La nefasta confusión del poder emergente de la iglesia católica con el poder temporal romano, producido con Adriano, nos permite parafrasear la conseja “no pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió” diciendo “huye del que fue perseguido”.
En muchas ocasiones civiles se exige jurar un cargo que implica dosis mayores o menores de autoridad. Como parte de la toma de posesión se incluye la declaración de de fidelidad a la función que se va a asumir y que se asume con el juramento.
La viciosa confusión del mundo real, el que vivimos todos, y el imaginado por los que creen en sus distintos extraterrestes -hay censados alrededor de 10.000 extraterrestres distintos con sus respectivos credos, creyentes y jerarquías ad hoc – ha hecho que sea "tradicional" jurar en nombre de un extraterrestre, incluso en las sociedades que ya han recuperado la separación de lo terrestre y lo extraterrestre
Esta fórmula se debe erradicar en una sociedad racional. La evidencia de esta propuesta me exime de toda argumentación. Pero como pese a la evidencia habrá algún rechazo, seguiré el procedimiento de demostración de lo absurdo de una tesis, habitual en las Ciencias Exactas- ¡no cabe mayor certeza! – denominada demostración por reducción al absurdo
La Constitución Española "garantiza la libertad ideológica, religiosa …", art. 16.1. Cualquiera puede creer en el Dios de los Pitufos; también en las más tradicionales de la diosa Luna o el dios Sol cuya existencia real no discute nadie, pero en cuya "divinidad" muchos no creemos; también en otros extraterrestres en cuya divinidad tampoco creemos y cuya real existencia, además, carece de prueba objetiva.
Sin duda, a la mayoría de la sociedad le resultaría de poca garantía el juramento de un Ministro hecho en nombre del Dios de los Pitufos. Quizá no sea menor la mayoría a la que le merece igual garantía el juramento hecho en nombre de otros extraterrestres, en su opinión tan irreales como el Dios de los Pitufos.
Discutir si el Dios de los Pitufos merece más o menos respeto que otro Dios, de los miles existentes, es tarea de teólogos, no de juristas. Se puede creer lo que se quiera.
Aún más, el juramento de honradez que se pide es de naturaleza terrestre. La presencia de un testigo extraterrestre resultaría incoherente. Como dijo una egregia pensadora política: las peras con las peras y las manzanas con las manzanas.
Otrosí digo, si el art. 16.2 de la CE establece: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia", dicho precepto establece con el mismo rigor imperativo, a sensu contrario: Nadie podrá ser obligado a soportar en su vida la imposición de manifestaciones ideológicas, religiosas o de creencias ajenas.
Lo contrario equivaldría a imponer como garante de la honradez para autorizar el ejercicio de un puesto público, el juramento ante el Dios de los Pitufos o ante cualquier otro, máxime si se añade la coda: "si no es así que él me lo demande".
¡De eso nada!. Nosotros, el pueblo español, "en el que resida la soberanía" somos quienes otorgamos este poder, V. se compromete ante nosotros y seremos nosotros los que se le demandemos si incumple, no ningún Dios de los Pitufos, por muy profunda que sea su creencia en él. La demanda no puede esperar a que V. se muera y que, en el peor de los casos, lo envíen al infierno de los Pitufos. Basta de tipos que sólo quieren "responder ante su Dios y ante la historia", a veces amnésica.
La coherencia de las actuaciones es una garantía elemental de corrección. Todo juramento ha de ser tan terrestre como el compromiso que se adquiere.
Que quien jura tiene que respetar la Constitución es una obviedad; por lo tanto, merece ser excluida de la fórmula del juramento. El respeto a la Constitución es una obligación común a todos los españoles; un respeto que no impide, dentro de los márgenes que la Constitución nos ofrece, la pretensión de su modificación.
Que quien jura tiene que respetar la autoridad, sacramentalmente representada, es decir, de forma figurada, por el Jefe del Estado es otra obviedad; por ello debe de ser igualmente eliminada de la forma del juramento. Todos estamos obligados al respeto a todas las autoridades que derivan de la Constitución.
