Sentencia núm. Tribunal Supremo Madrid (Sección 1) 21-05-2015

Por el Abogado del Estado, en el correspondiente trámite, se ha formulado expresa oposición a dicho recurso, interesando la confirmación de la sentencia recurrida, por sus propios fundamentos.

En la pauta resolutoria que se estima procede y atendido el planteamiento del recurso, con reiterada jurisprudencia de esta Sala, por todas Sentencia de 16-4- 2015 (RJ 2015, 1700) , hemos de recordar, en orden a la proporcionalidad, que es doctrina de la Sala, que la misma es función que inicialmente incumbe al legislador que crea los tipos disciplinarios y anuda a éstos las correspondientes sanciones. Y a partir de aquí se trata de producir la adecuada individualización al caso de la respuesta o reacción disciplinaria, en consideración a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor. Correspondiendo a la Administración elegir cual de las correcciones posibles, de entre las legalmente previstas, conviene al caso para que se produzca aquel ajuste por la vía de la individualización, cuyo posterior control de legalidad compete a la Jurisdicción.

Esta Sala tiene declarado que el principio de proporcionalidad, fundamentalmente, impera en el momento creativo del Derecho, y que corresponde al legislador la configuración y tipificación de los comportamientos disciplinariamente reprochables, y las sanciones a éstos aplicables. Debiendo procurar que las penas, o sanciones establecidas, para los delitos o ilícitos disciplinarios, se correspondan con la entidad y gravedad de los tipos previstos. Cuidando con ello que exista obligada proporcionalidad entre los actos y las conductas que se tratan de evitar, y las sanciones con las que se pretende conseguirlo. Principio que adquiere plena vigencia en la aplicación de la norma, al caso concreto, por las autoridades que ejercen potestad sancionadora; siendo particularmente relevante cuando la Ley, como en el supuesto que examinamos, se contemplan sanciones diversas. La elección que, entre ellas, haga la autoridad con potestad disciplinaria para sancionar la falta apreciada, no puede ser arbitraria -lo que contrariaría las más elementales exigencias del Estado de Derecho- sino proporcionada a la naturaleza y gravedad de dicha falta; quedando para el momento de la individualización, la determinación de la extensión de la sanción que, normalmente, tiene su campo de desarrollo en las sanciones susceptibles de ser aplicadas en extensión variable.

Así, aunque la Autoridad disciplinaria pueda elegir entre las distintas sanciones acotadas para la infracción, su elección habrá de ser suficientemente motivada, sin que, como hemos significado, se cumpla tal exigencia con argumentaciones genéricas y abstractas, que no superan la consideración de fórmulas de estilo polivalentes, no ajustadas a la casuística de cada enjuiciamiento y, por consiguiente, no válidas para tener por colmado el juicio de proporcionalidad individualizada. Requiriéndose, un mayor esfuerzo argumentativo, cuando la sanción impuesta es la más grave e irreversible de las previstas.

Ello establecido, en el presente caso la Administración militar sancionadora, a más de resaltar la gravedad y trascendencia que tiene el consumo habitual de drogas en las Fuerzas Armadas, relaciona el consumo de droga que causa grave daño a la salud, cual sea la cocaína, con el carácter de habitualidad en dicho consumo. Debe anotarse, igualmente, que el juicio de proporcionalidad efectivamente incluye circunstancias atinentes a informes de la superioridad y conducta del sancionado, cuyo contenido no queda enervado en esta vía de recurso, a instancias del demandante.

Efectivamente, la resolución sancionadora, recogiendo el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 15 de octubre de 2013, refiere que: «Conforme a las declaraciones e informes de los mandos superiores del cabo 1º Luis Pedro , es cierto que objetivamente no se ha constatado un perjuicio en el servicio, pero sí se han adoptado medidas consistentes en privarle de realizar servicio de armas cuando hubo constancia del consumo, ya que este consiste en servicios de seguridad de 24 horas con un arma encima, y en la actualidad presta sus servicios en la Sección de Obras e Infraestructuras, a los que se une que desde el primer positivo al consumo de cocaína, el citado cabo 1º fue informado y advertido de las consecuencias disciplinarias que ello podría acarrearle, orientándosele sobre la posibilidad de que acudiera a los Servicios sanitarios y psicológicos de la Unidad y del personal formador y mediador en drogodependencia.

Por otra parte, de los IPEC,s obrantes en el procedimiento (folios 62 a 66) realizados en los años de 2006 a 2010, no siendo negativos salvo el de 2009, reflejan que la actitud y conducta del expedientado ha empeorado profesional y personalmente en los últimos meses y que no se ha observado ningún progreso o mejoras pese a que se le han dado oportunidades para ello, debiendo destacarse los informes negativos de su superior directo en la evaluación de 2009, haciendo constar que «el evaluado se negó a realizar un control de PADEA durante el año…» (folio 63) apareciendo también evidencias de consumo de estupefacientes que se remontan al año 2008 (folio 64).

Además el expedientado no sólo no puso remedio a los iniciales consumos sino que ha hecho caso omiso a las advertencias que le hicieron sus mandos intermedios y siguió consumiendo cocaína. A mayor abundamiento resulta que la actitud y aptitud del encartado como militar ha empeorado precisamente a partir de las fechas en que empezó a dar positivo al consumo de cocaína. En definitiva, la conducta del expedientado afecta negativamente al servicio, por lo que no cuenta con la confianza de sus mandos directos. A todo ello se suma la repercusión negativa que en la disciplina e imagen del Ejército tiene el consumo de drogas, habiendo sido apartado a partir del conocimiento del consumo de drogas de la realización de servicios y actividades que requieran el uso de armas, lo que repercute en las actividades diarias de la Unidad, con la consiguiente sobrecarga de trabajo que ello conlleva para el resto del personal (folios 73 a 76).

Los hechos revisten especial gravedad, toda vez que resulta indiscutible la incompatibilidad del consumo de drogas con la situación de actividad de un miembro de las Fuerzas Armadas, no solo por el desprestigio que esta actuación reporta para la Institución militar, sino además porque se contradice con la aptitud psicofísica necesaria para el desempeño de las funciones inherentes a la condición militar, pues no puede olvidarse el peligro que conlleva el consumo de tales sustancias para el manejo de armas, automóviles y otros materiales de carácter militar, y supone una negación de las exigencias éticas de seriedad, integridad y decoro que la dignidad de las Fuerzas Armadas demanda de sus miembros, máxime cuando se ha obtenido el empleo de cabo 1º y el carácter de militar permanente.

Resulta además que le figura anotada al folio 38 una falta disciplinaria grave de falta de subordinación, no cancelada».

Por todo ello, no se estima concurre infracción del principio de proporcionalidad que se postula. Debiendo recordar que, como anota la sentencia de 2 de noviembre de 2011 (RJ 2012, 730) , «nuestra jurisprudencia se decanta por confirmar la imposición de la sanción más rigurosa tratándose del consumo de cocaína, por la especial incidencia negativa que su consumo adictivo produce en las facultades psicofísicas de las personas; lo que adquiere especial relevancia cuando se refiere a los profesionales de las Fuerzas Armadas que, entre otros cometidos que desempeñan, resultan ser los depositarios de la fuerza de las armas que la Nación les entrega ( Sentencias 30-03-2010 (RJ 2010, 4284) ; 04-11-2010 (RJ 2010, 6405) ; 17-11-2010 (RJ 2010, 8498) y 01-03-2011 (RJ 2011, 1680) , entre otras y 30-09-2011 de la Sala Especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635) )».

Procede, por ende, desestimar el motivo.

.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio (RCL 1987, 1687) .