trataba de una persona con relevancia pública, pero que en atención a su carácter público, no quedaba privada de ser titular del derecho al honor. A este respecto, recordó que el artículo 20.1 a) de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto. Asimismo, haciendo un paralelo con la especial protección que debe gozar el poder judicial, con arreglo al artículo 10.2 del Convenio, afirmó que había que garantizar la misma protección al Jefe del Estado,<> y ajeno a la contienda política, frente al ataque destructor carente de fundamento que constituía las declaraciones del demandante. Por último, para el Ministerio Fiscal, tales declaraciones podían calificarse de <>, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal, habida cuenta de la situación existente en relación a los atentados terroristas.

16. En primer lugar, por dos Sentencias de 31 de octubre de 2005, el Tribunal Supremo casó y anuló la sentencia dictada por la jurisdicción a quo, basándose en múltiples referencias a la jurisprudencia del Tribunal y, en segundo lugar, condenó al demandante a la pena de un año de prisión, a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas, como autor criminalmente responsable de un delito de injurias graves al Rey. El Tribunal Supremo consideró que las frases en litigio eran juicios de valor y no afirmaciones fácticas. Tales declaraciones, calificadas de <> por el tribunal a quo, expresaban un menosprecio al Rey y a la institución que encarna en su persona, afectando al núcleo último de su dignidad, en cuanto le estaban atribuyendo una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de Derecho.El ejercicio del derecho de la libertad de expresión resultaba, por tanto, contrario al principio de proporcionalidad e innecesario, superándose con mucho lo que pudieran considerarse críticas hirientes o desabridas. El Tribunal Supremo señaló igualmente que las declaraciones no podían verse atemperadas por el contexto en el que habían sido pronunciadas. Por un lado, las denuncias por presuntas torturas de los detenidos en el marco de la operación contra el diario Egunkaria habían sido archivadas y sobreseídas por falta de pruebas. Por otro lado, las frases denunciadas no podían interpretarse como una reacción a un debate o contienda política con el Rey. Habida cuenta de la gravedad de las declaraciones injuriosas y de la voluntad del demandante de hacerlas públicas, el Tribunal Supremo pronunció la pena de un año de prisión.

17. El Juez P. A.I. formuló un voto particular a la sentencia. Éste estimó que las manifestaciones denunciadas eran de naturaleza política, teniendo en cuenta la condición de parlamentario del demandante y el contexto en el que se habían producido, la visita del Rey al País Vasco y la actitud del jefe del Gobierno Vasco a este respecto. Al igual que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Juez consideró que tales declaraciones no se referían a la vida privada o la honorabilidad personal del Rey, sino a su papel institucional de jefe del Ejército. No atribuían al Rey actos concretos de tortura, sino una implicación objetiva como jefe de la estructura del Estado. El Juez recordó que los límites de la libertad de expresión se ampliaban respecto a las instituciones, dado que éstas no gozaban de ese atributo exclusivo de la persona que es el honor.

D. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

18. El demandante interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alegaba, entre otras, la vulneración de sus derechos a la libertad de expresión (artículo 20.1 a) de la Constitución) y a la libertad ideológica (artículo 16 de la Constitución).

19. En opinión del demandante, la Sentencia del Tribunal Supremo no realizó adecuadamente la ponderación de los derechos en conflicto, ya que las frases controvertidas no contenían expresión injuriosa o vejatoria alguna; además, no iban dirigidas contra el Rey de España, sino contra el Presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en todo caso, eran verdaderas y no se referían a la vida privada ni a la actitud del Rey; tales expresiones no eran desproporcionadas en el ámbito en el que se realizaron, que era la cordial recepción dispensada por las Autoridades del País Vasco a los Reyes de España después de haberse producido el cierre del diario Egunkaria y, con ocasión de dicho cierre, la detención de diversas personas que denunciaron, tanto ante la Autoridad Judicial como ante el Parlamento Vasco, haber sido torturadas.

20. Por Auto de 3 de julio de 2006, notificado el 11 de julio de 2006, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo presentado por el demandante por carecer de contenido constitucional. De entrada, señaló que el derecho a la libertad de expresión no reconoce un derecho al insulto. Recordó a este respecto que la Constitución no vedaba, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, pero que la libertad de expresión no protegía las expresiones absolutamente vejatorias que, al margen de su veracidad, fueran ofensivas u oprobiosas y resultaran impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate.