Que quien jura tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, en el ámbito de la competencia que se le otorga con el nombramiento de que ha sido objeto, es la tercera obviedad; cumplir con las leyes es inherente a la condición de ciudadano y hacerlas cumplir, en el ámbito de su competencia, inherente a su condición de autoridad.
Nos queda la fórmula paralela, "prometo por mi honor", también algo vana. Prometer es mero compromiso de aplicación; el honor, lo decía Lope, es patrimonio del alma y el honor de algunos ofrece, más bien, poca garantía para lo que se necesita.
¿Por qué, pues, no substituir esas grandilocuentes faramallas por lo natural?. Dijo Cervantes: "llaneza, muchacho, que toda afectación es vana"; y Gracián dijo: "lo breve si bueno, dos veces bueno; lo mal si malo, no tan malo". Vivamos la realidad.
Eliminemos estas excrecencias vanas de la fórmula del juramento. Son sólo follaje para ocultar lo que hay que ver; lo que importa: la esencia del juramento. Porque su esencia es un compromiso ético, terrestre, concreto, visible y ejecutable:
"Me comprometo a cumplir las responsabilidades que exige el puesto de (dígase el nombre), desempeñarlo sin mentir nunca en su ejercicio, ni en lo grande ni en lo minúsculo; responder sin ocultar, obscurecer, desvirtuar, etc., lo que legítimamente se me demande; ejercerlo sin procurar ni recibir ningún beneficio ni a aceptarlo por su desempeño ni yo, ni ningún miembro de mi familia, ni directa, ni indirectamente a través de persona interpuesta, que no sea declarado pública e inmediatamente. Y si así no lo hiciera, ello será, al margen de las responsabilidades en que haya podido incurrir, motivo de mi cese ipso facto".
De eso se trata; de la realidad práctica; sin dioses ni castigos de ultratumba. Todos los políticos venales dicen, in corde suo, aquello de "cuan largo me lo fiais" cuando juran "y si así no lo hago que Dios me lo demande". ¡Menudo chollo!.
La fórmula propuesta produciría el cese ipso facto de todo político que mintiese; de todo el que se enriqueciese él o su familia de modo directo o indirecto. Esa fórmula de juramento ayudaría a destacar en la sociedad un fundamento ético esencial: mentir es un delito político y social grave; un abuso de la buena fe del otro; y si lo hace una autoridad es un abuso aun más intolerable, porque lo es al pueblo español en el que reside la soberanía nacional, art. 1.2 CE. Y ello aunque parte de ese pueblo revalide al mentiroso en su puesto. La sanción debe ser conforme con la gravedad: verificada la falta al compromiso, sin necesidad de intervención judicial, ocurrirá, ipso facto, la suspensión en esas competencias tan deshonestamente ejercidas
Por supuesto, quienes hayan jurado bajo otra fórmula en el pasado y aun ejerzan en el presente, verán reconvertido el compromiso de su juramento al que ésta implica.
Algunas personas se ríen de que para entrar en los USA tenga que firmarse un papel declarando que se no cometerá ciertos actos. Ellos, más que nosotros, no toleran al mentiroso. A quien mienta, haciendo lo que en el papel dijo que no haría, se le expulsa del país por eso: por mentiroso; de modo rápida y económico.
Pensemos en nuestro país. ¿De cuantos políticos indecentes, por mentirosos, nos habríamos librado en el último cuarto de siglo sólo tras demostrar que mintieron?. No es necesario que estén imputados, mucho menos que sean condenados; mucho menos que sean condenados en sentencia firme, un proceso que pude durar años y años. Bastaría la indecencia ética de mentir para liberarnos de un político indeseable. Que ya se sabe que el que hace un cesto, hace un ciento.
Y todo por el mínimo precio de cambiar la fórmula del juramento para hacerla más racionalmente terrestre.
Así, con pequeñas exigencias éticas es como se logra el progreso del país.
