Todos los círculos de nuestro país, tanto políticos como económicos y sociales, abordan como asunto de moda, por desgracia, la grave crisis que a nuestra generación nos ha tocado “padecer” por causas que, o bien se desconocen o bien no nos quieren explicar. Algunos las buscan “allén” de nuestra fronteras mientras que otros señalan directamente a los responsables del gobierno como artífices de la misma.
Pero al margen de las razones que unos y otros tengan, quiero abordar desde ésta tribuna el profundo impacto que los efectos de la crisis está provocando en la Administración de justicia, que se traducen en la ausencia de los medios materiales y humanos necesarios para poder afrontar con garantías la defensa de los intereses jurídicos que, a mi juicio, deben gozar de especial protección en un Estado de Derecho como el nuestro al tener un fuerte y directo impacto sobre los ciudadanos.
Lejos de querer entrar en polémicas sobre la legitimidad o idoneidad de la medida propuesta por los Jueces, dispuestos a secundar una huelga para defender sus intereses, lo que hoy quiero transmitir es la correspondencia absoluta que se produce entre la ausencia de medios y la imposibilidad de aplicar el principio de justicia material que preside nuestro ordenamiento. En nuestro País existe casi la mitad de jueces y juzgados por habitantes que en el resto de Europa. Ello se traduce en que cada titular de Juzgado se ve forzado a conocer el doble de asuntos que su homónimo Europeo, y dado que por mas que uno se empeñe, el tiempo disponible es único, resulta que la dedicación y estudio necesario para dictar una resolución es a todas luces insuficiente para entender y atender cada asunto como se merece, provocando en muchos casos la mala calidad de las resoluciones judiciales y, por ende, la mala opinión que a los ciudadanos les merece nuestra administración judicial.
Es obvio que con tres requisitos como son la formación previa a través de los cursos de praxis jurídica, "tiempo" y "medios", nuestros jueces podrían incidir más y mejor en los asuntos, estudiarlos, comprenderlos y, lejos de limitarse a aplicar de modo "cuasi" automático la profusa legislación existente, reunirían condiciones para profundizar en el aspecto humano de la administración de justicia (base del modelo Norteamericano) que permite analizar con distinta perspectiva cada caso y, sobre todo, resolver de la forma "mas justa" y no exclusivamente de la "más legal", ya que ésta última resulta en muchos casos contraria a los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico cuyo máximo exponente es el de justicia material que es el que al fin y a la postre esperamos todos.
Por ello y desde aquí, quiero pedir un gran esfuerzo a las distintas administraciones para que reflexionen acerca de la actual situación y busquen soluciones que sean favorables a los intereses de la ciudadanía, máximo exponente de nuestro Estado de Derecho.
