Las terribles noticias de sufrimiento y muerte que llegan de Haití, tras el terremoto que devastó su capital, hacen que muchos países y organizaciones internacionales movilicen cuantiosos y urgentes esfuerzos en su ayuda. Pasados los primeros momentos de la emergencia, las Instituciones “harán cuentas” y fiscalizarán el empleo de los recursos, para sacar conclusiones sobre su eficacia y eficiencia.
Es el caso del Tribunal de Cuentas Europeo, que acaba de aprobar, el mes pasado, un interesante informe titulado "Ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: toma de decisiones y seguimiento".
El trabajo es la respuesta a la preocupación que el Parlamento Europeo ha venido expresando ante la falta de transparencia en la ayudas y ha solicitado garantías sobre la idoneidad de la gestión de dichos fondos. Por eso, el Tribunal afronta esta fiscalización para responder a dos preguntas concretas:
- La decisión de suministrar la ayuda a través de la ONU es la opción más eficiente y eficaz?
- Garantizan los mecanismos de supervisión la solidez de los procedimientos financieros y el logro de los objetivos?
Ninguna de las preguntas tiene una contestación afirmativa.
Para el Tribunal, la elección de una organización de las Naciones Unidas como socio para las emergencias no está fundada en pruebas suficientes que demuestren ser más eficiente y eficaz que otras maneras de ejecutar la ayuda.
El verdadero problema surge porque el grupo de auditores externos de las Naciones Unidas han cuestionado continuamente el derecho de la Comisión a efectuar controles financieros. Alega que sus sistemas de control son suficientes, pero no ofrece a la Comisión pruebas satisfactorias.
A menudo, esas organizaciones de la ONU subcontratan la realización de actividades a otras cuyos sistemas de control financiero no han sido supervisados por la Comisión, que también se muestra crítica con los informes sobre resultados de las Naciones Unidas que son demasiado generales, no comunican los problemas hallados y se presentan con retraso.
El Tribunal resume de la siguiente manera los problemas de aplicación de la doctrina de la "auditoría única":
"La Comisión se fía del trabajo de los auditores de las Naciones Unidas cuando se permiten los exámenes y el control de los mismos (…) hemos trabajado para superar sus diferencias respecto de las verificaciones, sin embargo la Comisión se ha encontrado con dificultades para acceder a los sistemas y documentos de la ONU".
En 2006, el Tribunal de Cuentas Europeo ya había aprobado un Informe Especial sobre la respuesta de ayuda humanitaria de la Comisión Europea al Tsunami, que había movilizado una financiación de 123 millones de euros.
Con respecto a la rapidez y el nivel de la respuesta, el Tribunal había constatado que los procedimientos de la Comisión permitieron dar una respuesta rápida al tsunami, con la concesión de 3 millones de euros a los que siguieron otros 20 millones de euros en un plazo de cinco días. El elevado nivel de financiación resultó adecuado debido en particular a la transición, más prolongada de lo previsto, de la fase de auxilio a la de reconstrucción.
Por lo que se refiere a la pertinencia de los proyectos y la eficiencia de su ejecución, durante la fiscalización observó que, aunque algunas de las primeras propuestas de proyectos eran una respuesta estándar a una situación de emergencia, por lo general los procedimientos permitieron modificar los proyectos para hacer frente a la evolución de las necesidades.
