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05/03/2024. 03:01:43

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Iniciativa pública en IA: regulación y mucho más

Socio y director en Sevilla del Despacho Cremades-Calvo Sotelo.
Profesor de Derecho Universidad Loyola Andalucía

Los beneficios que puede significar la inteligencia artificial en su aplicación a la gestión pública son innumerables y abarcan la práctica totalidad de los servicios públicos: desde la educación a la sanidad, pasando por la movilidad, la seguridad ciudadana, la gestión de las infraestructuras críticas.  Pero que todas esas posibilidades se concreten y se materialicen efectivamente como ventajas para toda la sociedad pasa por un enfoque proactivo por parte de las administraciones públicas, que debe ser el resultado combinado de tres tipos o clases de actuación: regulación de la IA, planificación y gestión pública de la IA e impulso y promoción de la iniciativa empresarial en IA.

Empezando por lo primero, la regulación estamos todos expectantes de la aprobación, se supone inminente, del reglamento europeo sobre Inteligencia Artificial, que ya fue propuesto y presentado por la Comisión Europea en abril de 2021 y ahora está pendiente de su aprobación definitiva por el Parlamento y entrada en vigor a lo largo de este 2023. Esta regulación es estrictamente necesaria pues, del mismo modo que los beneficios potenciales de la IA son enormes, también son enormes sus amenazas o las amenazas de determinados usos de la IA, como bien ha sabido ver la Comisión Europea, que ha establecido cuatro niveles de riesgo para los diferentes sistemas, de inadmisible a mínimo, nivel este último en el que encajan la inmensa mayoría de sistemas.

Son sistemas de alto riego todos los que tienen un potencial impacto negativo en la seguridad de las personas o en sus derechos fundamentales, entre ellos los sistemas para la identificación biométrica remota en tiempo real de las personas en lugares públicos. La nueva norma europea obliga a los proveedores de estos sistemas de alto riesgo al cumplimiento de unos especiales requisitos de calidad y sistemas de gestión de riesgo orientados a minimizar los riegos, encargando a los Estados miembros la designación de una autoridad nacional competente de la vigilancia de estas normas comunitarias y el establecimiento del régimen sancionador.

Sin embargo, la iniciativa pública estatal en relación con la IA está lejos de agotarse en esa actuación ejecutiva y de inspección. El establecimiento de una norma comunitaria para la regulación del uso de la IA debe traducirse en una mayor confianza para los actores empresariales (a los que aclara las reglas de juego) y también para los usuarios (a los que debe proporcionar mayores garantías de protección de sus derechos y del interés general). Los Estados pueden, por tanto, hacer mucho por la innovación tecnológica en este campo desarrollando la normativa comunitaria, pero también de otras muchas formas que van más allá de la regulación.

La primera de ellas, es predicando con el empleo. Es decir, incorporando la inteligencia artificial a la planificación y la gestión pública y convirtiéndola no sólo en un instrumento colateral, sino nuclear y estratégico en la mejora de los servicios públicos. En este sentido, las posibilidades relacionadas con el diseño y ejecución de una estrategia del dato dentro de las administraciones públicas están en este momento claramente desaprovechadas. Aunque hay iniciativas prometedoras, falta un enfoque mucho más ambicioso e integral que permita poner el dato en el centro de las políticas públicas. Actualmente, las administraciones contemplan los datos como meros repositorios pasivos y no como un activo estratégico que permitiría mejorar su toma de decisiones y los servicios a los ciudadanos.

En ese desafío, la administración pública haría bien en abrirse a la iniciativa privada, y en aliarse con ella para mejorar los servicios públicos, convirtiendo esta mejora en un ariete para la innovación y el estímulo del emprendimiento en inteligencia artificial en su entorno productivo más cercano. La fórmula para ella está clara, y es la colaboración público-privada (CPP) y la compra pública de innovación (CPI). Herramientas jurídicas ambas bendecidas y promovidas por la UE a través de las cuales el sector público puede fomentar el I+D+i en inteligencia artificial de una forma mucho más eficiente y eficaz que a través de los sistemas tradicionales de incentivos  y subvenciones.

Regular para dar tranquilidad a los usuarios, confianza a las empresas y seguridad jurídica a todos. Estimular la iniciativa privada y colaborar con ella a través de programas de mejora de los servicios públicos desarrollados mediante colaboración público privada y compra pública innovadora. Y predicar con el ejemplo diseñando y desarrollando una estrategia de inteligencia de datos que permita mejorar la toma de decisiones relacionadas con la planificación y la gestión pública. Esas son las tres tareas y los tres retos fundamentales que competen a los dirigentes y profesionales dedicados a la gestión de la cosa pública en relación con la inteligencia artificial.

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