Sentencia núm. 257/2016 Tribunal Supremo Madrid (Sección 1) 01-04-2016

Argumenta la parte que en el «factum» de la sentencia recurrida se afirma que » ambos (acusados) puestos de común acuerdo, conscientes del origen ilícito de los fondos recibidos del Sr. Octavio -sin que conste sin embargo fehacientemente acreditado que conocían que procedían del tráfico de sustancias estupefacientes- llevaron a cabo las siguientes operaciones utilizando para ello una ficticia actividad comercial de la empresa Mandarin Fast Food Services SL… »

Y remarcando los aspectos subjetivos de la premisa fáctica, señala la defensa que en el fundamento primero de la sentencia impugnada vuelve a reiterar la Audiencia la mera procedencia de «ilícito comercio» del dinero que transferían al extranjero los acusados. Pues al final del referido fundamento el Tribunal sentenciador descarta «que los acusados tuvieran pleno conocimiento de que el dinero que receptaban y transferían procedía del tráfico de drogas, aunque no resulta muy difícil inferir que cuando menos podían albergar fundadas sospechas. De ahí – acaba diciendo la Audiencia – que se deba aplicar al caso el tipo penal básico por ser la procedencia lucrativa de ilícito comercio «.

Arguye el recurrente que en la sentencia se reitera que el dinero tenía una procedencia ilícita pero sin consignar en ningún momento que fuera delictiva. Es más, se descarta que los acusados supieran que procedía del tráfico de drogas y no se hace referencia a ninguna otra clase de delito.

2. A tenor de la redacción y argumentación de la sentencia de instancia, le asiste la razón a la parte recurrente. En efecto, la Audiencia afirma tanto en el «factum» de la resolución recurrida como en la fundamentación que los acusados eran conscientes de que el dinero que transferían era de «origen ilícito», y también se dice en la motivación su procedencia de actos de «ilícito comercio», pero en ningún momento se expresa que procediera de una «actividad delictiva» conocida por los acusados.

Es más, al excluirse que los acusados supieran que procedía del tráfico de drogas la Sala de instancia genera una incertidumbre fáctica difícil de solventar, pues, una vez excluido el conocimiento de que el dinero procedía del tráfico de drogas, carecemos de otros indicios relativos a ninguna otra actividad delictiva que pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales. A lo que ha de sumarse que el Tribunal rehúye en los argumentos nucleares de la sentencia hablar del conocimiento de la procedencia de «actividad delictiva», limitándose en todo momento a utilizar la expresión «origen ilícito» e «ilícito comercio».

El supuesto que se examina es sustancialmente igual que el contemplado en la sentencia de esta Sala 1199/2005, de 24 de octubre (RJ 2005, 8282) . En esta resolución se dirimió un recurso de casación de un sujeto condenado en los años 1992 y 1995 por delitos de tráfico de drogas, que adquirió, entre los años 1999 y 2001 dólares americanos a cambio de pesetas en la entidad Caja de Madrid, así como en la agencia de cambios denominada «M., S.A.», por un importe total de 405.560.055 ptas. La actividad descrita la realizó de común acuerdo con otra persona de identidad desconocida y a sabiendas de que el dinero empleado para la compra de divisas procedía de «negocios ilícitos». La Audiencia lo condenó como autor de un delito de blanqueo de capitales, previsto en el art. 301 del C. Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , a 4 años de prisión.

La Sala de casación estimó el recurso y lo absolvió del delito, argumentando que » no basta afirmar su origen en ‘negocios ilícitos’, sino concretar que vienen de algún ‘delito grave’, que habrá que precisar en la correspondiente resolución condenatoria, lo que aquí no se hace «.

Ello es también lo que sucede en el supuesto que ahora se examina, pues aquí también se dice en los hechos probados y en la fundamentación de la sentencia que el dinero que utilizaron los acusados tenía un «origen ilícito» o procedía de actos de «ilícito comercio», pero sin concretar que estos actos fueran delictivos, ya que los únicos indicios que aparecen en la causa se relacionan con el tráfico de drogas y en la sentencia se descarta que los acusados tuvieran conocimiento de que el dinero estaba relacionado con hechos delictivos de esa índole.

