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26/05/2022. 16:25:52

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Por una protección integral en apoyo de las familias

Secretario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

En vísperas del Día Internacional de las Familias –que celebramos cada 15 de mayo- conviene reflexionar sobre la protección que desde el Estado y desde las Administraciones Públicas se brinda a las mismas, precisamente por ser las principales unidades de agrupación de individuos que conforman las comunidades humanas y que permiten el desarrollo y la transmisión de los valores sobre los que existe un amplio consenso universal, como son la solidaridad, la igualdad o la justicia.

En efecto, el art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se refiere a la familia como “elemento natural y fundamental de la sociedad”; siendo, por tanto, una institución a la que debe prestarse un amparo holístico que debe incluir, para alcanzar un estadio completo de dignidad y realización personal, aspectos tan esenciales como la salud, el bienestar, los alimentos, el vestido, la vivienda o la asistencia médica.

Precisamente, la actividad protectora y prestacional por parte de los poderes públicos en torno a la familia constituye uno de los principios rectores más importantes de la política social y económica de nuestro país, que se despliega de una forma transversal a través de un conjunto muy variado de servicios de carácter social y asistencial. Desde prestaciones –tanto contributivas como no contributivas- que se articulan por medio de la Seguridad Social, hasta ayudas públicas en materia de empleo, vivienda o formación, así como la atención de las personas en situación de dependencia, cuya materialización exige una mayor dotación presupuestaria.

El compendio de leyes que hacen referencia a estos asuntos y que de manera directa o indirecta pueden entenderse como relacionadas con la protección social, económica y jurídica de la familia –como así se recoge en el art. 39.1 CE-es muy amplio y complejo. Así como lo es también la gran variedad de administraciones, organismos y entidades implicadas, tanto públicas como privadas, cuya coordinación resulta esencial para ofrecer una tutela en derechos que realmente resulte útil y adecuada, especialmente cuando se tratan de proteger los intereses de la infancia o de las personas que tienen alguna discapacidad.

Por otra parte, la familia, como institución jurídica, es una de las que mayores cambios normativos ha experimentado a lo largo de las últimas décadas. El Código Civil español ha sido reformado en más de una cuarentena de ocasiones desde su promulgación, siendo las variaciones más significativas precisamente las que se refieren al libro primero sobre la persona. Las continuas reformas del matrimonio –junto a la de otras figuras también muy importantes como la nacionalidad o la adopción- suponen el reflejo de las constantes pugnas sociales, políticas e ideológicas en torno a los derechos y deberes de los integrantes de la unidad familiar y la forma en la que ésta se organiza.

Asimismo, dichas transformaciones han puesto de manifiesto y permitido desarrollar aspiraciones tan importantes como las derivadas del creciente protagonismo de la mujer en términos socioeconómicos, de la igualdad efectiva entre las personas -expresándose de una forma especialmente intensa en la Ley del Divorcio de 1981, la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo de 2005 o la Ley de Igualdad de 2007- o de la diversidad que hoy debemos reconocer y predicar respecto a las nuevas realidades familiares.

Respetar el carácter heterogéneo de los distintos modelos de familia que existen en la actualidad es garantizar la igualdad de oportunidades, así como el acceso a los bienes y servicios públicos básicos en idénticas condiciones. Por eso, como parte de las políticas de apoyo a las familias debería contemplarse la especialización de la planta judicial en este ámbito, para superar así la desigualdad que supone para el 53% de la población el no disponer de una protección jurídica a través de un órgano especializado. Las políticas de apoyo a las familias deben ser inclusivas y desplegarse con una vocación de integridad; y en este sentido, en el diseño de las mismas, además de contemplarse elementos tales como la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad y las necesidades específicas que pueden tener determinados colectivos, se hace necesario reclamar una mayor inversión y especialización.

Dicho propósito debe hacerse, además, atendiendo a las recomendaciones que en apoyo a las familias se han formulado a nivel internacional, sobre todo en lo que se refiere a la mejora en la asignación de recursos en infancia y a la oportunidad, que aún tenemos por delante, aunque sea por la vía de enmienda, de introducir en las leyes de eficiencia del servicio público de justicia actualmente en trámite, la especialización con carácter general de los Tribunales de Instancia en Infancia, Familia y Capacidad. Solo a través de la especialización judicial y de unas leyes suficientemente dotadas, se puede garantizar el apoyo integral que la ciudadanía reclama al unísono en estos ámbitos tan esenciales para el Derecho y la sociedad.

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