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03/12/2022. 10:22:21

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El caso Mari Luz y nuestro sistema

socio de Ruiz de Erenchun Abogados Asociados

Eduardo Ruiz de Erenchun
socio de Ruiz de Erenchun Abogados Asociados

El trágico suceso acaecido en Huelva en este comienzo de año, conocido popularmente como el caso Mari Luz, ha puesto de manifiesto algunas de las graves deficiencias de nuestro sistema. Con abstracción de las concretas particularidades del caso, hay dos cuestiones sobre las que conviene reflexionar: qué legislación tenemos y cuál es la situación de nuestra Administración de Justicia.

Eduardo Ruiz de Erenchun

¿Es suficiente nuestra actual legislación?

Lógicamente una de las primeras cuestiones que hay que analizar es si nuestro sistema penal ofrece una adecuada respuesta en este ámbito. Dicho de otra forma ¿es necesario incrementar las penas llegando incluso a la cadena perpetua? Los defensores de un mayor rigor punitivo utilizan ejemplos sesgados, inexactos o inciertos: por ejemplo, es más grave un delito contra el medio ambiente (4 años) o un robo violento (5 años) que un abuso a un menor (3 años). Es el eterno problema de la escala de valores de nuestro Código penal: el aborto doloso de la madre (1 año) se castiga con menos pena que recolectar unos gramos de manzanilla protegida (2 años). Y así podríamos seguir con múltiples ejemplos. Cuando se dice que abusar a un menor tiene una pena de 3 años de prisión hay que dejar muy claro de qué conducta se trata: por ejemplo, tocar los pechos a una niña de 12 años sin utilizar ni violencia ni intimidación, incluso mostrándose esta de acuerdo. Esa sería una conducta de hasta 3 años.

Si nos referimos a los abusos o agresiones más graves (violación) la pena puede llegar hasta 15 años de prisión, esto es, la misma que el homicidio. No es cierto que los abusos tengan penas menos graves: tienen penas menos graves los abusos menos graves.

Para los supuestos más graves -violación y asesinato- nuestro sistema ya cuenta con la posibilidad -desde 1995, incrementada en 2003- de que los condenados cumplan los límites de las penas (entre 30 y 40 años como regla general) de forma íntegra: es de facto una pena de cadena perpetua. No debe olvidarse que muchos de los sistemas penales con cadena perpetua permiten la obtención de la libertad a partir de los 20 años de prisión.

En definitiva, tenemos un sistema penal que permite para los casos más graves el cumplimiento íntegro de las penas que, en la práctica, es una pena de cadena perpetua.

¿Cuál es la situación de nuestra Administración de Justicia?

Este es el verdadero problema que ha dejado al descubierto el caso Mari Luz. Los Jueces tienen que hacer frente a la delincuencia en el siglo XXI con leyes del siglo XIX. Y en este punto la responsabilidad es de todos los legisladores que hemos tenido desde hace lustros.

Resulta inadmisible que un Juez de Madrid no pueda conocer si un señor en Granada ha sido condenado provisionalmente o tiene abiertos 10 procedimientos por la misma clase de delitos. No hay un registro de procedimientos pese a que, desde 2003, el Código penal ordena a los Jueces que, para conceder la suspensión de la pena, valoren la existencia de otros procedimientos. En la actualidad, por ejemplo, un Juez en Navarra únicamente tiene acceso a los datos de Navarra pero no del resto de España.

También es inadmisible que, pese a las múltiples reformas del Código penal, las dotaciones de personal en la Administración de Justicia no crezcan proporcionalmente. En breve veremos casos de conductores condenados con la nueva reforma en materia de tráfico a los que no se ha podido retirar el carnet de conducir porque no se han incrementado las plantillas de Jueces y estos no pueden materialmente llegar a ejecutar la Sentencia.

Sucede, sin embargo, que la inversión en la Administración de justicia y -sobre todo- en la Administración penitenciaria es impopular. Los ciudadanos exigen que los altos impuestos que pagamos se destinen a infraestructuras, educación, sanidad, bienestar social en definitiva. Nadie estaría dispuesto, por ejemplo, a pagar tasas por la sanidad o la educación a cambio de invertir más en las prisiones para que trabajen para la reinserción… Lo más barato y lo más fácil es reformar el Código penal: eso llevan haciendo los legisladores desde hace muchos años. Pero es un parche y no la solución.

En definitiva, hay que modernizar de una vez por todas y en serio la Administración de Justicia, dotándola de verdaderos medios personales y materiales. Mientras tanto, asistiremos desolados a casos -afortunadamente aislados- como el de Mari Luz.

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