Licenciada en Derecho con especialidad Letrado Asesor de Empresas, por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-1) y Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, por la Universidad Pontificia de Comillas, Elena Álvarez Vázquez ocupa el cargo de directora de Telecomunicaciones y Transformación digital de la Junta de Castilla y León.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en donde ha sido jefe de Área en el Departamento de Regulación de Operadores y en la Subdirección Audiovisual de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector de Audiovisual, respectivamente. A lo largo de esos años ha sido representante de la CMT y de la CNMC en grupos de trabajo de varios organismos internacionales, como Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) y Mediterranean Network of Regulatory Authorities (MNRA). Asimismo, también ha trabajado como National Expert en la Dirección General de Sociedad de la Información y Medios Audiovisuales de la Comisión Europea (DG INFSO) en Bruselas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio una inversión de 140.000M€ para la digitalización de las Administraciones Públicas, pero llevamos años hablando de ese proceso de transformación y cada CCAA ha ido priorizando, de acuerdo a sus necesidades. ¿En qué punto del proceso se encuentra Castilla y León?
En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, publicado recientemente, se contemplan más de 2.500 millones de euros destinados a innovación tecnológica, telecomunicaciones y sociedad de la información, y se pone el acento en la digitalización tanto de las administraciones públicas como del tejido empresarial. El grueso de estas partidas, cerca de un 80%, está vinculado al Mecanismo europeo de Resiliencia, uno de cuyos objetivos es la transición digital como factor de recuperación, de competitividad, de crecimiento económico y de fijación de población en el medio rural. Los presupuestos de nuestra Comunidad irán alineados con estos objetivos. Actualmente la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital está volcada en el diseño de varios proyectos, muy ambiciosos, cuya financiación se prevé con cargo al Mecanismo europeo. Abordan una importante renovación y modernización de las infraestructuras tecnológicas de la Junta de Castilla y León y un salto de gigante en lo relativo a servicios y funcionalidades de administración digital enfocados a la ciudadanía.
La situación que estamos viviendo tras la llegada de la COVID-19 ha supuesto que el teletrabajo sea más que nunca una necesidad para continuar con el día a día de profesionales y de la Administración. ¿Estaba Castilla y León preparada o sigue siendo un reto? ¿Se han visto algunas áreas más afectadas que otras?
Para dar una idea de la incidencia de la pandemia en nuestra Administración, baste decir que desde el mes de marzo se ha multiplicado casi por diez el número de empleados públicos que pueden desarrollar sus funciones mediante un sistema de acceso remoto a su puesto de trabajo. Facilitar las diferentes modalidades de trabajo no presencial es, en estos momentos, un objetivo importante para la Junta de Castilla y León, pues estas modalidades contribuyen no sólo a compatibilizar la vida familiar y laboral (algo tan necesario en la situación que estamos viviendo), sino también a otros objetivos como la sostenibilidad ambiental o el mantenimiento de población en núcleos rurales. Tenemos que avanzar en la idea de que el trabajo es lo que haces, no dónde lo haces.
En cuanto al sector privado, soy consciente de los esfuerzos realizados por las empresas para implantar el teletrabajo desde la llegada del COVID-19, pero también de la dificultad que ello supone especialmente para los negocios más pequeños. Aunque cueste reconocerlo, aún existe un porcentaje significativo de pymes y de trabajadores que no disponen de los medios ni de los conocimientos para apostar por esta innovación. La transformación digital es, en gran parte, un proceso cultural, y por ello son tan necesarios los programas divulgativos, formativos y de capacitación tecnológica que desarrolla la Junta de Castilla y León para acercar las TIC´s a todos los colectivos sociales y, en particular, a los emprendedores y a las pymes.
¿Es hoy más que nunca necesario aliarse e invertir en tecnología?
Hace ya tiempo que las TIC han dejado de ser un reto para las Administraciones y se han convertido en una necesidad, en una creciente demanda de los ciudadanos y en un mandato legal. Las herramientas tecnológicas han pasado de ser meros elementos instrumentales y de apoyo a las políticas públicas para convertirse en piedra angular de todas ellas, desde la educación a la sanidad, pasando por la atención a las personas mayores, la agricultura o la gestión forestal, por poner solo algunos ejemplos. Por otra parte, como ya he apuntado, hemos tenido que vivir una situación tan extraordinaria como la crisis del coronavirus para tomar verdadera conciencia de la relevancia y las potencialidades de las TIC en nuestros entornos profesionales. Por estos motivos estoy convencida de que en los próximos años asistiremos (empezando por la Junta de Castilla y León) a profundos cambios organizativos y presupuestarios en todas las Administraciones para afrontar esta nueva situación, incrementando las partidas destinadas a la inversión tecnológica y el número de profesionales TIC.
