El Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se reunió por última vez los pasados días 29 y 30 de abril y acordó un conjunto de 49 propuestas que cubren una amplia gama de temas, desde el cambio climático hasta salud, migración y la UE en el mundo. Ha sido un año en el que se ha puesto a los ciudadanos europeos en el centro de debates y deliberaciones, sobre el tipo de Europa en la que nos gustaría vivir. Para ello la ciudadanía ha podido presentar a través de una plataforma multilingüe sus propuestas para su posterior discusión con los representantes del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión e incluso con algunos diputados de los parlamentos nacionales. Todos ellos expresaron su consenso sobre las propuestas.
En este día 9 de mayo -día de Europa- que se celebra la paz y la unidad en Europa me gustaría destacar precisamente el papel de la fiscalidad en las 49 propuestas desarrolladas por los ciudadanos y las instituciones europeas. En estas propuestas, los ciudadanos han mostrado la dirección que quieren que tome la UE y ésta ha obtenido la legitimidad que necesita para afrontar las reformas. Todo indica que desean una UE más ambiciosa, resolutiva y asertiva y más centrada en los problemas de las personas; es por ello por lo que resulta de gran interés identificar el futuro de la fiscalidad en la UE, tal y como lo proyecta la ciudadanía, quien ha dejado constancia del amplio uso que le otorga a la imposición como vehículo adecuado para alcanzar los objetivos señalados.
La presencia de la fiscalidad en las propuestas sobre el futuro de Europa realizadas se encuentra principalmente en la núm. 2. “Agricultura, producción de alimentos, biodiversidad y ecosistemas, contaminación”, en la núm. 3 “Cambio climático, energía, transporte”, en la núm. 7, “Alimentación saludable y estilo de vida saludable” y especialmente en la núm. 16 “Políticas presupuestarias y fiscales”.
En las propuestas 2, 3 y 7 se trata, en primer lugar, de proteger y restaurar la biodiversidad, el paisaje y los océanos, y eliminar la contaminación; en segundo término, de garantizar una transición energética justa, quizás hacia una unión energética de los Estados miembros de la UE con una adecuada financiación para la transición hacia fuentes renovables y una mayor eficiencia energética; y, por último, en educar a las personas en hábitos saludables desde una edad temprana, y animarles para que se decanten por una dieta saludable y segura. En todas estas propuestas ciudadanas e institucionales, se enfatiza la función extrafiscal de los tributos, porque en todos los casos, se pretende el uso de impuestos para cambiar hábitos y conductas. Así, se debate sobre el establecimiento de un sistema de coacción y recompensa para hacer frente a la contaminación que aplique el principio “quien contamina paga”, y el uso de medidas fiscales de protección ambiental, entre las que se encuentra la tributación sobre la energía, el impuesto sobre el plástico de un solo uso, las tasas sobre gestión de residuos, los derechos de emisión de CO2, o el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono. También para el fomento de la alimentación saludable se identifican medidas fiscales como la imposición sobre el alcohol y las bebidas azucaradas.
Sin embargo, es la propuesta núm. 16 denominada “Políticas presupuestarias y fiscales” en donde la fiscalidad tiene un papel protagonista, impulsando un sistema fiscal europeo más eficiente, justo y solidario. El objetivo radica en que la UE promueva inversiones centradas en las transiciones ecológica y digital con una fuerte dimensión social y de género, teniendo en cuenta también los ejemplos de Next Generation EU y del instrumento SURE. La UE deberá tener en cuenta el impacto social y económico de la guerra contra Ucrania, la pandemia COVID 19 y la relación entre la gobernanza económica y el nuevo contexto geopolítico, reforzando su propio presupuesto a través de nuevos recursos propios.
Los ciudadanos quieren alejarse de la fiscalidad de las personas y las pymes y dirigirse a evasores fiscales, industria altamente contaminante y gigantes digitales, al tiempo que desean que la UE apoye la capacidad de los Estados miembros y las autoridades locales para financiarse y utilizar los fondos de la UE.
Para lograr este objetivo se plantean una serie de medidas: (i) armonizar y coordinar las políticas fiscales en los Estados miembros de la UE con el fin de prevenir la evasión y la elusión fiscal, evitar los paraísos fiscales dentro de la Unión y luchar contra la deslocalización dentro de Europa, en particular garantizando que las decisiones en materia fiscal puedan adoptarse por mayoría cualificada en el Consejo de la UE. No obstante, no debe olvidarse que hoy en día la fiscalidad es competencia de los distintos países, que tienen sus propios objetivos y circunstancias; (ii) promover la cooperación entre los Estados miembros de la UE para garantizar que todas las empresas de la Unión paguen la parte de impuestos que les corresponde a través de una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BEFIT) o un tipo efectivo mínimo (imposición mínima); (iii) garantizar que las empresas paguen impuestos donde se obtienen beneficios; (iv) garantizar que la política fiscal apoye a la industria europea y evite la pérdida de puestos de trabajo en Europa; (v) seguir estudiando los préstamos sindicados en la UE, con vistas a crear unas condiciones más favorables, manteniendo al mismo tiempo políticas presupuestarias responsables en los Estados miembros; y, (vi) reforzar la supervisión del uso de los fondos de la UE, incluso en avanzar hacia una verdadera unión fiscal, con una política exterior fiscal única, en el que la UE pueda negociar con una sola voz.
Y en este entorno de propuestas y acciones, a España le corresponde un papel especialmente activo en la medida en la que tendrá que asumir la Presidencia de la UE a partir de julio de 2023. Siendo así, todo parece indicar que deberá habilitar los distintos cauces que se requieran para poner en marcha las distintas propuestas avaladas por la ciudadanía y, si fuere necesario, afrontar la reforma de los Tratados de la UE.
