Ya se ha hecho público el anteproyecto de ley que suprime el Impuesto sobre el Patrimonio sin suprimirlo. No se inquieten ustedes y sigan leyendo, que no soy yo quien desvaría sino el anteproyecto.
Sé que voy contra corriente cuando defiendo la existencia de un Impuesto sobre el Patrimonio general y moderado que sirva de complemento al Impuesto sobre la Renta y excluya, por supuesto, los patrimonios pequeños. La endeblez de las razones en que se apoya el anteproyecto confirma mi teoría.
Reconoce el anteproyecto que el impuesto ha cumplido tres funciones importantes: una función de carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva. ¿Acaso ya no las cumple? Parece que no porque "las transformaciones, tanto del entorno económico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, han hecho que pierda su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado". Es decir, el impuesto ya no sirve porque lo han cambiado y porque ha cambiado el entorno económico internacional.
Efectivamente, el impuesto ha cambiado. En el año 1993 se le inoculó un virus letal disfrazado como "exención de los útiles de trabajo". Una exención que dejó fuera del impuesto a las empresas familiares, a las participaciones societarias significativas y a las conocidas fiscalmente como sociedades holding, es decir, el impuesto dejó de molestar a las grandes fortunas. A partir de ese momento el impuesto quedó tocado de muerte porque no es tolerable que sólo lo sufran los patrimonios medianos y pequeños.
Y, ¿qué ha ocurrido en el entorno económico internacional? La exposición de motivos se guarda de especificarlo y son tantas las cosas que han ocurrido que no sabemos bien a qué se refiere. Puede que esté pensando en que otros países lo han suprimido también, pero eso sólo es argumento de peso desde el papanatismo de quienes piensan que siempre hay que imitar lo ajeno. ¿Será quizá la coartada de la libertad de movimiento de capitales, que ya ha sido utilizada en 2006 para desfiscalizar, entre otras, las ganancias de la especulación en Bolsa? No podemos ignorar que dicha libertad, que aporta beneficios a todos, ha de ser tenida en cuenta por el legislador tributario. Pero no nos engañemos: el argumento no es aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, pues apenas afecta a los no residentes (las sociedades extranjeras no están sujetas), y los residentes están gravados con independencia del lugar donde inviertan sus capitales. Sólo los titulares de patrimonios ocultos en paraísos fiscales se beneficiarán de la supresión del impuesto porque dejarán de estar en la ilegalidad; pero no creo que repatríen sus bienes porque desde el refugio fiscal seguirán evadiendo, entre otros, el impuesto sobre la renta.
Y, ¿tienen algo que decir las Comunidades Autónomas? El anteproyecto pone la venda antes de la herida. Si se deroga el impuesto, cualquier Comunidad Autónoma podrá reimplantarlo como tributo propio porque todas pueden establecer impuestos sobre hechos imponibles no gravados por el Estado. Para evitarlo, el Estado va a optar por suprimir el impuesto sin suprimirlo, creando una bonificación general del 100% de la cuota y suprimiendo la obligación de declarar y liquidar. Es decir, el impuesto sigue existiendo y es campo vedado a la imposición propia de las Comunidades Autónomas porque sigue siendo un impuesto estatal, aunque sea un impuesto que no se exigirá a nadie: ¿alguien puede creer que seguirá siendo un hecho imponible gravado por el Estado?
Pocas veces se disimulan los motivos con tan poca sutileza como en esta ocasión, aunque no se oirán voces en contra porque los vientos de los partidos soplan en el mismo sentido. No deja de ser curioso que el virus que ha matado el impuesto y el ataúd del entierro se pongan por quienes llenan su boca de justicia social y de redistribución de la renta y la riqueza.
