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07/12/2022. 17:06:44

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La autoridad perdida

abogado y letrado del Parlamento de Navarra

Manuel Pulido Quecedo
abogado y letrado del Parlamento de Navarra

El autor sostiene que el TC, en sus comportamientos, se parece cada vez más a un órgano del Poder Judicial y va perdiendo por sus devaneos mediáticos su autoridad.

Manuel Pulido

El Tribunal Constitucional se parece cada vez más, en sus comportamientos, a un órgano del Poder Judicial, pese a que desde sus inicios, mantuvo que eran órdenes jurisdiccionales diferentes.

La carta del Alto Tribunal dirigida al presidente del gobierno expresando la  queja del colegio de magistrados por la declaraciones un tanto desmedidas del Fiscal General del Estado sobre la STC (Sala 2ª), de 20 de febrero de 2008 (Caso Urbanor), marcan un mal precedente en las relaciones  institucionales entre poderes del Estado.

Si en 1994 el comportamiento de la  Sala primera del TS quejándose ante S. M el Rey por la doctrina sentada por el TC en relación con la investigación de la paternidad (STC 7/1994, de 17 de enero) fue un ejemplo de lo que los iurisprudentes no deben hacer, esto es, llevar a cabo actitudes airadas o poco coherentes con lo que debe esperarse de un alto tribunal de justicia, lo mismo podría hoy reprochársele al Tribunal Constitucional y también al Fiscal General del Estado.

¡Qué duda cabe! que el TC ha marcado en los últimos tiempos un sesgo a su jurisprudencia que se compadece mal con el criterio intentado en sus primeros años de funcionamiento de deslindar las cuestiones de constitucionalidad de las de legalidad y saber mantener así una actitud de self restraint ante asuntos o materias sobre las que debe guardar cierta contención, como es la relativa a la interpretación de la prescripción penal. Pero una vez adoptada tal resolución no debió entrar en quejas epistolares ante instancias políticas con el Fiscal General del Estado, que tuvo como suele decirse una mala tarde cuando expresó de forma airada y poco cuidadosa con el TC, su crítica frontal a la doctrina constitucional expresada en la Sentencia citada más arriba, cuyos efectos prácticos conducen a la absolución  de los  "Albertos".

Este rifi-rafe entre altas magistraturas en poco o nada benefician al TC ni a al Fiscal General Estado. El TC, a mi juicio no ha acertado con su queja ante el Presidente del Gobierno y con dicho camino emprendido, no mejora ni su imagen ante la opinión pública ni acrecienta su auctoritas, tan necesaria en los tiempos que corren, para poder mantener el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.

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