Sentencia núm. Tribunal Supremo Madrid (Sección 1) 13-02-2015

En tal pauta, una vez mas, hemos de recordar que el derecho a la presunción de inocencia, reconocido a todos en el artículo 24.2 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , implica la instauración, de una verdad interina de inocencia que, por su naturaleza «iuris tantum», puede ser desvirtuada por la prueba que se practique ante el juzgador, siempre que la misma sea constitucionalmente legítima y tenga sentido de cargo; pues la proclamación del citado derecho, al más alto nivel normativo, no desapodera a los tribunales de la facultad de valorar libremente y en conciencia la actividad probatoria ante ellos desarrollada.

Igualmente, hemos de reiterar que la valoración de la prueba es función que compete al juzgador, singularmente al de instancia; quien ha de aplicar su criterio valorativo desde la racionalidad y lógica en su apreciación. Al Tribunal de casación, como es sabido, le alcanza básicamente la función revisora de dicha actividad valorativa, en aras de aquilatar que en ella no ha incidido la arbitrariedad o alejamiento de la lógica y máximas de experiencia.

Atendidas precedentes consideraciones y proyectadas sobre el caso concreto, es de observar que como elementos de convicción el Tribunal sentenciador cita, tan solo, la orden de proceder y el parte emitido por el alférez Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana. En su relación, debe anotarse que el parte cursado por el mando observador de los hechos, ciertamente puede constituir prueba de cargo a los efectos de destruir la presunción de inocencia, si cumple los requisitos de verosimilitud, persistencia en la incriminación y, sobre todo, ausencia de circunstancias que hagan dudar razonablemente de la veracidad de su contenido. Decayendo su valor probatorio si la veracidad de ese contenido ofrece dudas razonables en atención a las otras pruebas existentes. La sentencia 19/94, de 4 de mayo al respecto indicaba que el parte no tiene otro valor que el de mera denuncia; constituyendo un principio de prueba de los hechos que, en caso de ser negados o discutidos, precisaría de una comprobación adicional. Esta doctrina fue matizada, posteriormente, cuando se tratare del parte dado por el observador de los hechos, en razón a su conocimiento directo. Así, ya en la sentencia 11/94 de 7 de marzo , se reconocía pleno valor probatorio al parte dado al superior, en atención a su corroboración por otras pruebas, e incluso en atención a las circunstancias concurrentes. Y, en la sentencia de 16 de julio de 2001 , se decía que el parte dado por un superior que presenció los hechos, que no esté afectado por vicio alguno que pudiera invalidarlo, y cuyo contenido sea de inequívoco sentido incriminador, es susceptible de ser valorado como prueba, desvirtuadora de la presunción de inocencia, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia. No puede, en consecuencia, descartarse la eficacia probatoria del parte militar sin el examen de todas las circunstancias que concurran porque, todo ello, integra el material probatorio del que se disponga. Finalmente, la sentencia de 14 de octubre de 2.005 (RJ 2005, 7594) , establecía que para que procesalmente pueda desplegar su eficacia probatoria el parte, cuando su contenido sea negado por el presunto infractor, se precisará de una comprobación o corroboración de ese contenido, no solo mediante la testifical de quien produjo dicho parte, sino, y también por medio de las demás pruebas, ya que el parte no es sino un medio de prueba más a valorar, que debe ser contrastado con otros que vengan a confirmar su contenido; ya que, en otro caso puede ser estimado insuficiente en su eficacia para permitir la imputación de un hecho, y servir de soporte fáctico a la atribución de la infracción y, en definitiva a la imposición de la sanción.

En conclusión, como refiere la sentencia de 27 de marzo de 2009 (RJ 2009, 2889) parte no goza de presunción de veracidad y no tiene prevalencia sobre ningún otro medio de prueba. Es apto para desvirtuar la presunción de inocencia, pero sometido siempre, como otro medio probatorio, a un análisis crítico de su fiabilidad. Cualquiera que sea el empleo del militar que lo haya emitido, el análisis es imprescindible para concluir si merece ser atendido, pues la versión que contiene puede no reflejar fielmente lo sucedido, bien por una defectuosa percepción de ello, bien por una mala conservación de lo percibido en la memoria, bien por una desajustada exposición, intencionada o no, de lo percibido y recordado. Y también es sabido que cuando el parte es emitido por el supuesto sujeto pasivo de la acción (o por el autor de una supuesta orden desobedecida, como en el caso ocurre) conviene extremar el rigor en el análisis mediante la valoración de elementos probatorios periféricos por cuanto pueden corroborar o no el contenido del parte.

Examinadas las actuaciones, y a partir de los motivos de recurso enunciados, la conclusión a obtener es que, efectivamente, concurren testimonios de guardias civiles, concurrentes en la conducta imputada: Don Virgilio , Don Jose Enrique y Don Luis Antonio , que niegan la actitud que el dador del parte refiere del expedientado ante su autoridad. Antes bien, afirman que su estado era normal, ni nervioso, ni excitado, ni oyeron golpe alguno.

Desde tal circunstancia, contraria a la tesis del dador del parte, la veracidad de su contenido decae y, por tanto, desaparece el elemento incriminador que sustentaba la imputación, la infracción denunciada y la sanción impuesta, debiendo ser casada y anulada, que de contrario otorgó plena eficacia probatoria al parte determinante de la aludida sentencia.

En consecuencia, debe ser estimado el recurso sin que haya lugar, por ende, a comentario alguno respecto a la posible tipicidad de la conducta denunciada.

.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio (RCL 1987, 1687) .