El autor habla sobre la sentencia de la Sala Tercera Tribunal Supremo que anula algunos artículos del Reglamento Notarial, resolviendo así el recurso planteado por el Colegio de Registradores. Argumenta que se trata de un debate técnico y no político y que cualquier reforma de aspectos sustanciales del sistema de seguridad jurídica preventiva debe hacerse intentando conseguir la anuencia y el consenso de los operadores en él involucrados.
El 20 de mayo pasado la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló total o parcialmente 23 artículos del Reglamento Notarial, estimando muchos de los motivos de impugnación que formuló el Colegio de Registradores. Una resolución judicial sobre una cuestión técnica es muestra de normalidad institucional y sólo significa que el sistema de garantías jurisdiccionales funciona. Por eso causa sorpresa la exagerada respuesta del Consejo General del Notariado. No es acertado tergiversar las posibles consecuencias del fallo para amedrentar a la ciudadanía, como si una sentencia judicial, que no ha hecho más que poner algunas cosas en su sitio, hubiera de considerarse una catástrofe. Algo habitual cuando se trata del juego político o mediático, pero que no debiera producirse cuando se trata de corporaciones profesionales jurídicas, apolíticas por definición. Notarios y registradores somos compañeros de jueces y magistrados, y les debemos respeto, afecto y apoyo. Los ataques interesados o ignorantes que reciben los sentimos contra nosotros mismos como servidores de la Justicia y el Estado.
Cuando en 2000 y 2001, el Tribunal Supremo anuló a instancias notariales parte de la reforma del Reglamento Hipotecario de 24 de septiembre de 1998, el Colegio de Registradores no alzó la voz ni atribuyó el fallo a conspiración alguna. Tampoco la seguridad jurídica se vio amenazada. El sistema es lo suficientemente antiguo, sólido y eficaz como para encontrar soluciones a los problemas. El fallo pudo gustar o no, pero el Tribunal Supremo tiene la última palabra y su resolución fue fundada y creíble, al menos tanto como lo es ésta, que, no se olvide, se ha dictado por unanimidad.
La versión de la guerra es errada, como pone de manifiesto el ordenado y eficaz funcionamiento cotidiano de los casi mil doscientos registros y de las más de tres mil notarías existentes en España. No hay guerra, pues el Colegio de Registradores considera esencial la labor notarial. De admitirse semejante tesis, resultaría que el Notariado está en guerra con el mundo. Abogados, graduados sociales o gestores administrativos han visto con preocupación algunas de las nuevas normas promulgadas. Incluso el Notariado estaría en guerra con el Notariado, pues del total de 43 recursos interpuestos contra el reglamento de la más diversa procedencia -y que todavía están pendientes de fallo- los hay hasta de notarios jubilados y en activo.
Pretendemos mantener las cosas dentro de sus límites racionales. Igual que no sería bueno para el tráfico jurídico que los registradores ejercieran de notarios o de jueces, tampoco ayudaría que los notarios ejercieran de jueces o registradores. El sistema pivota sobre el control independiente y no elegible de la legalidad a efectos registrales de los negocios jurídicos inmobiliarios y mercantiles para que sus efectos queden proyectados frente a todos y no sólo frente a las partes que acuden a la notaría.
Se trata de una legítima controversia jurídica sobre la prestación de fe pública y el control independiente que ésta requiere para proteger a los no comparecientes. Lo que debe esperarse de los responsables políticos, una vez se resuelvan todos los recursos, es que ejerzan de árbitros imparciales para dar a cada uno lo suyo, esto es, su parte de razón, de modo que la próxima vez que pretendan regular aspectos sustanciales de la seguridad jurídica preventiva lo hagan teniendo en cuenta la opinión de todos los agentes que en ella intervienen.
Sólo así se logrará mantener lo mejor de un sistema que durante casi dos siglos ha demostrado ser tan eficaz como eficiente.
