El estallido de la crisis financiera ha incrementado los focos de atención sobre las agencias de calificación de riesgos. Desde que surgieron se las considera como el nuevo oráculo de Delfos y empujan a movimientos compulsivos de los mercados, que atienden a sus señales de descalificación como hipnotizados. Y, a pesar de sus imprecisiones y confusiones, a pesar de sus conocidos errores en las crisis bursátiles, pocos piensan en exigirles responsabilidades económicas.
Las descalificaciones a las deudas públicas de algunos países han hecho saltar también la alarma a las instituciones europeas y el debate se ha abierto, aunque algo vago e inmaduro.
Así, en la última discusión en el Parlamento Europeo (celebrado el pasado día 15 de junio), se ha apuntado la conveniencia de abrir el mercado, ya que son tres las agencias que aparecen en los medios de comunicación. Pero esta petición, amparada en el dogma de la máxima competencia que obsesiona al Derecho comunitario, parece desconocer que hay casi más de doscientas agencias y que es el propio mercado el que ha derivado en este oligopolio de una trinidad dominante, lo que, por lo demás, casi siempre ocurre. También se confía en que el nuevo organismo europeo, que deberá controlar los mercados de valores, supervise a estas agencias. Pero hasta que eso llegue seguirán soplando vientos tormentosos en los mares de la negociación financiera.
Poco se profundiza en los métodos de trabajo de estas agencias. Se da por hecho que las remuneraciones e incentivos, que reciben de las propias empresas que califican, son el modo normal de negocio. Pero esa es sólo una posibilidad y, en todo caso, deberían ser públicas sus tarifas para que los inversores calibraran con mayor conocimiento la objetividad de su juicio. Pues ¿qué pensaríamos de las calificaciones que diéramos los profesores si fueran fruto del pago hecho por los alumnos? La transparencia es el presupuesto mínimo para que la calificación posea algún crédito. Si hay un precio, hay que saberlo. Pero, es más, ¿por qué descartar otras formas de retribución? ¿Por qué ha de proceder la remuneración de las sociedades objeto de análisis y no de los inversores que quieren conocer la situación del mercado?
Ante estos problemas surge también la propuesta de crear una agencia europea de calificación. Máxime cuando en el ojo del huracán se han colocado ahora las emisiones de deuda pública de muchos países Las reticencias ante una agencia pública aparecen prontas: ¿qué mejora puede suponer una agencia europea que analice la propia deuda de los Estados miembros? ¿Mantendrá alguna objetividad? ¿O es que se ha olvidado ya el rubor de casos como Eurostat al analizar las cuentas maquilladas de algunos países? Pocas garantías se han establecido para preservar la independencia y neutralidad de los organismos públicos. Los llamados entes reguladores del mercado oscilan entre los riesgos de quedar atrapados por la influencia política o de los grandes empresarios del sector.
Una certeza existe hasta ahora, y es que el Banco Central Europeo ha conservado un halo respetable de independencia en su trascendental actuación. De ahí que me pregunte, ¿y por qué no atribuir a los servicios de este banco, a sus buenos profesionales, el análisis de la deuda pública? Sobre todo porque esta deuda es la utilizada preferentemente por las entidades financieras como aval de las peticiones que realizan ante la citada institución financiera.
La confianza en que la crisis económica se controlará, y se recuperará poco a poco el ciclo de crecimiento, me hace pensar en que esas descalificaciones de la deuda pública sean transitorias y, por ello, resulte prescindible contar con un nuevo organismo público.
Es más, creo que la integración económica europea debe avanzar en emisiones de deuda pública europea, que vayan sustituyendo las emisiones de los Estados miembros. Una vez más, la crítica situación puede servir de impulso para dar un gran salto hacia una verdadera Unión Europea. La crisis como entibo para mejorar. Así ha sido siempre a lo largo de toda la Historia.
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