El método que utiliza la Audiencia para condenar por la modalidad básica del delito de blanqueo no puede asumirse, dado que, ante lo que considera falta de prueba del conocimiento de los acusados de que el dinero blanqueado procede del tráfico de drogas, pretende rellenar el vacío cognoscitivo con la aplicación del tipo básico del delito del art. 301 del C. Penal , convirtiendo así la falta de conocimiento del delito concreto en un conocimiento de una actividad ilícita indeterminada e inespecífica que no se vincula con ninguna clase de delito. De modo que, tras descartar el conocimiento del único delito con respecto al que concurren indicios de la procedencia delictiva del dinero y afirmar que sólo concurren sobre ello sospechas, considera que la mera referencia a una actividad de «ilícito comercio» es suficiente para cubrir las exigencias del tipo penal, como si el simple vacío fáctico o la mera conjetura genérica sobre una actividad ilícita incierta pudiera cumplimentar los requisitos que impone el precepto penal.

A este respecto, conviene citar la sentencia de esta Sala 960/2008, de 26 de diciembre (RJ 2009, 1378) , en la que se afirma para justificar una condena por el delito de blanqueo por imprudencia grave que las circunstancias que se daban en el caso permiten sustentar que el acusado titular de las cuentas bancarias «tenía un conocimiento abstracto del origen ilícito de esos fondos, al que se refiere los hechos que se declaran probados, y estaba en condiciones de haber alcanzado un conocimiento más concreto si hubiera observado las más elementales cautelas -imprudencia grave- que le eran exigibles, especialmente en quien, además, tenía buenos conocimientos económicos, causando con su conducta la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquellos procedían».

De modo que, según la precitada sentencia, el «carácter abstracto» de su conocimiento posibilitó una condena por delito imprudente pero no por delito doloso dada la ausencia de concreción de la actividad delictiva previa al blanqueo cuyo conocimiento impone el tipo penal.

Y en igual sentido procede también citar la sentencia 1076/2006, de 27 de octubre (RJ 2006, 6737) , en la que se dice que «es necesario que figure en el relato histórico que el acusado conociera que el dinero transformado procediera precisamente del tráfico de drogas; en caso contrario, procede su absolución, como se deduce de la doctrina resultante de la STS 1199/2005, de 24 de octubre (RJ 2005, 8282) , y es aplicable a este recurrente por falta de mención expresa de tal requisito, pues únicamente consta la operación de transporte de dinero» ( STS 1076/2006, de 27-10 (RJ 2006, 6737) ).

Por lo tanto, tampoco en ese caso opta esta Sala por acudir al tipo básico del art. 301 al no constar prueba acreditativa del dolo correspondiente al subtipo agravado, sino que, ante la falta de conocimiento de otra actividad delictiva a la que atribuir la conducta previa al blanqueo, dicta una sentencia absolutoria.

3. Cuestión totalmente distinta es la de si, a tenor de la prueba de cargo indiciaria con que contó la Audiencia, estamos ante un supuesto en que concurría base probatoria suficiente para aplicar el subtipo agravado, que es la tesis que ha sostenido el Ministerio Fiscal en el curso del juicio, habida cuenta que la Sala de instancia contó con varios datos indiciarios que apuntaban con una significativa consistencia a que el recurrente era muy probable que conociera no sólo que el dinero tenía una procedencia ilícita, sino que estaba relacionada con el tráfico de drogas.

En esa dirección incriminatoria figura el hecho de que durante un periodo de ocho meses hubiera el recurrente entregado en el despacho del otro acusado una importantísima suma de dinero, que éste remitió en 30 transferencias bancarias a diferentes países extracomunitarios, transferencias que superan los dos millones y medio de euros.

Ambos recurrentes, según se reseña en los hechos probados de la sentencia impugnada, fueron identificados en una causa seguida en Holanda contra Octavio como personas que colaboraban con él ayudándole a blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas. En esa causa Octavio fue condenado por transportar en un barco procedente de Perú 1,6 toneladas de cocaína hasta Rotterdam.

