El autor defiende que sólo un pacto de Estado mejorará la calidad de la justicia y que éste ha de ser impulsado por fuerzas políticas que comprendan que el totalitarismo partidista puede ocasionar un gran daño a las instituciones jurídicas españolas.
Hace falta un examen total y realista de la justicia española. La deriva partidista, la excesiva ideologización y la ola de indignación popular que los yerros judiciales han despertado en la opinión pública muestran la crisis galopante que atraviesa nuestra justicia. También el divorcio profundo entre los dos grandes partidos nacionales, cuyas cosmovisiones, harto enfrentadas en todos los planos, optan además por cruzar espadas en el ámbito jurídico.
El reciente fallecimiento del magistrado constitucional Roberto García-Calvo ha servido para que tirios y troyanos terminen, una vez más, pisoteando el tablero. En vez de encontrar en tan funesto evento un punto de partida para un nuevo entendimiento, los magistrados se han inclinado por la peor de las soluciones: agudizar los desencuentros y debilitarse aún más, en pos de no se qué prebenda política. La auctoritas del tribunal se está perdiendo a raudales. Su independencia, en ocasiones, comienza a ser vista por el pueblo como una quimera. Con el tribunal en esta absurda coyuntura, es imposible rescatar una Constitución secuestrada por el radicalismo de los políticos.
Por eso, bienvenidas sean las propuestas que Rosa Díez formula en la entrevista que hoy publica Legal Today. Urge reformar el Tribunal Constitucional, es preciso redefinir el modelo de implantación territorial y hay que cambiar la ley electoral. Claro que sí. Estas iniciativas, concretas y realistas, no por ser de la campeona de UPD son buenas per se. Son necesarias -imprescindibles, diría yo- porque conforman el núcleo mínimo que nos impone el sentido común. O pactamos o desaparecemos. O reformamos la justicia de este país o entregamos la independencia de Themis al Leviatán político. Y eso es tanto como legitimar al Gran Hermano omnicomprensivo que algunos políticos profesionales pretenden entronizar.
Siempre desde el realismo, es preciso que el gran Pacto de Estado por la justicia nazca donde debe nacer, esto es, en el seno de la sociedad civil, donde nació también la Transición. De lo contrario, la constitución secuestrada, ese texto que tanta prosperidad nos trajo durante décadas, continuará encerrada en el torreón de los manuscritos herméticos, enmohecida por el poder y arrugada por el manoseo indiscriminado de sus cancerberos, un puñado de líderes cortoplacistas que una y otra vez se han mostrado incapaces ante el gran reto de reformar la justicia y consolidar nuestro Estado de Derecho.
