- Nadie quiso reparar en que el efecto de la reducción nominal del empleo público si no iba acompañada de una política de reordenación funcional
- El tiempo demostró que el gasto era estructural y que, de hecho, no se podía prescindir de los empleos precarios sin afectar seriamente al funcionamiento de los servicios
Hace ya muchos años (2007) que se realizó el esfuerzo de modificar el régimen jurídico del empleo público con la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público. La norma ofrecía un haz de ilusión porque habilitaba la existencia de modelos propios en la AGE y en las respectivas Comunidades Autónomas y porque instauraba instrumentos de gestión que ciertamente nos podían situar en un marco de modernidad que nos situará en una gestión diferenciada de lo que había sido nuestra historia más reciente.
El transcurso del tiempo ha ido diluyendo la ilusión. Las posibilidades de modelos propios y característicos se evaporaron y se convirtieron en pequeñas medidas de un modelo que miméticamente se iba repitiendo desde el que se proyecta en el propio EBEP.
El empleo público como moneda de cambio
La crisis económica hizo el resto. De nuevo, el empleo público fue moneda de cambio y se concibió exclusivamente como una política de gasto cuya reducción o contención se convirtió en un fin en sí mismo. Nadie quiso reparar en que el efecto de la reducción nominal del empleo público si no iba acompañada de una política de reordenación funcional y, eventualmente, de limitación de servicios, era literalmente inviable. Esto hizo que nuestras Administraciones Públicas acudieran a la técnica de precarización del empleo por el efecto de maquillaje que supone el considerar que, al no ser empleo fijo, no computa como gasto estructural.
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