La Constitución establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado (artículo 66.2) y, así mismo, que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras (87.1). Una estructura, aparentemente sencilla, que se completa con múltiples normas en cuanto a la efectiva realización de esas competencias.
Pero el sistema permite determinar quiénes son los responsables de establecer una regulación legal, de concretar ese principio constitucional recogido en el Preámbulo Constitucional, conforme al que se proclama el propósito de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
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