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09/02/2025. 12:27:29
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Avances hacia una herramienta europea de lucha contra la corrupción

Directora Ejecutiva de FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón)

Es sabido que la corrupción tiene tanto un costo social como económico. Para ser más precisos, según un reciente estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, se podrían generar hasta unos 58.500 millones de euros al año si se adoptara una acción específica europea de contraste al fenómeno.

En esta misma línea se sitúa el paquete anticorrupción, presentado en mayo de 2023 por la Comisión Europea (CE) con el objetivo de uniformar el fragmentado marco legislativo y solucionar las deficiencias observadas tanto a nivel nacional como regional, y a la vez, también proporcionar una respuesta estratégica contra los recientes casos de corrupción que han sacudido el corazón de las instituciones de la Unión Europea (UE).

Si bien la UE hace parte de diferentes convenios internacionales, su actual marco anticorrupción no es exhaustivo, ya que solo abarca las disposiciones relativas al soborno en el sector privado (Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, que establece requisitos respecto de la tipificación de la corrupción que afecta al sector privado), las normas establecidas por los convenios adoptados en los años Noventa (el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea) y algunos instrumentos que abordan la corrupción solo indirectamente, entre ellos la  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Como se subraya en un estudio reciente, «la falta de un marco europeo coherente que incluya disposiciones para todos los delitos relacionados con la corrupción identificados por las normas internacionales constituye una fuente de retos legislativos y operativos a la hora de abordar los casos de corrupción transfronteriza».

Por ello, y acogiendo los reiterados llamados del Parlamento Europeo a la intensificación de la lucha de la UE contra la corrupción (Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM, y la Recomendación del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2022, al Consejo y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la corrupción y los derechos humanos), la CE propuso un paquete para reforzar el marco legislativo y político basado en un enfoque polifacético.

La iniciativa incluye tres elementos fundamentales:

  • Una Comunicación conjunta de la CE y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que declara un compromiso claro para luchar contra la corrupción a nivel mundial. Además, en la comunicación se anuncia la creación de una Red europea contra la corrupción, dirigida a ayudar a la CE a determinar los ámbitos comunes en los que los riesgos de corrupción son elevados en toda la UE. El trabajo de la red se integrará en una estrategia anticorrupción de la UE, que se desarrollará en consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo, para maximizar el impacto y la coherencia de las acciones de la UE. El 20 de septiembre de 2023, la red de la UE contra la corrupción se reunió por primera vez en Bruselas.
  • Una propuesta para establecer un régimen de sanciones contra los actos graves de corrupción cometidos fuera de la UE.
  • La propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción, por la que se sustituyen la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En particular, la propuesta de Directiva se asienta en tres pilares fundamentales:

  • En primer lugar, pretende consolidar las normas anticorrupción existentes en un único acto jurídico. Para ello, armoniza la definición de los delitos de corrupción, hace obligatorios en la legislación de la UE todos los delitos contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y reúne la corrupción del sector público y privado. Asimismo, aumenta el nivel de las sanciones penales para las personas físicas y jurídicas, y armoniza las circunstancias agravantes y atenuantes.
  • En segundo lugar, la propuesta incluye medidas de prevención que los Estados miembros deben adoptar para construir un sistema eficaz de integridad. Estas medidas consisten en campañas de sensibilización, investigación y programas de educación para mitigar los incentivos a la corrupción. El objetivo es garantizar que el sector público rinda cuentas. En consecuencia, los Estados miembros deberán establecer una transparencia cualitativa mediante el acceso a la información de interés público, la declaración de posibles conflictos de intereses y sus medidas paliativas, sistemas de declaración de bienes para los funcionarios públicos, y enmarcar los contactos entre el sector privado y el público; también deben contar con organismos especializados en la lucha contra la corrupción que estén adecuadamente equipados (con recursos financieros, humanos y técnicos), y debidamente formados.
  • En tercer lugar, se propone facilitar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción. Las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, así como las entidades encargadas de la investigación y el enjuiciamiento, deberán contar con los recursos adecuados y ser capaces de utilizar herramientas de investigación específicas. Esto también incluye la adopción de normas mínimas sobre la prescripción, especialmente para evitar la exclusión en casos complejos que requieren largas investigaciones. Por último, la propuesta también aborda el uso indebido de los privilegios y la inmunidad con el fin de impedir las investigaciones penales.

En este momento, la propuesta está lista para pasar a la fase de negociación interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo  aprobó su informe en enero de 2024. La decisión de la Comisión de entablar negociaciones interinstitucionales fue confirmada por el Pleno en febrero de 2024.  En junio, los Ministros de Justicia de los 27 Estados miembros adoptaron la posición del Consejo de la UE. Por lo tanto, el nuevo Parlamento debe confirmar ahora su posición antes de que puedan tener lugar las negociaciones a tres bandas.

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