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11/07/2020. 04:35:31

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En tiempos de cambio…..más profesionalización

Coordinador del Practicum de la Abogacía, Ed. Aranzadi

Alberto Palomar Olmedo

La actual situación política y la incertidumbre que, de alguna forma, se ha instalado en la sociedad española de nuestros días tiene mucho de novedad y, de alguna forma, ha convulsionado nuestras pautas de actuación establecidas de forma, esencialmente, consuetudinaria, desde la vigencia del texto constitucional de 1978.

Prescindiendo, en este momento, de las consecuencias y vicisitudes de orden estrictamente políticas, podemos indicar que es este un buen momento para reivindicar la necesidad de un futuro diferente y en el que las instituciones tengan un papel y una relevancia propia y, en gran medida, independiente de la propia dinámica política.

Durante la legislatura pasada se han publicado un conjunto de normas que afectan a la gestión pública y al modelo de organización de las Administraciones Públicas. Con todos los matices que se quiera podemos decir que esto supone un actualización evidente y un avance modernizador en el marco normativo de las Administraciones Públicas.

El problema no es, por tanto, de marco jurídico sino, esencialmente, de gestión del cambio y, sobre todo, de consenso sobre la necesidad de profesionalización de lo público y de la ordenación de su gestión. Esta gestión está necesitada de objetivación, debe superar la huella indeleble de la corrupción, debe profesionalizarse y debe situarse en el plano de personas que hacen de esto su profesión ,que admiten que la gestión necesita técnica, evaluación , responsabilidad, objetivos, compromiso, etc….

El aparato administrativo en su conjunto está necesitado de apoyo político para asentar las reglas de las nuevas leyes y para ordenar su actuación y su funcionamiento conforme a reglas que le doten de solvencia propia – al margen de la estrictamente política-  y que propicien en la sociedad una sensación de seguridad en la gestión de lo público.

Una de las peores consecuencias de la amplia batalla penal que se vive en estos momentos en la vida política es, precisamente, la pérdida de confianza en lo público y en los gestores públicos. El alcance de la mancha penal es de tal nivel que, hoy, los ciudadanos no saben muy bien donde poner la línea divisoria entre lo bueno y lo malo. La mancha ha teñido el conjunto de lo público de un manto que, ciertamente, es irreal porque en la vida administrativa se realizan cientos de miles de actuaciones que responden- sin duda- a los principios constitucionales y operan dentro de la ley . Pero, al margen de esto, es cierto que los efectos de la actuación diaria y de la comprobación de las noticias nos sitúan en un plano ciertamente complejo en el que la diferenciación es, ciertamente, una labor nada sencilla.

En esta situación y, como decíamos, al margen de las vicisitudes políticas,  lo que parece razonable como objetivo colectivo de la sociedad es intentar realizar un esfuerzo para reconquistar la imagen de lo público, para dotar a lo público de una seguridad y de una solvencia que, al menos, en imagen parece haberse perdido.

Las pautas de esta recuperación de imagen son claras: es preciso profundizar en el modelo que proponen las leyes de la anterior legislatura y crear un servicio público (por utilizar la vieja denominación del siglo XIX francés) en el que predominen los elementos de gestión y de responsabilidad por la gestión y en el que la función gubernamental sea la que prevé el artículo 97 de la CE, esto es, la función de dirección del aparato administrativo que, de una forma profesional y neutral, contribuya a la realización del modelo político que se legitima en las urnas y que determina la conformación de una superestructura, esencialmente, democrática.

En las reformas de los últimos cuatros años, tanto en el estatuto del alto cargo, como en la ley de transparencia, como en el no-realizado desarrollo del EBEP, como en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público o , incluso, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones públicas hay elementos muy interesantes de ordenación de la función y de la actividad pública. Solo falta implantarlos, convencer al sistema de que son esenciales para su propia credibilidad, pedir sacrificio a quienes puedan llegar a tener la tentación de que el ejercicio no responsable o administrativamente impune es, sin duda, una forma de actuación más cómoda.

El problema central es que la comodidad se ha convertido en uno de los peores enemigos de la imagen real y de la percepción de los ciudadanos de los asuntos públicos. La actuación responsable y profesional será, sin duda, un escenario más complejo y difícil que el propuesto pero en la esencia de esta incomodidad está, precisamente, la esencia de la profesionalidad.

De los cambios que se avecinan, sin duda, éste es uno de los menos populares, de los más internos pero, desde otro plano, uno de los  más necesarios en una sociedad que necesita creer que los asuntos públicos se gestionan con profesionalidad, con responsabilidad y con compromiso.

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