El apagón regulador será más sensible dada la rápida sucesión temporal de elecciones locales, autonómicas y estatales
Desde el punto de vista de los jueces y los abogados, no se percibe gran confianza en las futuras reformas de la Justicia
Al margen de cualquier ideología, la reciente disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones provoca la caducidad de los proyectos legislativos en tramitación. El apagón regulador será más sensible dada la rápida sucesión temporal de elecciones locales, autonómicas y estatales.
En el ámbito estatal y autonómico, los proyectos de ley que no vieron la luz de la aprobación, decaen y van a la papelera. Es entonces cuando parafraseamos al jurista alemán von Kirchmann y podemos decir que “un estancamiento del ejecutivo y bibliotecas enteras de boletines oficiales no verán la luz”.
En esta ocasión, tres de las leyes más esperadas en materia de Justicia han decaído, cuya meta trazaba la respectiva Exposición de Motivos: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (“estructura que, optimizando los recursos disponibles, se muestra apta para la obtención de sus objetivos”), la Ley de Eficiencia Procesal (“capacidad del sistema para producir respuestas eficaces y efectivas”) y la Ley de Eficiencia Digital (“la adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo”). Las tres leyes se enmarcaban en el ambicioso Plan Justicia 2030. Se modificaban la Ley Orgánica del Poder Judicial y varias Leyes procesales españolas (entre otras, la Ley de Enjuiciamiento Civil, de Enjuiciamiento Criminal, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la Jurisdicción Social y de la Jurisdicción Voluntaria). Se trataba de una nueva planta de organización, de agilizar y/o simplificar trámites y procedimientos y de hacer efectiva la digitalización de procedimientos más allá de la mera automatización.
¿Quieres leer el contenido completo y el resto de publicaciones de AJA 997?
