A finales de 2022 se publicaba “la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad europea” Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva CSRD), por la que se modifican anteriores directivas y reglamentos europeos en lo relativo a la presentación de información sobre sostenibilidad de las empresas, que afecta tanto a los responsables europeos de preparar la información, como a las partes interesadas de fuera de la UE que cumplan determinados criterios.
La Directiva CSRD pretende equiparar, con el tiempo, la publicación de la información sobre sostenibilidad con la de la información financiera, permitiendo al público acceder a datos fiables y comparables e introduce una regulación detalla de los requisitos que debían cumplir los verificadores de sostenibilidad inscritos como ejercientes en términos de titulación, experiencia profesional, superación de un examen de aptitud y formación continua.
Este informe de sostenibilidad tendrá como principal cometido divulgar la información sobre el ajuste de sus políticas a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. A esto se ha unido que el 24 de abril de 2024 el Parlamento Europeo adoptó el texto final de la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa Directiva (UE) 2024/1760 y ahora cada Estado miembro deberá designar una autoridad de control encargada de controlar y monitorizar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, pudiendo llegar a imponerse sanciones pecuniarias de hasta un 5% del volumen de negocio mundial neto de la empresa.
Toda esta normativa influye en el contenido y elaboración de los informes de sostenibilidad que las grandes empresas tendrán que publicar en 2025.
Si bien es cierto que las pymes, que no entran dentro su ámbito de aplicación, se verán necesariamente afectadas cuando contraten con empresas que sí deban cumplir con la directiva. Así las pymes se verán obligadas a tener implantadas políticas específicas de diligencia debida, y en general, en materia de ESG (medioambiente, derechos humanos y gobernanza). A esto se une que el propio mercado está haciendo perentorio que las pymes se sumen cuanto antes al reporting corporativo en sostenibilidad, debido sobre todo a que las pymes están en el corazón de la economía europea. Representan un 99% del tejido empresarial y generan más del 70% del empleo de la UE, más del 50% del PIB empresarial por lo que son claves en la transición hacia una economía sostenible.
Sin embargo, según datos del Ministerio de Economía, en torno al 78% de las pymes españolas no conoce la Agenda 2030 o sólo de forma superficial. Este debería ser el gran reto de los asesores, pues en la actualidad las pymes están recibiendo solicitudes de información sobre sostenibilidad de las partes interesadas: de entidades financieras, como requerimiento previo para obtener financiación; de Administraciones Públicas, ante subvenciones y licitaciones públicas; o de compañías más grandes, cuando la pyme forma parte de su cadena de valor. Asimismo, esta nueva normativa puede suponer una oportunidad para pymes que la apliquen, dándoles una ventaja sobre sus competidores.
Ante este reto jurídico, todos los profesionales del sector están dando prioridad en sus informes de sostenibilidad a la identificación de los riesgos e impactos al medioambiente y a los derechos humanos en la actividad de las empresas analizadas, identificando los riesgos y la obtención de información, no solo desde el punto de vista fáctico, sino también jurídico. Esto demuestra que no existen especialistas en esta materia, pues la labor de los profesionales lejos de ser una policía medioambiental y de derechos humanos, es la de convertirse en los detectives jurídico-constitucionales dentro de las empresas siendo capaces de identificar las fortalezas de las empresas en materia medioambiental y de derechos humanos y desde ellas poder mitigar los riesgos e impactos de su actividad.
Es hora de que los asesores involucrados aborden los análisis de riesgo basados, primero, en la introspección, donde la empresa analiza en qué medida su estrategia corporativa puede disminuir riesgos; en segundo lugar, en repasar de forma planificada la renovación de relaciones comerciales, para determinar, por ejemplo, en cuáles hay que introducir mecanismos de intercambio de información o incentivos para alinear conductas sin riesgos; y en tercer lugar, en revisar los vínculos directos o indirectos con altísimo riesgo.
Este examen donde los profesionales se convierten en inspectores nos obliga a preguntarnos: ¿en qué fortalece la estrategia de sostenibilidad a las empresas?
Creemos que esta labor, se diga o no, está condenada al fracaso por dos razones: en primer lugar, por el desconocimiento profundo en la mayoría de los casos de la actividad empresarial que se analiza; y, en segundo lugar, por la incapacidad de examen riguroso de unas cadenas de valor globales de imposible control, por cambios en el ambiente y en la economía global que están incidiendo en la frecuencia y la magnitud de los shock, con el surgimiento de un mundo multipolar, donde nos enfrentamos a más disputas comerciales, mayores barreras económicas y una creciente incertidumbre geopolítica.
Frente a esta estrategia generalizada de análisis de riesgos propio de la técnica DAFO, que hacían referencia a los cuatro parámetros básicos en toda estrategia empresarial: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, más bien la obligación de los asesores es realizar un “análisis de fortalezas” en los informes de sostenibilidad en materia de medio ambiente y derechos humanos, identificando como su actividad diaria supone un gran valor para la economía circular, innovación tecnológica, mejores prácticas de pago, eficiencia energética y sostenibilidad, igualdad, transformación digital, creación de empleo, desarrollo internacional, inclusión de personas con discapacidad, o proyectos emprendedores.
