Sentencia núm. 179/2016 Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha (Sección 2) 11-02-2016

La doctrina jurisprudencial sobre delimitación del concepto de cesión ilegal de trabajadores y su diferencia con la contrata de obra o servicios se contiene en las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007 , 4 de marzo de 2008 , 20 de octubre de 2014 (RJ 2014, 6135) , rec. 3291/13 y 20 de mayo de 2015 (RJ 2015, 4502) , rec. 179/14 y las numerosas que en ellas se citan.

En la segunda de las sentencias citadas, se señalan, como elementos relevantes para este proceso, las siguientes cuestiones:

«… nuestro ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva (así lo pone de manifiesto elart. 42.1 ET (RCL 1995, 997) ), lo que supone-con carácter general- que la denominada descentralización productiva es lícita, con independencia de las cautelas legales e interpretativas que son necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los trabajadores».

«… mediante la lícita descentralización productiva, la empresa principal puede atribuir a una empresa contratista la realización de una parte de su actividad (siempre que sea suficientemente diferenciada), sin necesidad de que revista cualidad de complementaria o contingente, puesto que también las actividades inherentes al ciclo productivo pueden ser objeto de contrata externa. Pero en la válida «externalización» de la producción, la empresa principal se limita a recibir – con el lógico control- el resultado de la ejecución por la contratista, en la que ésta aporta sus medios personales y materiales, con la consiguiente organización y dirección. Pero en la medida en que esta diferenciación sea inexistente, dependiendo de la principal la organización y control de los trabajadores de la contratista, la contrata se habrá desnaturalizado y trastocado en simple provisión de mano de obra e integrará una cesión ilícita de trabajadores».

«… pese a la defectuosa redacción del artículo 43 del ET (RCL 1995, 997) , que, al regular la cesión, se refiere a la contratación de trabajadores para cederlos, no es necesario que el personal se contrate ya inicialmente con la finalidad de ser cedido; para que haya cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparece en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio».

«… la esencia de la cesión no se centra en que la empresa cedente sea real o ficticia o que tenga o carezca de organización sino que lo relevante -a efectos de la cesión- consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al suministro de la mano de obra a la otra empresa que la utiliza como si fuera propia, de manera que se contempla la cesión ya no como un supuesto de interposición de mano de obra entre empresas ficticias como en un primer momento se entendió sino una situación que puede darse entre empresas reales que, sin embargo, no actúan como tales en el desarrollo de la contrata al no implicar en ella su organización y riesgos empresariales».

«… la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas, de manera que el hecho de que la empresa contratista cuente con organización e infraestructura propias no impide la concurrencia de cesión ilícita de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal, no se han puesto en juego esta organización y medios propios, limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio» ( TS 04/03/2008 , ya citada).

Por otra parte, en relación con el sector productivo agrícola, en el que se produce la situación ahora enjuiciada, esta Sala ( sentencias nº 221/2011, de 24 de febrero (PROV 2011, 143300) , rec. 104/11 y nº 1470/2014 , de 19, rec. 716/14 ) ha mantenido que:

«En definitiva, la incidencia que la externalización de servicios pueda tener en el sector agrícola, debe considerarse con especial cuidado, aportando una interpretación sistemática de tales fenómenos jurídicos, que suponga una correcta comprensión de las peculiaridades de la actividad en cuestión, de forma que no se entorpezca indebidamente el potencial desarrollo de la misma, y del mismo modo no se afecte en modo alguno la protección del interés de los trabajadores concernidos, la cual constituye el objetivo básico de la regulación que nos ocupa.

En el sentido anunciado, la contratación de servicios para la realización de ciertas tareas debe ser tan posible en este sector productivo como en cualquier otro. Y para ello resulta imprescindible tener muy en cuenta tanto las peculiaridades de los trabajos a realizar, como las derivadas de las costumbres y prácticas del sector, así como las impuestas por la normal vinculación a la propiedad de la tierra de ciertos elementos productivos materiales…». ( sentencia nº 221/2011, de 24 de febrero (PROV 2011, 143300) , rec. 104/11 , ya citada).

