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29/01/2023. 23:10:03

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La paciencia de los jueces

Magistrado del Tribunal Supremo

Antonio Salas Carceller

En los albores del S.III escribió Tertuliano su tratado “De Patientia”, en el que defiende que la paciencia enseña a sufrir las injurias y conforta al injuriado porque “el fruto del que ofende está en el dolor del ofendido; luego si no tuvieres dolor de la injuria desvaneces su deseo, y es fuerza que le tenga el agresor, porque sentirá ver frustrada y desfrutada su intención”.

Esta paciencia es propia de los jueces que tantas veces son vituperados con ocasión del desempeño de su profesión por personas que únicamente atienden al resultado de las resoluciones poniéndolas en relación con sus propias opiniones e intereses, sin que -lógicamente- se hayan tomado la molestia de leerlas, al menos para saber lo que en realidad dicen. Es más cómodo reaccionar con verborrea, alentados por otros sujetos que incluso desempeñan, o han desempeñado, posición relevante en la vida pública; los que desde luego tampoco han leído las resoluciones y, si lo han hecho, ha sido con ojos de acusada e interesada parcialidad.

Así, la ignorancia -unida o no a la mala intención- sigue siendo la madre de todos males y, no en vano, decía Voltaire que "la idiotez es un enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás".

Quien considere que siete magistrados coinciden en la satisfacción de condenar a un juez caprichosamente y que, además, tienen preconstituida la sentencia condenatoria por razones que están fuera de la Sala de Justicia, claramente incurren en dichos vicios.

Es la servidumbre y la grandeza de una profesión. Cuando un ingeniero o un arquitecto realiza un proyecto no lo hace en nombre del "pueblo", aunque su actuación pueda afectar a los intereses generales, y en consecuencia aplica su técnica y su arte para obtener una determinada finalidad, sin que dicha actuación se le cuestione desde la calle. No ocurre eso con los jueces. Es lógico ya que se opera sobre cuestiones que, supuestamente, están al alcance de todos. Cualquiera puede opinar y todos tienen derecho a vociferar contra las resoluciones judiciales, porque "la justicia emana del pueblo". Así es, según la Constitución, pero no para que sea el "pueblo" quien pretenda administrarla sino porque tiene en su origen una legitimación democrática. En nombre de esa expresión no cabe justificar que un número de personas -por otra parte, muy limitado- grite desaforadamente a las puertas del Tribunal Supremo pretendiendo ejercer una presión ilegítima sobre los magistrados que han de juzgar. Eso es puro desorden y anarquía. Pero no sólo eso; es, además, una actuación profundamente antidemocrática, por paradójico que parezca, porque esa presión que se intenta ejercer tiene por finalidad obtener un resultado -determinar el sentido de una resolución-  contrariando el interés general de millones de personas de bien que confían en la Justicia y tienen derecho a que los magistrados que la sirven resuelvan en un clima de libertad intelectual y sosiego.

Esto causa estupor y rechazo por parte de una mayoría de ciudadanos que, desde luego, tienen derecho y, además,  merecen que los jueces -como así sucede- actúen imparcialmente y apliquen el derecho de forma igual para todos.

Pero no se detienen ahí los despropósitos. Aún es más grave que, bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria, algún diputado se permita aprovechar la comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia del Congreso para, abusando de la paciencia del Presidente del Consejo y de la del propio Presidente de la Comisión,  apartarse clara y conscientemente de la función que le atribuye la Constitución -que prometió cumplir- para lanzar nuevos insultos al Tribunal Supremo y cuestionar su rectitud al calificar de "barbaridad" y de "escándalo" una determinada sentencia ante quien, por otra parte, ninguna intervención ha tenido, ni puede tener, en la misma.

Nosotros, los jueces, siguiendo el consejo de Tertuliano seguimos respetando a los demás, en la "paciente" seguridad de que la mayoría de los ciudadanos, al margen de encuestas predirigidas, son partidarios de una justicia independiente e imparcial.

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