21. El Alto Tribunal estimó que la Sentencia del Tribunal Supremo realizaba adecuadamente la ponderación de los distintos derechos en conflicto, en la medida en que concluía que las expresiones en litigio eran desproporcionadas teniendo en cuenta el contexto circunstancial en el que se vertieron, el carácter público del acto y el interés público del tema en cuestión (la práctica de torturas), así como que las mismas atañían a individuos con relevancia pública (un representante político y el Rey). Para el Tribunal Constitucional, difícilmente podía negarse el carácter oprobioso, vejatorio e infamante de las frases para cualquier persona, incluso pública. Esta conclusión era aún más válida si ello se refería al Rey, por cuanto su persona <>, en el sentido del artículo 56.3 de la Constitución y es <> del Estado. Habida cuenta del papel que se le confiaba de <>, el Rey ocupaba una posición de neutralidad respecto de la contienda política, posición que le hacía acreedor de un respeto institucional <> distinto al de las demás instituciones del Estado. El Alto Tribunal se expresó así:

<< (…) [E]n un sistema democrático, con libertad ideológica y de expresión, tal caracterización no le hace inmune a la crítica "en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas" (…); pero tal eventual crítica no puede implicar la imputación de actuaciones efectivas del poder público -algo que imposibilita la Constitución según antes se ha señalado- como pretexto para menoscabar gratuitamente su dignidad o su estima pública.>>
22. Por último, el Tribunal Constitucional concluyó que las afirmaciones efectuadas por el demandante superaban de manera patente, por su notorio carácter infamante, el nivel de lo lícito. Al igual que el Tribunal Supremo, consideró que tales afirmaciones expresaban un evidente menosprecio al Rey y a la institución que encarna su persona afectando al núcleo último de su dignidad, por lo que manifiestamente no podían considerarse amparadas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
E. Cumplimiento de la pena y hechos posteriores
23. Por Auto de 15 de mayo de 2006, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó suspender la pena impuesta al demandante por el plazo de tres años. Según el Gobierno, el 16 de julio de 2009, la pena fue condonada.
24. El 8 de junio de 2007, tras la ratificación por el Tribunal Supremo de la Sentencia de 27 de abril de 2006, por la que la Audiencia Nacional había condenado al demandante a una pena de quince meses de prisión por un delito de enaltecimiento de acciones terroristas, el demandante ingresó en prisión.
25. Actualmente, el demandante se encuentra en situación de prisión provisional en el marco de otros procedimientos.
II. LEGISLACIÓN INTERNA E INTERNACIONAL APLICABLE
A. Legislación interna
26. Las disposiciones aplicables de la Constitución española dicen así:
Artículo 14
<>
Artículo 16
<<1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. (…)>>
Artículo 20
<<1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
(…)
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
(…)
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.>>
Artículo 56
<<1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
(…)
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. (…)>>
Artículo 62
<< Corresponde al Rey:
(…)
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. (…)>>
27. Las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995 del Código Penal son las siguientes:
Artículo 208
<
Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. (…)>>
Artículo 209
<>
28. Para el delito de injurias al Rey, el artículo 490 del Código Penal prevé las penas siguientes:
Artículo 490
<< (…) 3. El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.>>
Esta disposición figura en el Título XXI del Libro II del Código Penal (<>) y en el Capítulo II de este título (<>).
29. Los artículos 496 y 504 del Código Penal prevén el delito de injuria grave al Parlamento, al Gobierno de la Nación u otras instituciones del Estado. Estos textos figuran en el Título XXI del Libro II del Código Penal (<>) y en el Capítulo III de este título (<< De los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes>>).
Artículo 496
<>
Artículo 504
<<1. Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma. (…)>>
B. Los textos del Consejo de Europa
30. En la materia, conviene remitir, en primer lugar, a la Declaración sobre la libertad del discurso político en los medios de comunicación, aprobada por el Comité de Ministros el 12 de febrero de 2004. El texto es el siguiente:
<< El Comité de Ministros del Consejo de Europa,
(…) Consciente de que algunos ordenamientos jurídicos internos aún conceden privilegios jurídicos a personalidades políticas o funcionarios contra la divulgación en los medios de comunicación de informaciones y opiniones que les atañen, lo que no es compatible con el derecho a la libertad de expresión y de información garantizado por el artículo 10 del Convenio;
(…) II. Libertad de crítica al Estado o a las instituciones públicas
El Estado, el gobierno o cualquier otro órgano de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, pueden ser objeto de crítica en los medios de comunicación. En razón de su posición dominante, estas instituciones no deberían estar protegidas como tales por el Derecho penal frente a las declaraciones difamatorias o insultantes. No obstante, cuando estas instituciones gocen de tal protección, esta protección debería aplicarse de forma muy restrictiva evitando, en todos los casos, que pueda utilizarse para restringir la libertad de crítica. Por lo demás, las personas que representan a estas instituciones siguen estando protegidas como individuos.
(…) VI. Reputación de las personalidades políticas y de los funcionarios
Las personalidades políticas no deberían gozar de mayor protección de su reputación y sus otros derechos que las demás personas, y la legislación interna no debería imponer a los medios de comunicación sanciones más severas cuando éstos critican a personalidades políticas. (…)
(…) VIII. Vías de recurso frente a las violaciones por los medios de comunicación
