El mes pasado, Transparency International (TI) presentó el Informe Global de la Corrupción 2009, que este año lleva el subtítulo “La corrupción y el sector privado”. El documento presenta la opinión de más de 75 expertos que analizan la magnitud, el alcance y las devastadoras consecuencias de la corrupción. Se complementa asimismo con 46 detallados informes de país, así como las mejores prácticas y las recomendaciones.
El Informe documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores de sociedades mercantiles que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversores, empleados y a la sociedad en general. Tan sólo en los países en vías de desarrollo (y en transición) las compañías, que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos, habrían pagado sobornos cercanos a 40.000 millones de dólares por año, según el TI.
El Informe también señala que la mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el coste de los proyectos. Un coste que, en definitiva acaban pagando los ciudadanos. Los casi 300 cárteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por 300.000 millones de dólares.
Uno de los problemas que aborda el Informe es el modo en que el fuerte poder económico de algunas compañías y sectores comerciales les otorga una influencia desproporcionada e indebida sobre el proceso de adopción de decisiones políticas. La falta de regulación de este tipo de influencia fomenta el surgimiento de sistemas cleptocráticos y paraliza el crecimiento.
Las iniciativas de lobby a menudo carecen de transparencia y no se encuadran en el sistema de controles y contrapesos del que dependen las compañías para sus decisiones estratégicas. El traspaso entre el sector público y el privado (puertas giratorias o revolving doors) supone otra práctica documentada en el Informe, que facilita los procesos de contratación pública fraudulentos, en los que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches y bienes y servicios poco confiables.
En fin, que la cantidad y variedad de formas en que se manifiesta la corrupción en el sector privado superan ampliamente en número a las pocas empresas que ponen en práctica sistemas de prevención del abuso de poder con fines económicos ilícitos. Según el Informe, si bien el 90% de las 200 principales compañías mundiales han adoptado códigos de prácticas empresariales, luego, menos de la mitad afirmaron supervisar su cumplimiento efectivo.
