En las últimas semanas hemos asistido a un ataque sin precedentes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde cierto sector político y sus medios afines. Lamentablemente, estamos acostumbrándonos a los ataques por parte de Podemos a todo juez o tribunal que ose aplicarles la ley como a cualquier ciudadano más y ahora, a los calificativos sobre que tenemos una Justicia “franquista” o “fascista” se suman otros nuevos tachando al CGPJ de organismo “podrido” o “en descomposición”. Todo ello con el silencio cómplice del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ni está, ni se le espera en la defensa del Poder Judicial.
Que los Vocales del CGPJ se encuentren en funciones (situación denunciada por todas las asociaciones de jueces) es anómalo, sin embargo, no le resta legitimidad a la hora de tener que continuar con su mandato constitucional, esto es, el gobierno de la administración de Justicia, lo que incluye tener que nombrar magistrados para las vacantes que se produzcan.
Admitir estos ataques por parte de quien forma parte del Gobierno de la nación supone asumir los dogmas de aquellos que buscan destruir nuestro Estado de Derecho deslegitimando las instituciones que no controlan, en este caso, a la Justicia. Poner en el centro del debate político al CGPJ, igual que señalar a jueces cuando no nos gustan sus resoluciones, con argumentos políticos y no jurídicos forma parte de una calculada hoja de ruta para eliminar la separación poderes.
Si hay una dirección en la que deba avanzar la Justicia en España es hacia la despolitización, precisamente lo opuesto a lo que pretenden PSOE y Podemos con su intención de reformar la LOPJ para modificar el sistema de elección de Vocales del CGPJ. En la actualidad, el artículo 122.3 CE establece que son necesarios los votos favorables de tres quintos del Congreso de los Diputados y la misma mayoría cualificada en el Senado para la designación de los Vocales. Las pretendida reforma de la LOPJ consiste en que baste una mayoría absoluta (o simple, lo cual haría aún más fácil la designación, vaya usted a saber) para nombrar los nuevos Vocales del CGPJ. Esto es, simple y llanamente, anticonstitucional.
La intención del Gobierno, no sólo contravendría gravemente el espíritu de la Carta Magna (que sí recoge el art. 567.1 y 2 de la LOPJ), sino que además, acabaría con cualquier tipo de apariencia de neutralidad del CGPJ, que recordemos es un organismo autónomo. Con la propuesta del PSOE tendríamos en la práctica un CGPJ que sería una extensión del Poder Ejecutivo. Para ver una situación semejante en un país de nuestro entorno tendríamos que mirar a Polonia, un país en claro retroceso de calidad democrática.
El presidente Sánchez ya ha puesto en tela de juicio a la Abogacía del Estado con su utilización para alinearla a los intereses del Gobierno, sin olvidar que el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado es una losa que pesa sobre la independencia de la Fiscalía. No podemos permitir que se produzca también un asalto al Poder Judicial, si en algún momento se tramita esta reforma de la LOPJ, debe ser contestada inmediatamente mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional que frene este intento de politización de la Justicia.
