El pasado 18 de septiembre, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, publicó un nuevo Dictamen en el que recuerda que España debe considerar la educación inclusiva como un derecho y eliminar la segregación educativa en sus formas. También, a la luz de los hechos de la demanda, advierte que no se debe perseguir penalmente a los padres que exijan el derecho de sus hijos a tener una educación inclusiva.
En el año 2010, Rubén, un chico de León, tuvo problemas serios en su colegio, algunos profesores lo trataron mal, muy mal, y no querían que continuara en el centro. Urgían a sus padres, junto con la dirección del colegio, a que trasladase al menor a otro centro educativo, a uno de educación especial. Los padres no compartían que fuera obligatorio que su hijo tuviese que salir del sistema ordinario educativo sólo por tener Síndrome de Down puesto que no se estaban implementando los ajustes necesarios, legalmente obligatorios. Pero Inspección educativa no sólo obligó la salida a un centro especial sino que, por oponerse los padres, por medio de fiscalía llegó a denunciarlos por abandono familiar.
Rubén y sus padres recurrieron a todas las instancias, administrativas y judiciales, pero estas les denegaron el amparo. Desestimaron sus quejas alegando falta de medios, pese a que la administración no había puesto ningún medio para que Rubén estudiase con sus iguales en educación ordinaria. Incluso sin que se hubiesen evaluado los requerimientos específicos del menor, el Tribunal Superior de Justicia de Burgos afirmó, en una sentencia, que los medios de la administración “son los que son y no otros”.
Finalmente, en el ejercicio de sus derechos, Rubén y sus padres han conseguido que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en septiembre de 2020, publique un Dictamen en el que se evidencian las vergüenzas del sistema educativo Español, que no es inclusivo y que fomenta la segregación.
En este asunto la falta de apoyos empezó en las aulas, continuó en Inspección Educativa, e incluso se apoyó en Fiscalía y también en algunos Magistrados, que debieron obligar a la Administración a adoptar los ajustes razonables que hubiesen permitido a Rubén permanecer en el programa ordinario de educación.
La falta de medios para lograr una verdadera educación inclusiva es realmente uno de los problemas más importantes, pero no es el único, falta un cambio de actitud de todos los implicados de la comunidad educativa y de la administración, compañeros, padres, profesores, dirección, inspección, la sociedad al completo debemos fomentar la inclusión abrazando la diversidad, dejando de promover un sistema que separa, que segrega.
En España la mayoría de profesores quieren ser inclusivos y cada vez más directores de centros creen en la diversidad. La realidad es que habitualmente fiscalía presenta denuncias como la de este asunto y tenemos sentencias magníficas en nuestros juzgados que determinan la obligación de realizar ajustes en el modelo escolar para facilitar la inclusión de quienes tienen necesidades educativas especiales, sirvan como ejemplo la del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2019 o la del mismo Tribunal de 9 de mayo de 2011.
Los hechos que describe el dictamen, empiezan en el año 2010, e incluyen malos tratos físicos al menor y también una denuncia por abandono familiar a unos padres que luchaban por los derechos de su hijo. Cuentan como la Inspección Educativa no sólo no trabaja por la inclusión, sino que va en contra de esta, lo que nos indica que todavía queda mucho por avanzar.
Desde Naciones Unidas, una vez más exhortan al Estado Español diciéndole que “debe investigar las alegaciones de malos tratos y discriminación, cuando estas se produzcan, “reconocer públicamente, la violación de los derechos del niño Rubén a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación”. Que elimine “totalmente el modelo médico de la discapacidad y definir claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad”, que “adopte medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho”, que “elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad”. Y de manera vergonzante también recomienda al estado español que “vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres …… por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones”.
La educación es el futuro, y la inclusión si se aprende desde niños, será más fácil de desarrollar en la vida adulta. Para lograr la inclusión social se necesita la voluntad de todos, dotación presupuestaria suficiente, recursos económicos que deberán incrementar los actuales y también tomar parte de los ahora dedicados a la educación especial. Pero también se necesita una Inspección que junto con toda la comunidad educativa, crea, sepa y ponga en valor que todos somos iguales.
Cuando esto no suceda, como hicieron Rubén y sus padres, habrá que luchar y persistir en la aplicación de todas las normas nacionales e internacionales que obligan a eliminar toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias.