Las personalidades políticas y los funcionarios solo deberían tener acceso a las vías de recurso de que disponen los particulares en el supuesto de violación de sus derechos por los medios de comunicación. (…) La difamación o el insulto por los medios de comunicación no debería implicar pena de prisión, salvo que fuere estrictamente necesaria y proporcionada en atención a la gravedad de la violación de los derechos o la reputación ajena, especialmente si, a través de declaraciones difamatorias o insultantes en los medios de comunicación, como un discurso de odio, se han vulnerado gravemente otros derechos fundamentales>>.
31. Asimismo, la Resolución 1577 (2007) de la Asamblea Parlamentaria, titulada <>, dice así:
<< (…) 11. [La Asamblea] constata con gran preocupación que en muchos Estados miembros la ley prevé penas de prisión por difamación, y que en algunos todavía se imponen en la práctica – por ejemplo, Azerbaiyán y Turquía.
(…) 13. Por consiguiente, la Asamblea considera que las penas de prisión por difamación deben abolirse sin más demora. En particular, exhorta a los Estados cuya legislación todavía prevea penas de prisión – aun cuando éstas no se impongan en la práctica – a eliminarlas inmediatamente, para no servir de excusa, aun siendo injustificada, a los Estados que siguen imponiéndolas, provocando así la degradación de las libertades fundamentales.
(…) 17. En consecuencia, la Asamblea exhorta a los Estados miembros a:
17.1. Abolir inmediatamente las penas de prisión por difamación;
17.2. Garantizar que no haya ejercicio abusivo de la acción penal (…);
17.3. Definir con mayor precisión en su legislación el concepto de difamación, con el fin de evitar la aplicación arbitraria de la ley y garantizar que el Derecho civil aporte una protección efectiva de la dignidad de la persona afectada por la difamación;
(…) 17.6. Eliminar de la legislación relativa a la difamación las disposiciones que otorguen una protección reforzada de las personalidades públicas, de conformidad con la jurisprudencia de la Tribunal (…) >>.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL CONVENIO
32. El demandante alega que la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena como autor de un delito de injurias graves al Rey, constituye una lesión injustificada de su derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 10 del Convenio, el cual dispone:
<<1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la saludo de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.>>
33. El Gobierno se opone a esta tesis.
A. Sobre la admisibilidad
34. El Tribunal constata que esta queja no carece manifiestamente de fundamento en el sentido del artículo 35.3 del Convenio. Señala, asimismo, que no se enfrenta a ningún otro motivo de inadmisibilidad. En consecuencia, cabe declararla admisible.
B. Sobre el fondo
1. Argumentos de las partes
a) El demandante
35. El demandante sostiene, en primer lugar, que el precepto del Código Penal en el que se asienta su condena (artículo 490.3 del Código Penal) no está formulado con la suficiente precisión y claridad. De hecho, la protección reforzada prevista en el artículo 490.3 del Código Penal se tornaría a favor de una defensa absoluta del régimen de monarquía constitucional, yendo más allá de la defensa de la honorabilidad y dignidad de las personas. Para el demandante, una interpretación tan amplia de esta disposición no puede considerarse <>, en el sentido del apartado 2 del artículo 10.
36. Asimismo, la injerencia no perseguiría un <>, en el sentido del apartado 2 del artículo 10. Se encaminaría a sancionar simbólicamente el cuestionamiento de la monarquía como institución y, por lo tanto, de la Constitución.
37. El demandante afirma que su condena no guardó proporción con la finalidad legítima que se perseguía, ni era <>. Hace referencia a su propia condición de portavoz del grupo parlamentario independentista vasco y a las circunstancias concretas de la causa: el cierre del diario Egunkaria y la conmoción provocada en el seno de la sociedad vasca por las alegaciones de tortura de las personas detenidas en el marco de dicha operación. Sus manifestaciones versaron sobre una cuestión de interés público, la práctica de la tortura por las fuerzas de seguridad españolas en la lucha antiterrorista, práctica cuya existencia habría sido corroborada por muchos organismos internacionales de protección de los derechos humanos. En relación con el argumento del Tribunal Supremo según el cual sus palabras carecerían de fundamento habida cuenta de que las denuncias por presuntas torturas fueron archivadas y sobreseídas, el demandante considera, por un lado, que cuando hizo las declaraciones no podía conocer el resultado de la instrucción judicial que se practicó meses después de los hechos y, por otro lado, que no existe ninguna sentencia firme en cuanto al archivo de tales denuncias. A este respecto, el demandante, remitiendo a la Sentencia Martínez Sala y otros contra España (núm. 58438/2000, ap. 160, 2 noviembre 2004), afirma que en España muchas denuncias por torturas quedan archivadas y sobreseídas sin que se haya llevado a cabo una investigación profunda. Por otra parte, el Monarca ha concedido el indulto, en virtud de la Constitución española, a muchos miembros de las fuerzas de seguridad españolas condenados por delitos de torturas. El interesado menciona, a modo de ejemplo, la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en el asunto Kepa Urra Guridi contra España¹. Es en este contexto en el que deberían inscribirse las frases en litigio expresadas por el demandante quien, al ser detenido en julio de 1987, fue objeto él mismo de actos de tortura.
