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26/04/2024. 00:40:50

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La Abogacía institucional en la crisis del COVID-19

Los abogados hemos desempeñado un papel crucial, haciendo posible el sagrado ejercicio del derecho de defensa. Es en momentos de crisis cuando se demuestra el verdadero compromiso de las personas, con las organizaciones y con la sociedad.

Ni en la peor de nuestras pesadillas habíamos imaginado la dramática crisis de salud que ha castigado España y, como pandemia, el mundo entero. Los ciudadanos, en el ámbito personal pero especialmente en el profesional, nos hemos enfrentado durante meses a una durísima paradoja: de un lado, la lucha por no paralizar por completo un país con los consiguientes daños, entre ellos, el económico; de otro, el deber y la responsabilidad de colgar el cartel de cerrado para hacer prevalecer, como ninguna otra causa, la propia vida de cada uno de nosotros.

Y aun así, el Estado de Derecho ha demostrado cómo puede seguir funcionando, también en circunstancias excepcionales. En su engranaje, durante el estado de alarma, los abogados hemos desempeñado un papel crucial, haciendo posible el sagrado ejercicio del derecho de defensa, que en modo alguno ha quedado suspendido o amputado.

Una respuesta obligada bajo tres criterios

Como primer responsable institucional de la Abogacía madrileña, me he visto obligado, nos hemos visto obligados, corporativamente, a responder a la dramática crisis del COVID-19 desde tres criterios fundamentales: el sentido de la urgencia, la eficacia y, en tercera instancia, desde la presión y la lealtad para con las instituciones locales, autonómicas y nacionales. Era la única manera de poder ayudar, de salir de tan adverso atolladero, como gremio, juntos y alineados.

A través de su Comité de Crisis, deliberando y tomando decisiones sin reservas y sin tregua, reunido cada 24 horas, el Colegio de Abogados de Madrid no ha parado de tramitar solicitudes y aprobar medidas para la mejor salvaguarda de los derechos y los intereses de 77.000 compañeros y compañeras.

Se requirió al CGPJ la dispensa del uso de togas y a todas las autoridades pertinentes para que facilitaran a cada letrado medios de protección individual. Se ha prestado soporte a los letrados y letradas a través de las dependencias colegiales abiertas, dotándoles de equipos de protección individuales. Se ha mantenido interlocución permanente con todos los órganos judiciales y policiales para la mejora de las circunstancias del ejercicio profesional. Se ha sistematizando el conjunto de la información recibida, comunicándola en tiempo real a través de todas las plataformas posibles: página web, redes sociales y un “mailing” ordenado para dar toda la difusión posible, entre otras, a las resoluciones dictadas por Juzgados y Tribunales.

En ningún momento se ha bajado la guardia. Se ha trabajado con un equipo permanente de Defensa de la Abogacía para la atención telefónica de cuantas dudas y consultas se han ido planteando. El Colegio ha amparado a los compañeros cuando se ha producido cualquier conflicto, no justificado, entre la protección de la salud y requerimientos que han recibido de las autoridades judiciales o policiales para la realización de cualquier actividad que implicaba presencia física.

Nuestra mirada ha estado puesta con especial énfasis en quienes se ha anticipado que peor lo pasarán. De ahí que la Fundación Cortina, esencial en su función de canalizar las prestaciones asistenciales en el seno del ICAM vaya a atender aquellas solicitudes de ayuda debidamente justificadas de los colegiados y colegiadas que, como consecuencia del mazazo del coronavirus, puedan verse en una situación de necesidad.

Han sido meses en los que se ha trabajado para mantener los servicios de guardia enteramente operativos, evitando así que se limiten o laminen derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva o la asistencia letrada a detenidos. Y ha sido, de nuevo, encomiable la tarea que han llevado a cabo quienes, desde el Turno de Oficio, no han parado para asegurar el derecho de cada ciudadano de acceso a la Justicia.

Es en momentos de crisis cuando se demuestra el verdadero compromiso de las personas, con las organizaciones y con la sociedad. Es ahí cuando se descubre la genuina fuerza, al medirse frente a un obstáculo mayúsculo. La Abogacía institucional no ha escatimado ni un solo gramo de su energía ni de sus capacidades en la lucha diaria para que el Estado de Derecho, en la decisiva porción que nos corresponde, mantenga su vigor y prevalezca. Era y es el único camino, la única actitud posible.

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