El autor sostiene que las ayudas a las Cajas de Ahorros, debido a la actual coyuntura, no son suficientes y señala los riesgos de la politización en la gestión de la crisis.
Todo ha sucedido conforme al guión que iba escribiéndose desde hace ya un tiempo.
La intervención de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha tras sus intentos fallidos de fusión ha sido el último y esperado episodio de una larga agonía que ha terminado, de momento, con la sustitución provisional de sus administradores por el Banco de España.
Junto a ello, la previsión de que el propio supervisor otorgue a la caja la financiación necesaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y posibilitar el mantenimiento de su operativa y sobre todo el cumplimiento de sus obligaciones frente a los ahorradores y acreedores en general. Una financiación que estará asegurada por el aval del Estado, contando a su vez en parte con la contragarantía del Fondo de Garantía de Depósitos, lo que sienta un precedente sobre el que las autoridades europeas han de opinar.
Uno podría pensar que la relativa tranquilidad que se respiraba entre los ahorradores después de la noticia es debida a la adecuada elección del momento y a la contundencia de la garantía total de su dinero, más allá de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, pero seguramente tenga más que ver con que la mayoría de los clientes ya se habían afanado en poner a buen recaudo sus ahorros en los últimos meses y el resto apenas se han inquietado, anestesiados hasta el hastío después de tantos rumores y avisos y de que Pedro se haya pasado el tiempo metiéndoles el miedo en el cuerpo.
No ha sorprendido tampoco que la primera entidad intervenida en España víctima de esta crisis sea una caja de ahorros y de pequeño tamaño, y no un gran banco como ha ocurrido en tantos otros países. El demonio de los activos tóxicos, con su aparente lejanía y halo de misterio, ha dejado aquí paso decididamente al desempleo descarnado y cercano, que ha traído consigo un incremento de la morosidad al que también contribuyen las grandes cifras que desaparecen engullidas por los concursos que asolan especialmente el mercado inmobiliario.
Antes de llegar a la intervención, de la que no hay muchas más salidas para Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha que ser saneada lo más rápidamente posible para terminar siendo absorbida por otra entidad o liquidada y traspasado su negocio al mejor postor, las cajas han tenido a su disposición todos los remedios puestos a su alcance: el recurso al Fondo para la Adquisición de Activos Financieros para colocar algunas de sus emisiones de deuda y el aval estatal para otras, como el resto de entidades de crédito, o la siempre presente posibilidad de poner en el mercado cuotas participativas.
Sin embargo, en esta coyuntura ni siquiera esas ayudas parecer ser bastantes para las cajas de ahorros que, salvo honrosas excepciones, tienen las de perder debido a su carácter claramente territorial, que encierra su negocio en unos límites insuficientes para una correcta diversificación, a lo que hay que unir, casi siempre, una exposición evidente e insostenible al sector que se halla en el ojo del huracán. La raíz de estos males puede buscarse más profundamente en esa "gestión inadecuada" que no es exclusiva de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.
De las cajas de ahorros originarias apenas queda rastro, transustanciadas en verdaderos bancos, si no fuera por la obra social y por la presencia de los distintos poderes en sus órganos directivos. Una politización que es precisamente lo que ha marcado no sólo su devenir en los buenos tiempos, su exposición a determinados negocios ahora ruinosos, su territorialidad que las lastra y las arrastra en muchos casos hacia la desaparición en las fauces de entidades mejor preparadas, sino que, nublando su juicio, está dificultando que en situaciones complicadas como la actual puedan tomar decisiones adecuadas y necesarias desde una óptica meramente empresarial y económicamente lógica.
Que la disposición adicional quinta de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, requiera la autorización conjunta de los gobiernos autonómicos implicados cuando se produzca la fusión entre cajas de ahorros con sedes sociales en diferentes Comunidades Autónomas no es más que una consecuencia lógica de esa situación, una piedra más en el camino hacia una mayor flexibilidad en los necesarios movimientos de concentración entre cajas que podrían ofrecerles una oportunidad de sobrevivir ampliando sus horizontes y complementando sus negocios.
Se dice que se está preparando una reforma, urgente como todo en estos tiempos, de esta Ley, que reduciría drásticamente la presencia política en los órganos de gobierno de las cajas, que buscaría una profesionalización que sin duda beneficiaría a estas entidades, si aún no es demasiado tarde.
Personalmente, no sé qué me preocupa más, si que quienes gobiernan las cajas de ahorros sean políticos, o que sean los mismos que al frente de las diversas Administraciones han de gestionar el resto de nuestro dinero.