38. Asimismo, remitiendo a la jurisprudencia del Tribunal en materia de ofensa contra un jefe de Estado (Sentencias Colombani y otros contra Francia, núm. 51279/1999, aps. 66-69, TEDH 2002-V; Pakdemirli contra Turquía, núm. 35839/1997, aps. 51-52, 22 febrero 2005), el demandante estima que el régimen de sobreprotección de la Corona en la legislación penal española es incompatible con el artículo 10 del Convenio. Mientras que en el caso de los simples particulares la injuria debe calificarse de grave para que su autor sea perseguido judicialmente, para la Corona una simple injuria es suficiente y sancionable. La injuria grave a la Corona es la única susceptible de pena de prisión firme (de seis a dos años), mientras que para el derecho común y demás instituciones, la injuria grave se castiga con una pena en forma de multa. Por tanto, estas disposiciones confieren a la Corona <> (Sentencia Colombani y otros, previamente citada, ap. 68). El demandante hace referencia a la evolución legislativa en los Estados miembros del Consejo de Europa, en los que la tendencia es en su mayor parte someter al derecho común los ataques dirigidos contra el Soberano. Así, la incriminación de las injurias al Rey ya no sería una medida necesaria en una sociedad democrática, máxime si con la incriminación de la difamación y las injurias cualquier Jefe de Estado o Monarca puede hacer sancionar unas declaraciones atentatorias contra su honor.
39. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción en cuestión, el demandante puntualiza que, en virtud de la pena pronunciada, devenida ejecutoria tras la ratificación por el Tribunal Supremo de su condena de 2006 por enaltecimiento del terrorismo, fue encarcelado del 8 de junio de 2007 al 30 de agosto de 2008. Remitiendo a la jurisprudencia del Tribunal según la cual la imposición de una pena de prisión firme por un delito cometido en el marco del debate político, solo es compatible con la libertad de expresión en circunstancias excepcionales (Sentencia Feridun Yazar contra Turquía, núm. 42713/1998, ap. 27, 23 septiembre 2004), considera que nada en el presente caso justificaba la imposición de tal pena, la cual, a su juicio, no guarda proporción con el fin perseguido. Por último, señala que el Rey no ha sufrido ningún perjuicio y que no se ha ejercitado ninguna acción civil.
b) El Gobierno
40. El Gobierno estima que las declaraciones del demandante implican un grave atentado al honor de cualquier persona a la que aludan, incluido evidentemente el Rey. El hecho de calificar a una persona de torturadora equivale a decir que vulnera los valores esenciales de la sociedad de la que forma parte y a suscitar una opinión negativa en cuanto a su dignidad y su honorabilidad, máxime si se tiene en cuenta que, en el presente caso, la persona contra la que las declaraciones se dirigen tiene especiales obligaciones para respetar y hacer respetar los valores esenciales en cuestión.
41. El Gobierno sostiene que los tribunales españoles tuvieron debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal en la materia. A este respecto, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce la importancia de la libertad de expresióncomo garantía esencialde opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no reconoce, a su juicio,un pretendido derecho al insulto y, en consecuencia, excluye las expresiones vejatorias que resulten impertinentes y superfluas para expresar las opiniones o informaciones de que se trate. Remitiendo a la jurisprudencia del Tribunal (Sentencia Lingens contra Austria, 8 julio 1986, serie A núm. 103), el Gobierno puntualiza que aun cuando los límites de la crítica admisible sean más amplios respecto a un político, la reputación de éste también debe protegerse, en el sentido del artículo 10.2 del Convenio, incluso cuando el interesado no actúa en el marco de su vida privada.
42. El Gobierno pone de relieve la especial posición institucional que ocupa el Rey en virtud de la Constitución española, recordando que su persona no está sujeta a responsabilidad y que su posición de neutralidad respecto de la contienda política, le hace acreedor de un respeto institucional <> distinto al de las demás instituciones del Estado.
43. El Gobierno considera que si bien la crítica de un parlamentario autonómico hacia el Rey de España puede ser más amplia, no se puede admitir que la Constitución española o el Convenio reconozcan el derecho de injuria en detrimento de la dignidad de la persona. Al igual que los tribunales españoles, añade que la injerencia en litigio no encuentra su base en la ideología antimonárquica del recurrente, sino en determinadas expresiones que trasvasaron el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, para inmiscuirse en el derecho al honor del Rey. En conclusión, el Gobierno sostiene que los tribunales españoles justificaron ampliamente la condena del demandante a la luz del contexto de la causa.
2. Valoración del Tribunal
44. Las partes no discuten que la condena del demandante constituye una <> en su derecho a la libertad de expresión. Tal intromisión contraviene el Convenio si no cumple las exigencias del apartado 2 del artículo 10. Por tanto, queda por determinar si la injerencia estaba <>, se inspiraba en uno o más de los fines legítimos mencionados en este apartado y era <> para su consecución.
a) <>
45. El Tribunal constata que la condena del demandante se asentaba en el texto del artículo 490.3 del Código Penal, que castiga las injurias al Rey. En relación con la cuestión de si los tribunales sentenciadores aplicaron este precepto con el fin de defender el régimen monárquico, como sugiere el demandante, hasta el punto de reducir la previsibilidad de la norma jurídica de que se trata, ésta se refiere en realidad a la pertinencia y la suficiencia de los motivos apreciados por los tribunales internos para justificar la injerencia en litigio en el derecho a la libertad de expresión del demandante; el Tribunal la examinará, en consecuencia, en el marco de la valoración de su <>.
46. El Tribunal concluye que la injerencia en litigio estaba <> en el sentido del apartado 2 del artículo 10 del Convenio.
b) Fin legítimo
47. A juicio del Tribunal, la injerencia perseguía uno de los fines legítimos mencionados en el artículo 10.2: << la protección de la reputación o de los derechos ajenos >>, en este caso la del Rey de España.
c) <>
i. Principios generales
48. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada individuo. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 10, es válida no solamente para las <> o <> aceptadas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para las que hieren, ofenden o inquietan: así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existiría <> (Sentencias Handyside contra Reino Unido, 7 diciembre 1976, ap. 49, serie A núm. 24, Lindon, Otchakovsky-Laurens y July contra Francia [GS], núms. 21279/2002 y 36448/2002, ap. 45, TEDH 2007-XI, y Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) contra Suiza (núm. 2) [GS], núm. 32772/2002, ap. 96, TEDH 2009-…).Tal como la consagra el artículo 10, está sujeta a excepciones que, sin embargo, requieren una interpretación estricta, y la necesidad de restringirla debe acreditarse de forma convincente.
49. El adjetivo <>, en el sentido del artículo 10.2, implica una <>. Los Estados contratantes gozan decierto margen de apreciación para juzgar la existencia de tal necesidad, que aumenta con un control europeo de la ley y de las resoluciones que la aplican, incluso cuando emanan de un tribunal independiente. El Tribunal es pues competente para resolver en última instancia sobre el hecho de si una <> se concilia con la libertad de expresión que protege el artículo 10.
No es tarea del Tribunal, cuando ejerce su control, sustituir a los tribunales internos competentes sino verificar, desde el punto de vista del artículo 10, las sentencias dictadas en virtud de su facultad de apreciación. Esto no implica que deba limitarse a determinar si el Estado demandado ha utilizado tal facultad de buena fe, con cuidado y de forma razonable: deberá de considerar la injerencia enjuiciada a la luz del conjunto del asunto para determinar si <>, y si los motivos invocados por las autoridades internas para justificarla parecen <>. Al hacerlo, el Tribunal debe alcanzar el convencimiento de que las autoridades internas aplicaron normas conformes a los principios consagrados en el artículo 10 y ello, además, fundamentándose en una valoración aceptable de los hechos pertinentes (véase, entre otras, las Sentencias Mamère contra Francia, núm. 12697/2003, ap. 19, TEDH 2006-XIII, y Lindon, Otchakovsky-Laurens y July, previamente citada, ap. 45).
50. El artículo 10.2 no deja lugar a restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y el debate político – en el que la libertad de expresión reviste la mayor importancia – o el de las cuestiones de interés general. Preciosa para cada persona, la libertad de expresión lo es muy especialmente para un cargo elegido por el pueblo; él representa a sus electores, da a conocer sus preocupaciones y defiende sus intereses. Por lo tanto, las injerencias en la libertad de expresión de un parlamentario exigen que el Tribunal lleve a cabo uno de los controles más estrictos (Sentencia Castells contra España, 23 abril 1992, ap. 42, serie A núm. 236).
Asimismo, los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político, al que se alude en condición de tal, que para un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitablemente a un control minucioso de sus hechos y actitudes, tanto por los periodistas como por las masas; por consiguiente, deberá mostrar mayor tolerancia (Sentencias Lingens, previamente citada, ap. 42, Vides Aizsardzības Klubs contra Letonia, núm. 57829/2000, ap. 40, 27 mayo 2004, y Lopes Gomes da Silva contra Portugal, núm. 37698/1997, ap. 30, TEDH 2000-X). Ciertamente, tiene derecho a que se proteja su reputación, incluso fuera del ámbito de su vida privada, pero los imperativos de tal protección deben ponderarse con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, dado que las excepciones a la libertad de expresión requieren una interpretación estricta (véase, en particular, Sentencias Pakdemirli, previamente citada, ap. 45, y Artun y Güvener contra Turquía, núm. 75510/2001, ap. 26, 26 junio 2007). En relación a los funcionarios, el Tribunal ha reconocido igualmente que los límites de la crítica admisibleeran más amplios que respecto a simples particulares, aunque no se les pueda aplicar los mismos criterios en lo que se refiere a los políticos (Sentencia Janowski contra Polonia [GS], núm. 25716/1994, ap. 33, TEDH 1999-I).
ii. Aplicación de los mencionados principios
51. El Tribunal señala, en primer lugar, que el demandante se expresó, sin ninguna duda, en calidad de elegido por el pueblo y portavoz de un grupo parlamentario, de forma que sus declaraciones forman parte de la expresión política (Sentencia Mamère, previamente citada, ap. 20). Por otro lado, las frases pronunciadas por el demandante aludían a una cuestión de interés en el País Vasco, el recibimiento que el jefe del Ejecutivo vasco había reservado al Rey de España en su visita oficial al País Vasco, el 26 de febrero de 2003, en el contexto del cierre del diario en lengua vasca Egunkaria y la detención de sus responsables unos días antes, así como de la denuncia por malos tratos hecha pública por estos últimos. Las declaraciones del demandante se inscribían así en el ámbito de un debate sobre cuestiones de interés general. En consecuencia, el margen de apreciación de que disponían las autoridades para juzgar la <> de la sanción pronunciada contra el demandante estaba particularmente restringido (véase, mutatis mutandis, Sentencia Mamère, previamente citada, ap. 20).
52. El Tribunal debe ahora examinar los motivos que condujeron a los tribunales internos a dictar las sentencias en litigio, a fin de determinar si eran suficientes y pertinentes para justificar la condena del demandante sobre la base del fin legítimo mencionado, la protección de la reputación del Rey de España. El Tribunal Supremo, anulando la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, condenó al demandante a una pena de un año de prisión como autor del delito de injurias graves al Rey. Consideró que las declaraciones en litigio afectaban directamente a la persona del Rey y a la institución que encarnaba en su persona, y que excedían los límites de la crítica admisible.
