No es raro que los letrados defensores de reos de delitos objeto de gran atención pública sufran críticas e incluso amenazas por ejercer el derecho constitucional imperativo de defensa.
Hace pocos días se celebró en Pamplona un juicio mediático, muy pero que muy mediático. El juicio por el declarado homicidio de Nagore Laffage.
Ha dado lugar a movilizaciones populares, tertulias en programas del corazón de ámbito nacional, debates en cafés, centros de trabajo y foros de Internet. Incluso en la puerta de la Audiencia se ha colgado el cartel de "Aforo completo" como si de un teatro se tratase.
Ha suscitado tanto interés que incluso he recibido por e-mail preguntas de amigos no juristas relativas a las atenuantes tomadas en consideración y opinando indignados sobre su desacuerdo considerándolas una «injusticia».
El objeto de estas líneas no es debatir sobre la atenuante de reparación del daño, cuando esta "reparación" se realiza mediante una indemnización pecuniaria. Sus detractores opinan que provoca desigualdades ya que no todo acusado puede permitirse indemnizar a la víctima o su familia.
Tampoco voy a entrar en disquisiciones sobre si la intoxicación etílica debe dejar de poder funcionar como atenuante para ser siempre apreciada como agravante.
Ni siquiera voy a pronunciarme sobre la vieja discusión de la pertinencia o no de la figura del jurado.
Sirvan estas líneas para rehabilitar la figura del Letrado defensor. Tienen fama, especialmente los dedicados al derecho penal, de manipuladores y mentirosos.
Con frecuencia se dice ¿dormirán tranquilos defendiendo a un asesino o a un estafador?
Se piensa que lo hacen por dinero, cuando, precisamente el ejercicio del derecho penal no es el más lucrativo, ni mucho menos.
Como me dijo un Letrado, «defendemos en el ejercicio de un derecho constitucional imperativo».
La reprobación del crimen, el inmenso dolor de familiares y amigos y el deseo de todo ciudadano de bien de que se haga justicia, no puede nunca llegar al punto de amenazar o insultar al profesional de la justicia que se dedica a realizar su labor con la ley en la mano. Juraron o prometieron el acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así como el fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión y ello no debe convertirse nunca en una tarea titánica.
Es una perogrullada decir que, afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho, pero no hay que olvidar que aunque la justicia del caso concreto sea difícil (yo diría que imposible de lograr) con unas normas objetivas y, aunque nuestras normas jurídicas sean mejorables, muchos países querrían contar con un sistema jurídico como el nuestro. Tampoco, por sabido, hay que olvidar que las garantías procesales deben respetarse siempre; todo acusado, por abominable que resulte su proceder, tiene derecho a ellas.
Ojalá nunca hubiera tenido que celebrarse este juicio. Mis mejores deseos para que los afectados puedan seguir adelante con sus vidas.
