En estas vacaciones de primavera he descubierto el mejor remedio para escaparle a la persecución mental del fin de la pandemia: pasar unos días jugando y corriendo con la familia en los parques de Disney, Florida. Desbordante de público de todas las edades y orígenes, con y sin mascaras, el mensaje cultural de esta compañía es siempre tan fascinante como energizante. Para los que enseñamos y estudiamos el Environment Social Govenance (ESG) corporativo, no hay nada mas idealista que pasear libremente en un mundo de fantasía, disfrutar de los juegos con máxima seguridad y compartir la diversidad cultural como virtudes paradisiacas concentradas dentro de una misma jurisdicción.
Curiosamente, uno de los eventos de política legislativa mas notorios de este trimestre en Norteamérica, ciertamente útil para el análisis del ESG, fue la afanosa reacción de Disney y sus empleados contra una nueva ley educacional de Florida. La normativa fue impulsada con éxito por el actual gobierno republicano del jurista latino-italiano formado en la Naval Justice School, Ron DeSantis.
“The Don’t Say Gay Bill”, así llaman sus opositores a esta nueva ley (Bill 1557) del Estado de Florida fue sancionada el 7 de enero y entrará en vigor en julio de este año. Esta ley estadual, dedicada a los derechos parentales en la educación, requiere a los directorios de las escuelas establecer procedimientos para notificar a los padres de los estudiantes sobre toda información calificada relativa a la educación de sus hijos. Asimismo, y entre otras reglas, las mas polémica sin dudas es la que prohíbe discutir sobre la orientación sexual en grados primarios o hacerlo de una manera que no sea apropiada o para el desarrollo de los alumnos.
Por ejemplo, las líneas 1 a 35 del texto adoptado dedicado a los considerandos explican que los colegios tienen que informar a los padres acerca de los procedimientos de enseñanza que adopten para asegurarles un control eficiente sobre las decisiones vinculadas a la salud mental, emocional, física y bienestar de sus hijos. Se prohíbe a las escuelas retener indebidamente esa información esencial sin transparentarla a los padres, atribuyéndole una acción declaratoria a estos últimos para obtenerla y demandar a la escuela cuando alguna práctica o procedimiento pudiera ser lesiva para los estudiantes.
¿Que significa “lesiva para los estudiantes”? La sección 1 (línea 39 a 78) otorga a los distritos escolares y a su directorio, las facultades y obligaciones para definir acciones sobre el bienestar de los estudiantes debiendo notificar a los padres cualquier cambio o monitoreo relacionado con el bienestar, salud física y emocional de sus estudiantes. Dicha notificación debe surgir de un procedimiento para reforzar el derecho fundamental de los padres a decidir y controlar esos procedimientos escolares. La notificación no tiene en cuenta circunstancias especiales como el caso de padres divorciados o estudiantes en tratamiento de salud para evitar contradicciones entre padres e hijos como por ejemplo hijos que se sientan transexuales y lo oculten a sus padres.
Para esta ley, el derecho a que los padres decidan sobre el bienestar de sus hijos es soberano. Los consejeros de las escuelas que habitualmente lidian con problemas de comunicación en temas de orientación sexual entre los estudiantes y sus padres ahora deberán incitar a los hijos a comunicarse con sus progenitores e informarlos. No obstante, ante un riesgo de abuso, abandono o negligencia de los hijos por los padres, la ley permite excepcionalmente que el personal de las escuelas no informe a los padres.
Las líneas 97 a 101 de la norma prohíben enseñar o tratar en clase, aún a través de terceras instituciones o personas durante la maternal hasta primario (1 a 10 años) orientación sexual de manera inapropiada fuera de los estándares determinados por el estado. El alcance de esa limitación es indefinido: puede llegar a modificar la literatura escolar hasta afectar los derechos de padres de mismo sexo sobre los cuales no se podría hablar en clase.
La norma establece finalmente la necesidad de definir a nivel gubernamental bajo competencia del departamento de educación, antes del 30 de junio, tanto los parámetros sociales entre la edad de los niños y su acceso al conocimiento de la orientación sexual como los niveles de contenido de la información que pudiere ser perjudicial para los estudiantes. Una verdadera curiosidad.
¿Cómo entender la posición de Disney? A mediados de marzo, empleados de Disney comenzaron a manifestarse en Florida contra de esta ley llamándola de “Don’t Say Gay Bill”, empujando al CEO de la corporación, Bob Chapek, a defenderlos. El CEO sostuvo abiertamente su apoyo a la comunidad de empleados LGBTQ+ pero afirmando que las políticas de ESG de la compañía no podían cambiar demasiado y que frecuentemente son usados como armas para dividir a una comunidad o para inflamarla. En efecto Disney es el mayor empleador de Florida con mas de 75.000 funcionarios y como muchos condenaron la tibieza de su CEO, Chapek terminó por encender su oposición frente a la ley de Florida.
¿Como funciona el ESG de Disney exactamente? Desde 1967, Walt Disney World Resort tiene su propio gobierno y dicta sus propias reglas administrativas en el estado de Florida dentro del territorio de su parque. La legislatura del estado creó un distrito conocido como Reedy Creek Improvement, con los mismos derechos políticos que un “county” en Florida incluyendo ciudades como Bay Lake o Buena Vista. En ese sentido la “G” de gobernanza en el ESG de la corporación Disney debe asimilarse a la autonomía de un gobierno distrital de Florida.
¿Una definición de política ESG insuficiente o desmedida? Días mas tarde, la presión social de los empleados de Disney ubicó al CEO Chapek en la escena política, haciéndole entender que había lastimado a su equipo con su moderación. Se convirtió en un aliado en la lucha por la diversidad de genero, frenando todas las donaciones políticas en el Estado de Florida, exigiendo la derogación del Bill 1557, donando 5 millones de dólares a las organizaciones que protegen los derechos LGTBQ+ e indagando entre sus empleados cómo podría asistirlos mejor.
El mensaje oficial de Disney transmitió que la función ESG de la compañía frente a esta ley es exigir que la legislatura la derogue y que las cortes sentencien su invalidez, comprometiéndose a apoyar a las organizaciones estatales y naciones que defiendan estos dos objetivos.
Pese a la precisión jurídica de su posición, los empleados remarcaron que la adopción de estas medidas del CEO de Disney es tardía y que debió ejercerse antes de la sanción del Bill 1557.Los empleados de PIXAR por ejemplo, empresa de Disney, revivieron el debate y hasta lograron la inclusión de imágenes previamente cortadas de un beso entre dos personajes femeninos en la próxima película” Lightyear”.
El péndulo entre la política del estado y el ESG corporativo. En respuesta al cuestionamiento de la empresa y persistiendo en mantener la ley 1557, el 30 de marzo, el gobernador DeSantis anunció que ya es tiempo de rever los privilegios especiales que Disney recibió durante décadas gracias a su autonomía territorial en el distrito de Reedy Creek.
Pese a tener el mismo estatus político de distrito, Universal Studios en cambio, no opinó. Indudablemente, el tiempo disolverá toda posibilidad de enfrentamiento legislativo entre Disney y el gobierno de Florida. La legislatura del estado entró en receso y no se podrá tratar ni el cambio de estatus de Disney ni la derogación del Don’t Say Gay Bill hasta marzo del próximo año.