Por otra parte, como bien indica la pregunta, son muy importantes las alianzas. En este proceso de transformación digital, la Junta de Castilla y León necesitará contar con el sector TIC, para mantenerse al corriente de las últimas tecnologías y tendencias, para coordinarse con él en sus actuaciones y, naturalmente, para aprender de la experiencia y contar con la ayuda de los magníficos profesionales, que unas veces como contratistas o proveedores, y otras como colaboradores, trabajan codo con codo con nuestros informáticos e ingenieros en proyectos e iniciativas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses.
¿Qué le piden a la tecnología para poder convertirse en una aliada de la Administración? ¿Existen requisitos particulares?
Creo que es fundamental que el sector TIC aproveche la ventana de oportunidad que ha dejado abierta la crisis sanitaria. La demanda de servicios y equipamientos directa e indirectamente relacionados con el objetivo de transición digital contemplado en el Mecanismo de Resiliencia, así como los vinculados a las modalidades de trabajo no presencial, se va a disparar en los próximos meses, y se llevarán “el gato al agua” aquellos emprendedores que pongan en juego mayores dosis de visión de futuro y creatividad, y sepan interpretar el momento y las necesidades, teniendo en cuenta que lo que de verdad marca la diferencia a la hora de ejecutar cualquier proyecto innovador en una Administración pública es la calidad y la adecuación de las herramientas.
Creo que una de las principales preocupaciones de las Administraciones, de las empresas y de los trabajadores en general es encontrar soluciones tecnológicas sencillas, intuitivas, versátiles, ágiles y, por supuesto, asequibles.
¿Qué retos quedan por abordarse?
Hay muchos proyectos en marcha y algunas asignaturas pendientes, pero sin ninguna duda la mejora de la cobertura de banda ancha en el medio rural es la prioridad número uno de las políticas de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital. Nuestro objetivo es paliar la brecha digital territorial que actualmente padece Castilla y León, impulsando la conexión a Internet de todos los ciudadanos independientemente de su población de residencia, lo que permitirá su acceso, en condiciones de igualdad, a la sociedad de la información y al mundo digital, que representan hoy en día la base del bienestar y del desarrollo económico.
Desde 2015 se han concedido más de 60 millones de euros en subvenciones a los operadores de comunicaciones electrónicas para estimular el despliegue de redes en aquellas zonas del territorio donde es más difícil y menos rentable extender infraestructuras. Con estas líneas de ayudas se ha contribuido a dotar de cobertura de banda ancha a casi 1.600 localidades y 700.000 ciudadanos de la Comunidad. Solo con las ayudas concedidas hasta ahora y una vez haya terminado el plazo que tienen los operadores para ejecutar los proyectos subvencionados, en el año 2022 en torno al 86% de la población de Castilla y León tendrá acceso a Internet a más de 100 Mbps.
Y ahora estamos trabajando en ese porcentaje que todavía falta por cubrir y lo estamos haciendo en colaboración con todas las Administraciones.
Este año, por primera vez, la convocatoria de ayudas para la extensión de banda ancha en las zonas rurales fue conjunta entre el Gobierno de España y la Junta. Así, la convocatoria de 2020 destinará 19,5 millones de euros a Castilla y León, de los que 4 millones han sido aportados por nuestra Comunidad. Tras la ejecución de estos nuevos proyectos, confiamos en que el porcentaje de cobertura alcance casi el 90% de la población castellana y leonesa.
Y en esta línea de colaboración y coordinación entre todas las Administraciones para conseguir este objetivo común, en julio de este año la Junta de Castilla y León y las nueve Diputaciones Provinciales suscribieron un protocolo para la mejora de la conectividad a Internet de banda ancha, tanto fija como móvil, en el medio rural de la Comunidad, y en breve, se firmará también un Protocolo de colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
