Se ha perdido una oportunidad histórica para conseguir que el acceso a una profesión descanse sobre conocimientos de práctica profesional, y no en otro concurso/oposición.
En todos los medios de comunicación (incluida la web del Consejo General de la Abogacía Española) hemos asistido a la felicitación que con carácter general se hace la Abogacía Institucional por el logro de la obtención/publicación de un reglamento que desarrolla la ley 34/2006 de acceso a la profesión de abogado y procurador.
Consciente de las limitaciones de espacio que supone esta tribuna on line de opinión, voy a tratar de desgranar sucintamente lo que a mi parecer no debería ser entendido como una gran "fiesta" colegial, aún consciente del avance que pueda supone la exigencia de una formación complementaria a la universitaria para el ejercicio de una profesión.
1.- A las Universidades históricamente jamás les ha importado la formación profesional. La Universidad forma juristas, no profesionales, apuntaban con cierta distancia.
2.- Han sido los Colegios Profesionales quienes han asumido la formación de los futuros abogados/as invirtiendo tiempo y dinero, conscientes de esa necesidad social.
3.- Una política universitaria absurda ( cuyo colofón es el plan Bolonia, del que por cierto algunos países a Derecho lo han desvinculado) que ha hecho que al menos en Galicia haya una Facultad de Derecho cada 100 Km. (7 en nuestra Comunidad contando con las de la UNED) y propiciado un descenso en el número de matrículas, unida a la necesidad de retroalimentarse la comunidad universitaria para prosperar profesionalmente, abre los ojos a la necesidad de "tomar parte de la tarta " en la formación profesional, convenciendo al legislador de su necesidad de intervenir y cogiendo con el paso cambiado a la Abogacía que pensaba que mejor una regulación a cualquier precio que ninguna.
4. El resultado, una Ley y un Reglamento que:
a) De entrada exime de la necesidad de pasar la prueba de acceso a quienes se haya colegiado en su día o lo hagan en los próximos dos años como no ejercientes ( y ya me dirán el no ejerciente que sabe del ejercicio)
b) Obliga a los Colegios a formalizar un convenio con una Universidad (no se si al Colegio que se niegue le envían la Guardia Civil) cuyos profesores universitarios que han de intervenir ya veremos que saben de la profesión, que en muchos casos seguirán dando clases de conocimientos jurídicos que, o bien ya los han explicado en el grado, o bien no les ha dado tiempo a hacerlo ( la carrera es ahora de 4 años). Es decir, el derecho procesal, por ejemplo, o lo repiten o lo dejan a medias. Si lo dejan a medias pobres graduados, y si lo repiten pobres futuros abogados. Alguien de la antigua licenciatura en derecho (5 años) recuerda haber recibido algún programa completo?
c) El objetivo ahora es pasar un examen, y como es una prueba tipo test y un caso práctico, a eso se dedicarán la Universidad/Escuelas. Poco importa que sepan de que va la profesión, aprobar y sacar el postgrado/master -titulitis- será lo que importa y lo que los alumnos persigan. Hacer pues a lo largo del año muchos test y muchos casos prácticos.
No creo que estemos para celebraciones y a mi juicio la Abogacía no debería participar en una formación que ya con sus Escuelas hacía de forma razonable, claudicando a las exigencias de las Universidades que enorme favor harían si, a través de las Facultades de Derecho, logran que los alumnos sepan diferenciar entre un derecho real y uno de obligaciones, cubrir una letra de cambio o calcular una petición de pena . Si quieren formar abogados y procuradores la Universidad adelante, y el tiempo dirá si esos alumnos/as con el título debajo del brazo no llamarán a los Colegios de Abogados para que se les explique de que va esto…. Y otros 2.000 € . A lo peor el Sr. Hernández Gil, presiente de la comisión de formación del Consejo, en su celebración, le pudo mas su lado universitario que su vertiente profesional.
