El estado actual de nuestro sistema de justicia contrasta con el desarrollo tecnológico de otros operadores jurídicos con los que interactúa cada día. Es cierto que el problema tiene difícil solución pero, o bien no se hace todo lo posible, o bien lo posible no es suficiente.
Lo vintage está de moda ya desde hace años, especialmente en las disciplinas estéticas: el arte, la moda, la música…; pero desgraciadamente también está presente en otros ámbitos de manera indeseable, concretamente en los Juzgados y Tribunales españoles, tachados habitualmente como decimonónicos y arcaicos, especialmente en lo que a medios materiales se refiere.
Recientemente, han sido varias las iniciativas gubernamentales y legislativas que conscientes de la situación, pretenden una renovación total, una modernización del sistema que nos ponga de una vez por todas en el siglo XXI sin pasar por el XX, pero parece que la omnipresente crisis económica nos ha devuelto a la cruda realidad.
Es cierto que se pueden achacar a las estrecheces presupuestarias circunstancias como la desaceleración de la nueva oficina judicial y de los planes de modernización, pero ello no excusa que durante épocas de bonanza económica, no se haya procedido a realizar tareas tan básicas como la digitalización de los autos o la interconexión e integración entre órganos judiciales de distintas sedes. La falta de medios también provoca retrasos y atascos que afortunadamente no llegan al colapso por el esfuerzo de Jueces, Secretarios y funcionarios que inevitablemente luchan frente a la cantidad cediendo en calidad.
Lo más preocupante es que las últimas reformas buscan la renovación a través de las limitaciones en el acceso a la Justicia por parte de ciudadano. No cabe duda de que se pueden potenciar instrumentos valiosísimos como el arbitraje y la mediación, todo sea por no sucumbir al virus de la litigiosidad galopante que nos empieza a llegar de E.E.U.U.. Pero el Estado no puede obviar el derecho a la tutela judicial efectiva, no puede soslayar una de sus competencias más básicas, un servicio público esencial como es la heterocomposición de las controversias entre particulares, y ha de ser una Justicia de calidad. No nos podemos arriesgar a que el ciudadano perciba como una posibilidad la realización arbitraria del propio derecho, la venganza privada, el talión.
Por ello y eufemísticamente hablando, nuestra Justicia es vintage, retro o simplemente obsoleta; y contrasta con las nuevas tecnologías que empiezan a manejar otros operadores jurídicos como procuradores o abogados y que en muchas ocasiones si bien exigen una costosa inversión inicial, a medio plazo suponen un ahorro de costes, medios y tiempo. La fases prelitigiosas de un asunto han avanzado vertiginosamente, desde la relación con el cliente a través de la web, la preconstitución de la prueba en nuevos soportes, hasta las intimaciones del deudor por medio de SMS o e-mail con fehaciencia probatoria. Pero al llegar al Juzgado todo se detiene y entramos en la dimensión desconocida de los plazos impropios.
No es tan difícil ver en un Juzgado imágenes tan simbólicas como un IPad apoyado sobre un pupitre de principios del siglo XX, y las perspectivas no son muy halagüeñas. Según se comenta la última promoción de Jueces en proceso de formación podrían quedarse en el dique seco por una temporada al no haber dotación presupuestaria para crear las plazas judiciales que estaban previstas. Y con este panorama ¿Quién se va a preocupar por la modernización de la Justicia?.
