Sentencia núm. 180/2016 Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha (Sección 1) 11-02-2016

1.- La cuestión que se suscita en el presente conflicto se circunscribe a determinar si, en aplicación del precepto del convenio antes mencionado, tienen o no derecho los trabajadores afectados a seguir cobrando el plus de ruido que dejaron de percibir en enero de 2012.

Como antecedentes de hecho necesarios para la adecuada resolución del caso ha de consignarse que la mayoría de los puestos de trabajo de producción donde prestan servicios los trabajadores afectados presentan un nivel de ruido igual o superior a 80 dbA, sin que sea posible técnicamente eliminar las condiciones acústicas para conseguir alcanzar un nivel inferior al señalado. Los trabajadores expuestos a un nivel de ruido superior a 80 dbA utilizan los equipos de protección individual facilitados por la empresa, que reducen dicho nivel de ruido por debajo de los 80 dbA (hecho probado séptimo).

Respecto de los criterios interpretativos de los convenios colectivos, la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013 (RJ 2013, 6104) , rec. 102 /2012 , 8 de julio de 2015 (RJ 2015, 4498) , rec. 248/14 y las que en ella se citan) tiene establecido que: » Así mismo, conviene tener presente la doctrina de esta Sala sobre la interpretación de los Convenios Colectivos, doctrina reproducida, entre otras, en nuestras sentencias de 23 de septiembre y 11 de noviembre de 2010 (RJ 2010, 8831) , rec. 206/2009 y 23/2010 ; y 22 de enero de 2013, rec. 60/2012 , diciendo: «Recordábamos en la STS de 15 de abril de 2010 (RJ 2010, 2698) (rec. 52/09 ) que el primer canon hermenéutico en la exégesis del convenio colectivo es el sentido propio de sus palabras -la literalidad de sus cláusulas- ( arts. 3.1 y 1281 del Código Civil (LEG 1889, 27) ).- No obstante, «la interpretación de la normas contenidas en los convenios colectivos ha de combinar los criterios de orden lógico, finalístico, gramatical e histórico, junto con el principal de atender a la intención de los contratantes, pues la prevalencia del componente gramatical, en tanto que expresivo -en principio- de la voluntad de las partes, ha de ceder ante interpretaciones lógicas que pongan de manifiesto la discordancia entre la literalidad y la presumible voluntad de los pactantes» (así, STS de 27 de enero de 2009 (RJ 2009, 1212) -rec. 2407/2007 – que cita sentencias anteriores)».

En todo caso, las disposiciones del convenio colectivo han de sujetarse a las disposiciones legales y reglamentarias que las desarrollan, en cuanto a la regulación de las materias que les son propias ( art. 86.1 en relación con el art. 3.1, ambos del ET (RCL 1995, 997) ).

2.- La legislación sobre la materia viene establecida en la Directiva 2003/10/CE (LCEur 2003, 350) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido), y en la norma de transposición a nuestro país de aquella norma comunitaria concretada en el Real Decreto 286/2006 (RCL 2006, 532, 548 y 614) .

La interpretación de tales normas ha sido llevada a cabo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de fecha 19 de mayo de 2011, (asuntos acumulados C-256/10 y C-261/10) (TJCE 2011, 143) y por el Tribunal Supremo, en sentencias de fecha Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2009 (3 sentencias), rec. 556/09 , 558/09 (RJ 2010, 444) y 559/09 ; 30 de noviembre de 2011, rec. 2743/2010 (RJ 2012, 3381) ; y 28 de marzo de 2012, rec. 3204/11, de las cuales puede extraerse las siguientes conclusiones:

«Hay que tener en cuenta que la norma, de acuerdo con su finalidad preventiva exige medir los niveles de ruido del puesto de trabajo sin protector con la finalidad de conocer cuáles son las necesidades de protección, y sólo exige calcular el nivel de ruido cuando éste supera los 90 decibelios porque a partir de aquí el riesgo es tan elevado que lo que procede es la paralización del trabajo. En este sentido, el artículo 5.2 del Real Decreto 286/2006precisa que la finalidad de la norma es proteger al trabajador frente a » la exposición real al ruido «. Por ello, se concluye que: 1 º) La penosidad por ruido sólo puede afirmarse existente cuando » el ruido que llega al oído » del trabajador alcanza los 80 decibelios de media, y, por lo tanto, que cuando se le han facilitado cascos de protección y con ellos se rebaja ese nivel de ruido no puede hablarse de penosidad y 2º) de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1299/2006 (RCL 2006, 2248), debe considerarse excepcionalmente penoso todo nivel de ruido que sea igual o superior a 80 decibelios, en cuanto nivel susceptible de producir una enfermedad profesional, pero también para ello ha de tenerse en cuenta la protección auditiva» ( TS 28/03/2012 , ya citada)

» En definitiva, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Comunitario no solo no resolvió la cuestión planteada en el procedimiento que aquí nos ocupa, sino que de forma expresa mantuvo que por el solo hecho de estar sujeto un trabajador a un determinado nivel de ruido no tiene derecho a percibir un complemento salarial por ello, sin perjuicio de las posibles acciones que quepa actuar para evitar que el ruido se produzca , y que son las adecuadas para evitarlo, atajando con ello el efecto pernicioso que a nivel de prevención puede suponer que los trabajadores puedan conformarse con un incremento salarial en lugar de exigir las medidas adecuadas para proteger su salud, contraviniendo la finalidad de la Directiva. Con ello el indicado Tribunal no solo no avala una reclamación salarial fundada en el efecto ruido, sino que está indicando claramente lo que hay que hacer en estos casos, saliendo al paso de alguna manera de la muy poco edificante tradición española de pretender eliminar el ruido con dinero traducido en salario » ( TS 30/11/2011 (RJ 2012, 3381) , ya citada).

