La autora analiza la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo algunos artículos del Reglamento de Familias Numerosas que limitaba ciertos derechos, y que a partir de ahora podrán reclamarlos y reivindicarlos.
Normalmente las familias numerosas estamos acostumbradas a que las cosas nos cuesten más y a que el reconocimiento de nuestros derechos sea casi una lucha diaria. Por eso, cuando recibimos el reciente fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, no sólo declarando nulos de pleno derecho parte de los artículos del Reglamento que teóricamente debería desarrollar una Ley en nuestro beneficio (puesto que era la Ley de Protección de las Familias Numerosas), sino que además nos da la esperanza de que por fin nuestros derechos reconocidos por ley no se van a quedar en papel mojado, sino que vamos a poder reclamarlos y reivindicarlos, es justo en ese momento, cuando pensamos que esa lucha diaria por fin da sus frutos.
Y uno de los motivos que ha dado pie a esta sentencia, al margen de que evidentemente tuviéramos razón y de que el Reglamento conculcaba nuestros derechos, ha sido la existencia del movimiento asociativo familiar y en concreto la existencia de la Federación Española de Familias Numerosas con todas sus federaciones autonómicas y asociaciones locales. Es evidente que por mucho empeño que pongamos a nivel particular en revisar las normas que consideremos que nos puedan afectar, y por mucho que denunciemos los actos administrativos que creamos que nos perjudican, como individuos no seríamos capaces de abarcar todo lo que se refiere o afecta de alguna manera a las familias en general, y a las numerosas en particular.
Y ahí es donde reside nuestra fuerza, en las miles de familias que se traducen en cientos de miles de personas que están asociadas y que individualmente van transmitiendo sus preocupaciones y reivindicaciones a través de la capilaridad de nuestro movimiento, y que hacen posible que desde la Federación, o desde las asociaciones, se inicien los procedimientos jurídicos adecuados con los medios y recursos necesarios.
Uno de los principales motivos de la creación de la Federación hace más de 40 años y desde luego uno de sus objetivos prioritarios a fecha de hoy, es conseguir que las Familias Numerosas tengamos el respaldo y reconocimiento político, económico y social que en justicia merecemos. Y precisamente para hacer justicia es por lo que hemos interpuesto los recursos necesarios cada vez que nuestros derechos no son respetados, o aún peor, son pisoteados.
El tribunal lo ha entendido, la sociedad lo comparte, pero ¿qué pasa con nuestras instituciones?, o lo que es lo mismo, ¿qué pasa con nuestros políticos?
En otras sociedades más acostumbradas al debate, al asociacionismo, donde la opinión de los ciudadanos es realmente la que conforma la política del país, Federaciones como la nuestra suponen un verdadero órgano de "presión" y en la mayoría de los casos un órgano consultivo para el gobierno.
¿Quién mejor que nosotros conocemos las necesidades de las Familias Numerosas? ¿Por qué debemos de reaccionar siempre ante medidas que nos perjudican en vez de ser preguntados antes de aprobar una norma que nos afecta directamente? Estamos hablando, en concreto, de que hemos tenido que impugnar el Reglamento que desarrollaba "nuestra propia ley".
Si realmente el juego democrático funcionara, nuestras reclamaciones deberían ser únicamente propuestas de mejora del sistema, pero no defensas de nuestros derechos, ante una mala técnica legislativa o la pura infracción de ley. De hecho preveo que aunque vamos a comunicar a todas las administraciones competentes el resultado de la sentencia, en muchos de los casos deberemos acudir de nuevo al Supremo porque no la aplicarán directamente y de oficio. Y esto ¿qué supone? Más tiempo y recursos dedicados a un tema que por Ley ya era aplicable.
A este respecto sólo un matiz, la Ley es de noviembre de 2003, el Reglamento es de enero 2006 y la sentencia de abril de 2008, es decir durante cuatro años y medio no se han aplicado las ventajas y puesto que la sentencia dice que son artículos nulos, no dice anulables, quiere decir que nunca han existido, ergo, desde el primer momento, al menos desde que entró en vigor la Ley (noviembre 2003) deberían haberse aplicado las bonificaciones contempladas en la ley. ¿Quién nos compensa o indemniza por las bonificaciones o ayudas no disfrutadas durante estos cuatro años y medio? Y ahora además vamos a tener que hacer el seguimiento a las comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen transferidas las competencias y a las empresas privadas de transportes por carretera, ferrocarril, mar y avión, para que de verdad sea efectiva la aplicación de la norma. ¡Y eso que estamos en un estado de derecho! Pero ¿para quién?
Nosotros, los ciudadanos somos la fuerza y motor del país y los políticos sólo deberían defender nuestros derechos, mediante las legislaciones adecuadas, y gestionar los fondos públicos de la mejor manera. No debemos esperar a que ellos propongan y nosotros ratifiquemos mediante el voto, debemos proponer nosotros y que ellos adapten su discurso y programa a nuestras necesidades.
Es notorio que la vía más eficaz de comunicación es el movimiento asociativo, sin colores políticos, simplemente reivindicando, como en nuestro caso, cosas de sentido común: aportamos más a la sociedad a través de unos activos muy concretos -nuestros hijos- por lo tanto tenemos el derecho de exigir y obtener más de la sociedad a la cual beneficiamos.
Confío en que esta sentencia contribuya a mejorar las condiciones de vida de esas familias que, sin esperar nada a cambio, se han lanzado a la aventura de tener un número de hijos -muy superior a la media- que garantizan el sostenimiento económico del país y el relevo generacional.