El trasiego de billetes de 500 euros por parte del acusado Luis Angel al despacho profesional del abogado del coacusado Artemio ha quedado evidenciado, entre otras pruebas, por la declaración testifical del administrativo del despacho llamado Evelio , quien declaró que el dinero lo traía al despacho el acusado Luis Angel en billetes de 500 cuando menos una vez a la semana.

Por lo demás, también es claro que no consta ninguna documentación mercantil que acredite el origen de ese dinero ni tampoco que justifique las transferencias bancarias a países extracomunitarios. Sin olvidar tampoco que la empresa que utilizaban los acusados para transferir ese dinero, Mandarín Fast Food Service S.L., carecía de contabilidad.

A todos estos datos ha de sumarse que el recurrente Luis Angel , que fue quien convenció al otro acusado para que ejecutara los actos de blanqueo desde España a terceros países, había tenido relaciones de negocios con el empresario Octavio , que fue la persona condenada en Holanda. Así lo admite Luis Angel en el plenario y en su propio escrito de recurso, cuando alega que lo conoció con motivo de intentar venderle un terreno ubicado en Perú propiedad del acusado. Alegó también que tuvo contactos con aquél en la Feria Alimentaria de París, donde el acusado no sólo le ofertó el terreno sino que también puso a su disposición sus buenos contactos comerciales en España para promocionar las empresas de fruta de Octavio , que era la mercancía que traía el barco con cocaína interceptado en Rotterdam.

Por consiguiente, el acusado Luis Angel , que había vivido varios años en Perú, tuvo contactos con el traficante de drogas Octavio , empresario de frutas que transportaba la mercancía desde Perú a Europa, relacionándose con él en París, donde, aparte de las relaciones comerciales que mantuvieron, convino con él blanquearle su dinero desde España mediante un bufete jurídico que transfiriera el dinero obtenido en Europa a países extracomunitarios.

El dinero lo recoge en billetes de 500 el acusado y lo entrega al abogado en su despacho jurídico. Además se trata de un «blanqueo» de un capital de cuando menos dos millones y medio de euros (cuantía de las transferencias). El recurrente sabe que es un dinero ilícito obtenido por un sujeto que tiene empresas en Perú, país que conoce en profundidad Luis Angel , que es sabedor también de los transportes de mercancía en barco que hace aquél a Europa. Mantuvo con él además contactos comerciales relacionados con un terreno ubicado en Perú y con la importación de frutas a España. Por lo demás, es de conocimiento común el tráfico de cocaína desde Sudamérica al continente europeo, conocimiento que no podía faltarles a dos acusados letrados de profesión, uno de ellos experto jurídico en transacciones mercantiles internacionales.

Como se puede apreciar, son varios los indicios que concuerdan y convergen con notable naturalidad y logicidad hacia el conocimiento de que el dinero que se dedicaba a blanquear el acusado procedía del tráfico de cocaína. No obstante, el Tribunal sentenciador, que fue el que practicó la prueba de la vista oral del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción y oralidad, y que estaba por tanto en condiciones más idóneas para percibir la certeza de los hechos, consideró que no eran suficientes para constatar el dolo eventual del recurrente sobre la procedencia del dinero del tráfico de drogas.

Por lo cual, el tribunal derivó sus convicciones probatorias al ámbito del conocimiento de «negocios de origen ilícito» y de «ilícito comercio», expresiones que semánticamente quedan fuera del sintagma «actividad delictiva», ya que su amplitud de significación abarca conductas que, siendo ilícitas, es factible que no sean punibles, posibilidad que nos ubica ante hipótesis fácticas alternativas que quedan fuera del marco de tipicidad previsto en el art. 301 del C. Penal . Ello fue también lo que, a fin de cuentas, aconteció en el supuesto examinado en la sentencia de esta Sala antes reseñada 1199/2005, de 24 de octubre , que determinó un fallo absolutorio en esta instancia.

