- Es momento, por tanto, de acabar con las irresponsabilidades que han llevado a la Justicia a una suerte de coma inducido por el que ahora nos toca remar
- Nadie, ningún Gobierno, con independencia de su color político, ha querido enfrentarse a los graves problemas estructurales y funcionales de nuestro sistema
Desde hace meses, venimos denunciando que la Administración de Justicia está gravemente enferma. Una enfermedad que se materializa en una situación de colapso y paralización y que choca frontalmente con el derecho que tiene todo ciudadano a ejercer su legítimo derecho de defensa y acceso a la justicia.
Nadie, ningún Gobierno, con independencia de su color político, ha querido enfrentarse a los graves problemas estructurales y funcionales de nuestro sistema. La abogacía lo hizo, por ejemplo, el pasado 27 de abril, para reclamar una dignificación urgente del Turno de Oficio, que pasa por mejorar los aspectos económicos, sí, pero también por recibir una atención institucional que, desgraciadamente, nunca ha tenido.
Pero no solo la abogacía de oficio ha sufrido el desdén de las diferentes administraciones, sino que la Justicia, en general, como pilar fundamental del Estado, ha sido ignorada. No debe ser de extrañar, por tanto, que la ciudadanía tenga una mala concepción de la Justicia y sus diferentes órganos. Y este es otro de los problemas: la confianza ciudadana en la Administración de Justicia, es una condición sine qua non para el correcto mantenimiento y funcionamiento de un Estado de Derecho, el respeto al ordenamiento jurídico y la convivencia ciudadana.
Todo ello nos ha abocado a una situación dramática e insostenible para la que hacen falta soluciones urgentes. En este escenario, en el que se celebrarán pronto unas nuevas elecciones generales, lo que cabe esperar y desear es que esta sea la legislatura del compromiso con la Justicia, entendiendo ese compromiso tanto con los medios con la que se dota, sus trabajadores, los diferentes operadores jurídicos y, por encima de todo, con la ciudadanía. Es a ella a quien sirve la Justicia y a quienes servimos los profesionales de la abogacía. Si no fuera así, sepa ya el Legislativo que lo exigiremos, como venimos haciendo desde hace muchísimos años en las diferentes responsabilidades y posiciones que hemos ocupado.
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