Por ello, debemos insistir en que la actividad agrícola debe ser susceptible como cualquier otra de recabar apoyos externos cuando ello sea preciso para la eficaz y puntual realización de los trabajos, y que contar con equipos adecuados y suficientes en número de trabajadores para tareas puntuales y no permanentes, cuando su detección y selección puede ser problemática, implica un interés empresarial digno y serio que debe considerarse necesariamente junto con el resto de factores para calificar la situación (para casos similares, sentencias de esta Sala nº 1849/2010, de 20 de diciembre (AS 2011, 209) , rec. 1384/10 ; nº 1224/2011, de 11 de noviembre, rec. 130/11 ; nº 811/2012, de 6 de julio (PROV 2012, 275274) , rec. 735/12 y 384/2014, de 21 de marzo (PROV 2014, 122184) , rec. 1390/13 ).

En el presente caso, tal como se desprende del inalterado relato fáctico de la sentencia, la entidad demandada Cultivo y Manipulación de Ajos S.L. suscribió contrato de arrendamiento de servicios con la entidad AS&Sol Asesoramiento Integral S.L.U., con la finalidad de que ésta procediera al arranque de los brotes de los ajos (denominados comúnmente porrines) en la finca de su propiedad denominada » CASA000 » ubicada en Barrax (AB), acordándose que como contraprestación la segunda empresa se quedaría con los porrines para su posterior comercialización (comercialización que se lleva a cabo por la entidad Conservas Vis, S.A. de Azagra, Navarra, en virtud del correspondiente contrato de adquisición de tal producto) y siendo responsabilidad de la empresa arrendataria todas las obligaciones de naturaleza laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social respecto de sus trabajadores empleados para tal cometido.

Sin embargo, en el acta de infracción de fecha 12/09/2013 se aprecia la eventual existencia de cesión ilegal de trabajadores por considerar que la empresa arrendataria, sin maquinaria ni organización empresarial, se limita a la puesta disposición de mano de obra a la empresa principal, para la realización de las tareas antes mencionadas, sin efectuarse mayor precisión. Sin embargo, ha de traerse nuevamente a colación los razonamientos que ya se expusieron en la sentencia de esta Sala, antes citada () sentencia nº 221/2011, de 24 de febrero (PROV 2011, 143300) , rec. 104/11 ) sobre este particular:

«… para dilucidar tales extremos aún debe llamarse la atención sobre la evidente diferenciación de trato que deben merecer actividades complejas que requieren de infraestructuras de dimensión relevante o maquinaria de cierta entidad, de aquellas otras en las que las tareas a desarrollar se agotan en gran medida con la mera realización del trabajo en cuestión. Tal ocurre en el caso que nos ocupa, en el que el servicio contratado se refiere a la realización de tareas agrícolas sencillas pero que requieren de pericia y esmero, como ocurre con la poda, el injerto o la recogida de frutas, para las cuales por cierto constituye costumbre notoriamente conocida que los propios trabajadores porten sus propios útiles de trabajo. En cuanto al resto de materiales, resulta ciertamente secundario para el caso que sean aportados por la cedente o por la cesionaria. Ello es así porque el más pequeño, como cuerdas o bolsas, se aporta por la cesionaria en función de las previsiones de producción, que obviamente son conocidas en mejor medida por la propietaria de las fincas. Mientras que el material menos ordinario se adquiere por el encargado de la cedente en beneficio de la cesionaria, y es ésta última la que proporciona ocasionalmente los tractores o remolques precisos en la recogida de frutos. Pero no puede dejar de valorarse que en el sector agrícola tales elementos móviles y menos frecuentes, se vinculan normalmente a la propiedad de la tierra y no a la prestación del servicio, que puede realizarse directamente por la indicada propiedad o externalizarse».

En el presente caso, la labor realizada en la finca de arranque de los porrines (tallo largo que sale del bulbo de la planta del ajo) no precisa de ninguna herramienta parra llevarla a cabo puesto que se hace a mano, ni precisa de mayor organización que la necesaria para la retirada del producto en pequeñas gavillas.

En suma, en el presente caso no existen elementos de juicio suficientes para concluir que exista una situación constitutiva de cesión ilegal de trabajadores, y al haberlo apreciado así la juzgadora de instancia, procede la desestimación del recurso presentado y la confirmación de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIER NO EN ALBACETE contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de Albacete de fecha 30-12-2014 en virtud de demanda formulada contra CULTIVO Y MANIPULACIÓN DE AJOS, S.L., Agapito , Elias Y Landelino en reclamación por DERECHOS FUNDAMENTALES, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia y sin expresa condena en costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (RCL 2011, 1845) . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 00493569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si es posible, el NIF/CIF, así como el beneficiario (Sala de lo Social) y el concepto (cuenta expediente) 0044 0000 66 0480 15, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha dieciséis de Febrero de dos mil quince . Doy fe.