Como es de sobra sabido, este Tribunal tampoco podría alterar la convicción probatoria del Tribunal sentenciador en lo que se refiere al sustrato fáctico del dolo, a tenor de la numerosa doctrina tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que veda la posibilidad de alterar en una segunda instancia los hechos probados sin que se haya escuchado al acusado y practicado las pruebas personales que han contribuido a formar la convicción probatoria del Tribunal de instancia. No vamos a examinar el contenido de esta Jurisprudencia dada su reiterada aplicación por esta Sala en repetidas y archiconocidas sentencias ( SSTS 998/2011, de 29 de septiembre (RJ 2011, 6732) ; 1052/2011, de 5 de octubre (RJ 2011, 6861) ; 1106/2011, de 20 de octubre ; 1215/2011, de 15 de noviembre (RJ 2011, 7288) ; 1223/2011, de 18 de noviembre (RJ 2012, 764) ; 698/2011, de 22 de junio (RJ 2011, 5035) ; 1423/2011, de 29 de diciembre (RJ 2012, 1114) ; 164/2012, de 3 de marzo (RJ 2012, 3788) ; 325/2012, de 3 de mayo (RJ 2012, 5982) ; 670/2012, de 19 de julio (RJ 2012, 8862) ; 757/2012, de 11 de octubre (RJ 2012, 9860) y 474/2013, de 24 de mayo (RJ 2013, 4415) , entre otras muchas).

4. Al descartarse la posibilidad de la condena del delito doloso apreciado por la Audiencia debido a que nos hemos quedado sin una actividad delictiva previa al blanqueo que pueda ser objeto del dolo exigible en el art. 301.1 del C. Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , cabría plantearse la posibilidad de subsumir la conducta en la modalidad imprudente del mismo tipo penal, única forma de que se mantenga el vínculo entre la conducta del blanqueo y el único delito previo que figura en la causa. Con tal tipificación no se corre el riesgo de que se genere una situación de indefensión a la parte recurrente, dado que ella misma examina en su escrito de recurso la posibilidad alternativa de una condena por imprudencia grave, debate que también se suscita en el recurso del otro acusado. Sin embargo, la opción de la modalidad imprudente, como vamos a ver, no resulta factible en este caso.

Los datos indiciarios que se han ido exponiendo y la narración de hechos probados de la resolución recurrida permitirían, respetando la inexistencia de dolo que figura especificada en el «factum», afirmar que el recurrente omitió la diligencia más elemental para dar curso a un dinero de procedencia ilícita sin asegurarse previamente de que la actividad concreta de donde provenía era una de las comprendidas en el ámbito penal. De modo que, respetando la afirmación de la Audiencia sobre el desconocimiento del acusado del hecho de que el dinero procedía del tráfico de drogas, lo cierto es que con una fácil averiguación podría perfectamente constatarlo.

En el tipo penal imprudente del blanqueo, según tiene reiterado la jurisprudencia, no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida ( SSTS 120/2013, de 20-2 (RJ 2013, 2026) ; y 412/2014, de 20-5 (RJ 2014, 2963) ).

La omisión de la diligencia elemental exigible al acusado en este caso para salir de su incertidumbre e ignorancia sería sin duda subsumible en la modalidad de imprudencia grave que castiga el art. 301.3 del C. Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) . Sin embargo, tal calificación punitiva estaría prescrita dado que el tipo imprudente de blanqueo conlleva una pena privativa de libertad cuyo límite superior no supera los dos años de prisión. Y como a esta pena se le asigna en el art. 131 del C. Penal un plazo de prescripción de tres años en la fecha de los hechos (año 2005), este tiempo habría transcurrido en el supuesto que se juzga, al haberse formulado la denuncia e incoado las diligencias previas en enero del año 2009, mientras que el último hecho delictivo que se describe en la sentencia de instancia fue perpetrado en octubre del año 2005.

Una vez descartada la modalidad dolosa e imprudente del art. 301 del C. Penal , es claro que ha de estimarse el primer motivo del recurso y absolverse en la segunda sentencia al acusado, con declaración de oficio de las costas de esta instancia ( art. 901 LECr .), sin necesidad de examinar ya los restantes motivos formulados.

B) Recurso de casación de Artemio

Este acusado formula un primer motivo por la misma vía procesal y valiéndose de los mismos argumentos que el anterior recurrente sobre las consecuencias del desconocimiento de que el dinero blanqueado procedía de una actividad delictiva. Por lo cual, es claro que deben reproducirse los mismos argumentos que se han expuesto en el fundamento precedente con relación al otro recurrente.