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03/12/2022. 21:18:06

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Una enfermedad conocida

David Baquero Pérez
abogado y analista de Maiestas Institute

El autor considera que, a pesar de las buenas intenciones del Grupo de Estudios de Política Criminal, las medidas para atajar la corrupción urbanística han de estar acompañadas de un rediseño del modelo de financiación de los ayuntamientos.

David Baquero

El Grupo de Estudios de Política Criminal, conformado por doscientos fiscales, jueces y catedráticos de derecho penal publicó, no hace mucho, firmó un manifiesto con el que pretende concienciar a la administración para que actúe de manera más firme contra la lacra de la corrupción urbanística. El texto en cuestión propuso elevar las penas para los delitos relacionados con dicho fenómeno. Además, los juristas pretenden agilizar los procesos de demolición de bienes declarados ilegales en los tribunales, en un esfuerzo por evitar los daños que produce a la sociedad seguir tolerando que los hechos consumados continúen dictando el resultado de los procesos. Son conocidos los casos de edificios fraudulentos que, al verse inmersos en eternos procesos de derribo, son ocupados, causando terribles consecuencias para los vecinos, ayuntamientos e incluso para el medio ambiente.

Pero las consecuencias de la corrupción en este ramo de la economía trascienden con mucho el ámbito de las familias perjudicadas. Los tentáculos de estas mafias infiltran los consistorios como un cáncer que pretende influir en todas las decisiones de los entes locales. Una vez empieza a manar el dinero negro, es cuestión de tiempo para que se alteren los servicios que presta el ayuntamiento. Ya lo hemos visto: cuando caen los cárteles del ladrillo también se destapan malos manejos en la recogida de las basuras, el acueducto, los trasportes y hasta en el empadronamiento. Marbella es el ejemplo más ilustrativo, pero no podemos olvidar los casos de Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx.

El buen juicio que guía estas propuestas es innegable. Es preciso disolver los ayuntamientos corruptos y ampliar la autoridad e independencia de los órganos consistoriales encargados de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, así como involucrar en el control a notarios y registradores de la propiedad. Sin embargo,  me temo que todas estas iniciativas, guiadas sin duda por un verdadero afán por atajar el problema, se convertirán en agua de borrajas si el presupuesto de los ayuntamientos sigue dependiendo directamente de la expansión de los suelos urbanizables, bajo la premisa de que, ampliándolos, también se aumenta la capacidad recaudatoria de los consistorios. Mientras los ayuntamientos tengan en sus manos la gallina de los huevos de oro, que les permite salir de cualquier apuro con solo sacar un solar al mercado, y que financia a políticos populistas a la hora de renovar sus mandatos e inyecta capital al comercio local, cualquier afán reformista terminará estrellándose contra los muros de la corrupción urbanística.

El Grupo de Estudios de Política Criminal tiene razón en todo lo que propone, pero precisa de un apoyo más decidido de las fuerzas políticas nacionales para reconducir la financiación de los entes locales en España. De lo contrario, los ciudadanos seguiremos pagando, de nuestro bolsillo, la hipoteca de la corrupción.

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