53. En lo que se refiere a las palabras empleadas por el demandante, los tribunales internos las consideraron oprobiosas, vejatorias e infamantes, al atribuir al Jefe del Estado <>, la tortura (<>, << el que protege la tortura y nos impone, bajo la tortura y la fuerza, el régimen monárquico>>). A este respecto, el Tribunal recuerdaque cabe distinguir entre declaraciones fácticas y juicios de valor. Si bien la materialidad de los hechos puede probarse, los segundos no se prestan a una demostración de su veracidad; la exigencia de veracidad de los juicios de valor es irrealizable y vulnera la propia libertad de expresión, elemento fundamental del derecho recogido en el artículo 10. Sin embargo, la calificación de imputación de hecho o juicio de valor de una declaración depende, en primer lugar, del margen de apreciación de las autoridades internas, concretamente de los tribunales internos. Asimismo, incluso cuando una declaración equivale a un juicio de valor debe tener suficiente base factual, sin lo cual sería excesiva (véase, por ejemplo, Sentencia Lindon, Otchakovsky-Laurens y July, previamente citada, ap. 55). El Tribunal puntualiza también que la necesidad de que unos hechos sustenten un juicio de valor es meno rigurosa cuando éstos ya son conocidos por el público en general (Sentencia Feldek contra Eslovaquia, núm. 29032/1995, ap. 86, TEDH 2001-VIII).
En el presente caso, el Tribunal señala que el Tribunal Supremo afirmó en su sentencia que las frases en litigio eran juicios de valor y no imputaciones de hechos. Sin embargo, consideró que el contexto en el que habían sido formuladas no justificaba su gravedad, habida cuenta del hecho de que las denuncias por presuntas torturas de los responsables del diario Egunkaria habían sido archivadas y sobreseídas por falta de pruebas. El Tribunal señala que las declaraciones del demandante tenían un nexo suficiente con las acusaciones de malos tratos, hechas públicas por el director del diario Egunkaria cuando fue puesto en libertad. Asimismo, señala, que se podía entender que las expresiones empleadas por el demandante se inscribían en el ámbito de un debate político más amplio sobre la eventual responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos de malos tratos.
54. Al examinar las declaraciones en sí mismas, el Tribunal reconoce que el lenguaje utilizado por el demandante se haya podido considerar provocador. Sin embargo, si bien es cierto que toda persona que participa en un debate público de interés general, como el demandante en este caso, está obligada a no sobrepasar ciertos límites en relación, concretamente,con el respeto de la reputación y los derechos ajenos, sí le está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, ser algo inmoderada en sus declaraciones (Sentencia Mamère, previamente citada, ap. 25). El Tribunal señalaque aunque algunos de los términos del discurso del demandante pintan uno de los cuadros más negativos del Rey como institución, adquiriendo así una connotación hostil, no exhortan al uso de la violencia ni se trata de un discurso de odio, lo que a juicio del Tribunal es el elemento esencial a considerar (véase, a contrario, Sentencia Sürek contra Turquía (núm. 1) [GS], núm. 26682/1995, ap. 62, TEDH 1999-IV). Por otra parte, señala que ni los tribunales internos ni el Gobierno han justificado la condena del demandante mencionando la incitación a la violencia o el discurso de odio.
Asimismo, el Tribunal tiene en cuenta el hecho de que se trataba de declaraciones orales realizadas durante una rueda de prensa, lo que no dio al demandante la posibilidad de reformularlas, perfeccionarlas o retirarlas antes de que se hicieran públicas (Sentencias Fuentes Bobo contra España, núm. 39293/1998, ap. 46, 29 febrero 2000, y Birol contra Turquía, núm. 44104/1998, ap. 30, 1 marzo 2005).
55. El Tribunal constata además que, para condenar al demandante, los tribunales internos se basaron en el artículo 490.3 del Código Penal, precepto que concede al Jefe del Estado un mayor nivel de protección que a otras personas (protegidas por el régimen común de la injuria) o instituciones (tales como el Gobierno y el Parlamento) con respecto a la divulgación de informaciones u opiniones que les afecten, y que prevé sanciones más graves para los autores de injurias (apartados 27-29 supra). A este respecto, el Tribunal ya ha declarado que una protección ampliada en materia de ofensas mediante una ley especial no es conforme, en principio, con el espíritu del Convenio. En su Sentencia Colombani y otros, previamente citada, examinó el artículo 36 de la Ley francesa de 29 de julio de 1881, abolido desde entonces, relativo a los delitos contra los jefes de Estado y diplomáticos extranjeros. Señaló que la aplicación del artículo 36 de la Ley de 1881 confería a los jefes de Estado extranjeros un privilegio exorbitante, sustrayéndolos a la crítica únicamente en razón de su función o condición, lo que era inconciliable con la práctica y las concepciones políticas actuales. Concluyó, por tanto, que era el régimen derogatorio de protección previsto para los jefes de Estado en el artículo 36 de la ley, el que era atentatorio a la libertad de expresión y no el derecho para estos últimos de hacer castigar los atentados a su honor en las condiciones jurídicas que se reconocían a cualquier persona (Sentencia Colombani y otros, previamente citada, ap. 69). En su Sentencia Artun y Güvener, previamente citada, el Tribunal estimó que lo que había denunciado en la Sentencia Colombani y otros, en relación a los jefes de Estado extranjeros, era aún más válido en lo que respecta al interés de un Estado de proteger la reputación de su propio jefe de Estado: tal interés no justificaba conferir a este último un privilegio o una protección especial frente al derecho a informar y expresar opiniones sobre él (Sentencia Artun y Güvener, previamente citada, ap. 31; véase, igualmente, en relación con la sobreprotección de la condición del Presidente de la República en materia civil, Sentencia Pakdemirli, previamente citada, ap. 52).