3.- El art. 57 c) del convenio colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas (RCL 2013, 129) (BOE 30/01/2013) dentro de la regulación del «Plus de penosidad», establece el denominado «Plus de ruido» en los siguientes términos:

«c) Plus ruido. A partir del 1 de enero de 2005, las empresas tendrán un plazo de seis meses a fin de planificar y ejecutar medidas preventivas de anulación o reducción de los focos de ruido a niveles no nocivos para la salud, pudiéndose ampliar dicho plazo de acuerdo con la representación legal de los trabajadores en cada empresa.

Transcurrido este plazo sin haber adoptado medidas preventivas o éstas sean técnicamente imposibles, las empresas estarán obligadas a abonar el plus a aquellos trabajadores que presten sus servicios por tiempo superior a una hora y durante el tiempo efectivamente trabajado en los puestos de trabajo en los que el ruido medio durante todo el tiempo efectivo de la jornada laboral sea de 80 dbA o superior.

Los requisitos a cumplir para el abono del citado plus serán los siguientes:

1) Que no fuese técnicamente posible eliminar las condiciones acústicas para conseguir alcanzar menos de 80 dbA.

2) Que, dándose la circunstancia anterior el trabajador que preste sus servicios en el puesto sometido a 80 dbA o más, utilice la protección auditiva de manera efectiva y permanente durante su tiempo de trabajo, para evitar los efectos del ruido que no han podido ser eliminados.

3) Que el trabajador preste sus servicios durante una hora o más en un puesto de trabajo cuyo nivel de ruido sea de 80 dbA o más.

Si no hubiese conformidad entre las empresas y los representantes de los trabajadores para determinar los puestos de trabajo que lleguen a los 80 dbA o si son técnicamente posibles las mejoras para llegar al mencionado límite, las partes se someterán al dictamen de un Organismo de Control Acreditado (OCA) especializado en acústica, al de un Servicio de Prevención Ajeno o al de los Servicios de Higiene Industrial de la CC AA respectiva.

Si por cualquier mejora de las instalaciones o maquinaria, utilización de medios técnicos de protección no individuales o procedimientos desaparecieran las condiciones de exposición a un nivel de ruido medio menor de 80 dbA, se dejará de abonar el citado plus, por lo que éste no tendrá carácter consolidable. Asimismo, si la legislación española modificase al alza el nivel de ruido por encima de 80 dbA, las referencias que se establecen a este nivel en este Convenio quedarán modificadas automáticamente.

Las mediciones de ruido tendrán validez mientras no haya un cambio sustancial en la maquinaria e instalaciones que supongan variaciones importantes en la exposición al nivel de ruido, y, en todo caso, al menos durante tres años de duración si el nivel de exposición está entre 80 y 85 dbA y de un año a partir de 85 dbA.

Con independencia de lo anterior, se establece la obligatoriedad para el trabajador de la utilización de los equipos de protección individual (EPIs) que sean facilitados por la Empresa en los puestos de trabajo con una exposición a un nivel de ruido medio superior a 80dbA, y su incumplimiento podrá ser causa de la correspondiente medida disciplinaria».

Sobre la interpretación de tal precepto, esta Sala y Sección 2ª ya se ha pronunciado en su sentencia nº 446/2013, de 8 de abril (PROV 2013, 191056) , recurso 1822/12 y a dicho criterio ha de estarse por elementales razones de seguridad jurídica (aunque posteriormente la Sección 1ª de esta misma Sala mantuviera una solución contraria en su sentencia nº 636/2013, de 14 de mayo (PROV 2013, 319147) , rec. 1823/12 , que se limita a copiar una de las sentencias del Tribunal Supremo antes citadas, sin ofrecer mayor comentario o razonamiento sobre el sentido del fallo adoptado).

En ese sentido, como con anterioridad se ha dicho, en la empresa a la que se circunscribe el conflicto no es posible técnicamente eliminar las condiciones acústicas que producen un nivel de ruido superior a los 80 dbA. Por tal razón la empresa ha dotado a los trabajadores afectados de la correspondiente protección auditiva de suerte que el nivel de ruido soportado por aquellos es inferior a los 80 dbA.

Como consecuencia de ello, y en aplicación de la normativa reguladora de la materia y su interpretación jurisprudencial, puede concluirse que la interpretación que ha de darse al art. 57 c) del Convenio colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas (RCL 2013, 129) es la de que únicamente se tendrá derecho a la percepción del plus de ruido cuando el nivel sonoro soportado por el trabajador, utilizando la correspondiente protección individual, supere el nivel de los 80 dbA, que es lo que integraría la realización de una actividad laboral de mayor penosidad y justificaría la mayor retribución económica. Como esto último no ocurre, ha de desestimarse la demanda formulada con absolución de la entidad demandada, sin expresa declaración sobre costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Celedonio García Sánchez en nombre y representación de INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO, SA, contra la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Toledo , en los autos nº 2.209/12, seguidos ante el mismo sobre Conflicto Colectivo, siendo parte recurrida Javier , COMISIONES OBRERAS Y UNION GENERAL DE TRABAJADORES y revocando la expresada resolución, debemos absolver y absolvemos a la entidad demandada de la pretensión ejercitada en su contra, sin expresa declaración sobre costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (RCL 2011, 1845) . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 00493569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si es posible, el NIF/CIF, así como el beneficiario (Sala de lo Social) y el concepto (cuenta expediente) 0044 0000 66 0586 15, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis . Doy fe.