La sensación actual que proyecta la crisis económica no es otra que la de que es preciso repensar todo y la seguridad es que si esta recapitulación se hace con criterios únicamente económicos puede llegarse a una refundación de nuestras reglas de la convivencia que impliquen una reformulación del Estado.
Aceptando la hipótesis cabe indicar, en este punto, que uno de los elementos que deben convertirse en suelo del replanteamiento es el de la existencia y mantenimiento de algunas instituciones cuya labor no puede confundirse necesariamente con su coste ni con lo que podamos pagar en cada momento. La labor de contención en el gasto y de reducción en la estructura de las instituciones no puede llevarnos a considerar prescindible la Institución. En este punto, la Corona, un órgano de gobierno de los jueces, un gobierno, una estructura territorial, una Administración pública son elementos institucionales sobre los que fundar un Estado sólido. Su alcance y su dimensión son cuestión diferente.
La sensación final es que la crisis económica no nos está sirviendo para realizar una adecuada restructuración de las instituciones en aras a su eficiencia sino que realmente hemos dado el paso que no es, esto es, el de considerar que el problema no es de eficacia ni de estructura sino de modelo. Esto está generando una crisis institucional que, añadida a la económica, causa, ciertamente, un situación desconocida para muchos de nosotros y que introduce una inquietud, probablemente, sin precedentes.
Desde nuestra perspectiva el problema no es (que en este momento, lo es) el nivel de financiación, la crisis fiscal y la consiguiente necesidad de reducción del gasto publico. A esta alturas no hay dudas de que la organización de la Administración, la forma de prestación de los servicio, el nivel de optimización de los mismos, la gestión pública – en general- han sido los grandes olvidados de los sucesivos Gobiernos y de la sociedad en general que ha vivido acríticamente la forma y la despreocupación que ha supuesto la preterición de la agenda política de cuestiones como las enunciadas.
Cuando ahora la crisis económica se proyecta sobre la sociedad española con una agudeza tan notable como la que se percibe en la actualidad en vez de volver la vista sobre la reforma de las instituciones y su optimización – aunque sea tardía- se ha puesto tornado en un debate sobre propia institución. De repente el modelo de Estado está en cuestión. La monarquía se confunde con sus errores, el CGPJ se trastoca socialmente hasta confundirlo con una agencia de viajes innecesario, las Comunidades Autónomas son una fuente de gasto, los ayuntamientos se pueden fusionar hasta lo ilimitado, los funcionarios son superfluos. En una palabra: el Estado es innecesario.
Esta es una pésima forma de situarse en la realidad. Que algunas instituciones tienen que hacer un esfuerzo por su optimización y por la mejora de su percepción social y su legitimación por su labor y sus resultados es una realidad tan perceptible cómo lo poco que nos ha importando esta cuestión hasta aquí. Pero un planteamiento no debe confundirse con el otro.
Es preciso el reforzamiento institucional del Estado, creer en las instituciones – aunque sea para reformarlas- y no transmitir una crisis financiera a una crisis institucional. La división de poderes, la monarquía, la existencia de una Administración eficaz, dimensionada y al servicio del ciudadano, la representación y la conformación territorial de los intereses del conjunto de los ciudadanos, la representación territorial son elementos que forman parte de nuestras reglas actuales de convivencia y entrar un debate de modelo donde estamos ante una crisis financiera es un error que tendrá consecuencias inevitables.
La exigencia de la legitimación social de las instituciones, de su eficacia, de la revisión de sus reglas de funcionamiento, de su composición, su estructura, de su financiación y de su actuación son una exigencia no solo en tiempos de crisis sino en general en cualquier momento de la vida de una institución con o sin crisis. Es claro, eso sí, que una situación como la actual es, especialmente, exigible.
Este debate debe tener dos líneas rojas: una, no considerar a priori que todo es prescindible y que debemos refundar el Estado. Este debate nos sitúa en un terreno de nadie del que no se aprecian beneficios. Dos, la de respetar las instituciones, considerar que son necesarias y pensar, por tanto, que los recortes son una situación coyuntural y de entorno que no deben proyectar una degradación institucional irreversible.
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