56. El Tribunal estima que, pese a las diferencias existentes con un régimen republicano como el de Turquía, los principios que se desprenden de su propia jurisprudencia en la materia son en teoría también válidos en lo que respecta a un régimen monárquico como el de España, en el que el Rey ocupa una posición institucional singular, como recuerda el Gobierno. En efecto, en el referido asunto Pakdemirli, la sobreprotección del Presidente de la República se refería también al hecho de que la persona que ocupa esta función no recibe el título de político sino de estadista (Sentencia Pakdemirli, previamente citada, ap. 51). El Tribunal estima que el hecho de que el Rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado español, no lo pone al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales o, como en el presente caso, en su condición de representante del Estado, al cual simboliza, de las procedentes de aquellos que se oponen legítimamente a las estructuras constitucionales de dicho Estado, incluido su régimen monárquico. A este respecto, señala que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual absolvió al demandante en primera instancia, recordó que la crítica de una institución constitucional no está excluida del derecho a la libertad de expresión (apartado 13 supra). El Tribunal ha de destacar que es precisamente cuando se presentan ideas que hieren, ofenden y se oponen al orden establecido, cuando más preciosa es la libertad de expresión (Sentencia Women On Waves y otros contra Portugal, núm. 31276/2005, ap. 42, TEDH 2009-…). Asimismo, estima que el hecho de que la persona del Rey no esté <> en virtud de la Constitución española, concretamente en el ámbito penal, no impide de por sí el libre debate sobre su eventual responsabilidad institucional, incluso simbólica, en la jefatura del Estado, dentro de los límites del respeto de su reputación como persona.
57. A este respecto, el Tribunal considera que, en el presente caso, las declaraciones en litigio no cuestionaban la vida privada del monarca (véase, a contrario, Sentencia Standard Verlags GmbH contra Austria (núm. 2), núm. 21277/2005, 4 junio 2009, asunto que versaba sobre los aspectos íntimos de la vida privada del presidente austríaco; véase igualmente Sentencia Von Hannover contra Alemania, núm. 59320/2000, ap. 64, TEDH 2004-VI) o su honorabilidad personal, y que no contenían un ataque personal gratuito contra su persona (véase, a contrario, Sentencia Pakdemirli, previamente citada, ap. 46). Señala también que para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las declaraciones del demandante se realizaron en un ámbito de carácter público y político, ajeno al <> (apartado 14 supra). El Tribunal señala, por otra parte, que tales declaraciones tampoco cuestionaban la manera en la que el Rey desempeñaba sus funciones oficiales en un ámbito concreto, ni le atribuían ninguna responsabilidad individual en la comisión de un delito concreto. Las expresiones empleadas por el demandante se referían únicamente a la responsabilidad institucional del Rey como jefe y símbolo del aparato del Estado y de las fuerzas que, según las declaraciones del demandante, habían torturado a los responsables del periódico Egunkaria.
58. Por último, en relación con la sanción, si bien es plenamente legítimo que las instituciones del Estado estén amparadas por las autoridades competentes en su condición de garantes del orden público institucional, la posición dominante que tales instituciones ocupan requiere que las autoridades sean moderadas en el uso de la vía penal (véase, mutatis mutandis, Sentencia Castells, previamente citada, ap. 46; véase igualmente los trabajos del Consejo de Europa, apartados 30 y 31 supra). A este respecto, el Tribunal señala que la naturaleza y severidad de las penas impuestas son también elementos a considerar cuando se trata de medir la <> de la injerencia. Repara en la especial severidad de la sanción pronunciada: el demandante fue condenado a una pena de un año de prisión. Su condena penal le valió asimismo la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, siendo como era un político.
59. El Tribunal ha considerado ya que si bien la fijación de las penas compete, en principio, a los tribunales internos, la imposición de una pena de prisión por una infracción cometida en el ámbito del discurso político solo es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio en circunstancias excepcionales, especialmente cuando se han lesionado gravemente otros derechos fundamentales, como en el supuesto, por ejemplo, de que se difunda un discurso de odio o de incitación a la violencia (Sentencias Bingöl contra Turquía, núm. 36141/2004, ap. 41, 22 junio 2010; mutatis mutandis, Cumpănă y Mazăre contra Rumanía [GS], núm. 33348/1996, ap. 115, TEDH 2004-XI). A este respecto, remite a la orientación dada a los trabajos del Comité de Ministros y de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Estado sobre las penas de prisión en materia de discurso político (apartados 30 y 31 supra).
60. En las circunstancias del presente caso, en las que las declaraciones en litigio se realizaron en el ámbito de un debate sobre una cuestión que presentaba un interés público legítimo, no consta justificación de la imposición de una pena de prisión. Por su propia naturaleza, tal sanción produce inevitablemente un efecto disuasorio, pese al hecho de que se suspendiera la pena del demandante. Si bien dicha medida pudo aliviar la situación del interesado, no eliminó su condena ni las consecuencias duraderas de cualquier inscripción de antecedentes penales (véase, mutatis mutandis, Sentencias Artun y Güvener, previamente citada, ap. 33, y Martchenko contra Ucrania, núm. 4063/2004, ap. 52, 19 febrero 2009).
61. A la vista de lo que precede, suponiendo incluso que los motivos invocados por los tribunales internos se consideren pertinentes, no son suficientes para demostrar que la injerencia denunciada era <>. Pese al margen de apreciación de las autoridades internas, el Tribunal estima que la condena del demandante no guarda proporción con el fin perseguido.
62. En consecuencia, ha habido violación del artículo 10 del Convenio.

II. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 10 DEL CONVENIO

63. El demandante se considera víctima de una discriminación basada en sus opiniones políticas y en su función de portavoz del movimiento independentista vasco. Invoca el artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 10. El artículo 14 dispone:
Artículo 14
<< El goce de los derechos y libertades reconocidos en el (…) Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. >>
64. El Tribunal señala que esta queja está relacionada con la examinada anteriormente y, en consecuencia, debe declararse admisible.
65. Habida cuenta de la constatación relativa al artículo 10 del Convenio (apartado 62 supra), el Tribunal estima que no procede examinar separadamente la queja formulada en el terreno del artículo 14 en conexión con el artículo 10 (véase, entre otras, Sentencia Bingöl, previamente citada, ap. 44).
III. APLICACION DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO
66. A tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Convenio:
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa».
A. Perjuicio material
67. El demandante reclama 78.586 euros (EUR) por el perjuicio material sufrido. Sostiene que este importe corresponde a las pérdidas sufridas efectivamente como consecuencia directa de la violación alegada, concretamente la pérdida de la asignación parlamentaria como miembro del Parlamento vasco en razón de su encarcelación del 8 de junio de 2007 al 30 de agosto de 2008.
68. El Gobierno se opone a esta pretensión.
69. No percibiendo ningún nexo causal entre la violación constatada y el perjuicio material alegado, el Tribunal desestima esta pretensión.
B. Daño moral
70. El demandante reclama 30.000 EUR por el daño moral sufrido.
71. El Tribunal estima que, en razón de la violación constatada, el demandante ha sufrido un daño moral que no puede reparar la mera constatación de violación que formula. Resolviendo en equidad, como exige el artículo 41 del Convenio, concede al demandante 20.000 EUR en concepto de daño moral.
C. Gastos y costas
73. El demandante solicita igualmente 3.000 EUR por los gastos y costas satisfechos ante el Tribunal.
74. El Gobierno se opone a esta pretensión.
75. En el presente caso y habida cuenta de los documentos que obran en su poder y de su jurisprudencia, el Tribunal estima razonable la cantidad de 3.000 EUR por el procedimiento ante el Tribunal, y la concede al demandante.
D. Intereses de demora
76. El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD

1. Declara admisible la demanda;

2. Declara que ha habido violacióndel artículo 10 del Convenio;

3. Declara que no procede examinar la queja relativa al artículo 14 del Convenio;

4. Declara

a) Que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo de tres meses, a partir de que la sentencia sea definitiva, de conformidad con el artículo 44.2 del Convenio, las sumas siguientes:

i. 20.000 EUR (veinte mil euros) en concepto de daño moral;
ii. 3.000 EUR (tres mil euros) en concepto de gastos y costas;
iii. Las cargas fiscales correspondientes;

b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;

5. Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.

Hecha en francés y notificada por escrito el 15 de marzo de 2011, conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Josep Casadevall, Presidente – Santiago Quesada, Secretario.

¹ Comunicación núm. 212/2002, CAT/C/34/D/212/2002.

 

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