Con motivo de diversos acontecimientos y efemérides, se enfatiza la importancia de la memoria histórica de los países para el futuro a través de comunicados oficiales, resoluciones de instituciones públicas o textos normativos. Por ejemplo, a nivel europeo, tenemos como referencia reciente la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.
Esta resolución destaca la importancia de la memoria histórica y su papel en la construcción de un futuro común en Europa. Además, proporciona orientaciones sobre cómo los Estados miembros pueden abordar la memoria histórica.
En el caso de España, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ha cumplido recientemente su primer aniversario desde que se incorporara al ordenamiento jurídico español.
Dicha norma incluye las acciones de conocimiento y divulgación, entre las que cabe destacar el proyecto Memorízate, desarrollado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y cofinanciado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que ha impulsado el interés de once jóvenes por la memoria democrática española para que desarrollaran, con total libertad de forma, un proyecto propio.
Siendo jurista y politóloga de formación, era razonable revisar en primer lugar el contenido de la Ley 20/2022 y resaltar con atención en su Sección tercera, que incluye el fomento de las políticas de memoria democrática, y consecuentemente pensar en una política pública inspirada en la paz y la memoria, específicamente en relación con los derechos humanos.
El espíritu que subyace a la letra de la ley promueve el desarrollo de una acción de gobierno inspirada en la paz y la memoria materializada en el proyecto de un Museo de la memoria es reunir en un mismo lugar archivos físicos, testimonios orales y otros bienes relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978 para que sean puestos a disposición de la ciudadanía en general, para proporcionar conocimiento sobre nuestra historia reciente, y promover actividades científicas y pedagógicas.
La creación de un Museo de la memoria permitiría integrar, archivar y difundir fondos documentales y bibliográficos personales o copias fidedignas de los mismos, que podrían asimismo formar parte de un archivo digital centralizado que ofrezca acceso a archivos históricos, documentos, fotografías y testimonios relacionados con la democracia y los derechos humanos en España.
El respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de la política propuesta. En el ámbito de las convenciones internacionales que consagran los derechos humanos y la memoria democrática, es crucial referirse a instrumentos legales específicos que respalden la protección de estos principios fundamentales, especialmente por ser tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.
A continuación, se presenta una lista de algunas de las convenciones y tratados más relevantes en este contexto:
- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948):
Este documento establece principios fundamentales de derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, y la protección contra la tortura y tratos inhumanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966):
Este pacto aborda cuestiones relacionadas con los derechos civiles y políticos, garantizando la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la protección contra la discriminación.
- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006):
Esta convención prohíbe la desaparición forzada y establece medidas para su prevención y sanción. Es relevante para la protección de la memoria histórica en casos de desapariciones forzadas.
Por otra parte, un examen de estrategias implementadas en otros contextos proporciona una perspectiva que permite identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas de políticas públicas similares implementadas en diversas partes del mundo, adaptándolas a la realidad local.
Las investigaciones comparadas que conectan el caso español con procesos de transición democrática afines. Existen varios países latinoamericanos que en el pasado han tenido regímenes totalitarios y antidemocráticos que han hecho un gran esfuerzo por reconciliarse con su memoria histórica y que cuentan con espacios dedicados a la reconciliación. Ejemplos notables incluyen: Chile, con su Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; México, con su Museo de la Memoria y la Tolerancia; y Uruguay, con su Centro Cultural Museo de la Memoria.
El Museo de la memoria proyectado en mi propuesta incluiría espacios de reflexión para analizar los impactos de los conflictos y las violaciones a los derechos humanos del pasado en la sociedad y la democracia española del presente. Estos espacios permitirían examinar detenidamente casos emblemáticos para comprender la complejidad de las situaciones y la necesidad de abordar las secuelas generacionales.
Se identifican tres elementos clave que pueden contribuir a construir la memoria democrática colectiva: la participación activa de la sociedad, la narrativa común y el diálogo y la reconciliación en la sociedad.
El proyecto incluye dos fases. En la primera fase se invita a los ciudadanos a que compartan sus recuerdos conservados (documentos oficiales, cartas, fotografías, dibujos…) para formar una colección que se reúna en un lugar dedicado exclusivamente a la memoria que recoja al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, tal y como la vivió la ciudadanía.
La Ley 20/2022, en su Disposición adicional décima, también prevé un clausulado referido a la Protección de datos de carácter personal que recoge las características del tratamiento de datos personales que debería hacerse en esa recolección de información previa a la creación de un Museo de la Memoria.
En la segunda fase, se reunirían esos archivos recabados gracias a la participación ciudadana en un espacio público dedicado a la memoria y la democracia, un punto de encuentro de vivencias. Así las memorias privadas serían compartidas y podrían integrarse en la memoria social y cultural colectiva.
En el proyecto se propone el desarrollo de una campaña institucional de concienciación y llamada a la acción titulada: “Democracia y Memoria: Un Compromiso Nacional”. Evocando la responsabilidad colectiva como un incentivo para la participación ciudadana.
También se incluyen referencias a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto en la fase inicial de recolección de documentación e información, como en la construcción del edificio que albergue la sede de ese Museo de la memoria y la gestión del mismo.
En un desarrollo más profundo, se incluiría en el proyecto de política pública también un apartado de “Implementación y Evaluación” con un cronograma detallado que estableciera las fases clave de la implementación, desde la fase piloto hasta la plena ejecución, e incluiría un conjunto de mecanismos para evaluar el progreso y el impacto de la política, con una pregunta general de evaluación que guiaría la recopilación de datos y la medición del éxito.
La implementación de la política pública propuesta materializada en un Museo de la Memoria, sustentada en convenciones internacionales, leyes nacionales y experiencias democráticas afines, emerge como una piedra angular para el fortalecimiento de la salud democrática en la sociedad española. Al reconocer y abordar violaciones pasadas a los derechos humanos y conflictos históricos, la política fomenta la verdad, la justicia y la reconciliación, fundamentos esenciales para el florecimiento de una sociedad democrática. Al construir puentes entre el pasado y el presente, se sientan las bases para la cohesión social, la confianza en las instituciones y el respeto por la diversidad de perspectivas. A través de este enfoque integral, se promueve una cultura de memoria democrática que nutre la conciencia cívica, empoderando a la sociedad española para enfrentar los desafíos actuales con un compromiso compartido con los valores democráticos y los derechos fundamentales. En última instancia, esta política no solo abraza la responsabilidad histórica, sino que también cataliza un presente y un futuro democráticos más robustos y resilientes para España.
