Que el precio del litro de la gasolina en España supera los dos euros, es una realidad tan palpable como que la inflación anual del índice de Precios al Consumo (IPC), en julio de 2022, fue del 10,8%. Se trata por lo tanto, del nivel más alto registrado desde 1984, ni más ni menos, y se debe principalmente al aumento del precio de elementos tan esenciales para las familias y consumidores como son: los alimentos, la electricidad, la ropa y el calzado. No se queda muy atrás la inflación subyacente de alimentos no elaborados ni productos energéticos, que alcanzó el 6,1%. Dato que no se observaba desde 1993.
Mientras esta pérdida de poder adquisitivo se va consumando sin pausa y empobreciendo a los hogares más vulnerables a ritmos jamás vistos, no es de menor relevancia traer a colación un debate necesario que requiera de medidas extraordinarias, llevadas a cabo por personas extraordinarias: o deflactamos las tarifas impositivas y los mínimos personales, como ya sucedió en 2008, y/o incrementamos los salarios, de tal manera que los hogares no pierdan al menos, el poder adquisitivo que un día lograron conseguir tras sobreponerse una y otra vez en numerosas ocasiones. Y es que no hay nada más perseverante y meritorio, que la capacidad que tiene de sobreponerse la clase media española.
Cabe destacar, que las subidas salariales producidas en España durante el último año, habiendo sido alrededor del 3%, nos siguen condenando a esta espiral de pérdida de poder adquisitivo. Los incrementos salariales previstos, no son nada esperanzadores, si no se produce a la par una urgente deflactación del IRPF. Esta segunda medida es esencialmente necesaria, ya que no es posible exigir más a nuestras PYMES, que como motor económico y mayores creadores de empleo en nuestro país, se encuentran ya asfixiadas por el pago de impuestos, muchas veces de carácter regresivo, y especialmente por los de carácter indirecto, que no atienden a su capacidad y situación económica real.
Ambas medidas no deben ser excluyentes, es más, se puede y se debe deflactar la tarifa del IRPF y adaptar dentro las posibilidades los salarios a la situación real del mercado. Por dicho motivo, la mejor manera de deflactar es bajar los tipos de gravamen del IRPF, en el mismo porcentaje en que se suben las rentas gravadas. De ahí la necesaria comunión entre deflactación y el incremento de la renta, y que de no producirse, conllevaría una subida impositiva encubierta sin necesidad de reforma legislativa y con todo el sigilo del mundo. ¡A ver si cuela! Algo que está sucediendo actualmente.
¿Y es que, tiene sentido pagar más impuestos por el mero hecho haber tenido un incremento salarial como consecuencia de la inflación? Naturalmente que no. Para más inri, resulta evidente que no combinar ambas medidas abre una grieta, muy difícil de sellar, entre el Estado y el contribuyente. Por eso resulta muy necesario aunar esfuerzos, para que esta progresividad en frío no merme más aun la capacidad de consumo en los hogares, lo que a su vez afectaría en la recaudación de otras figuras impositivas, ya sean directas o indirectas. Dicho de otra forma, sin consumo no hay recaudación, lo cual se traduciría en “pan para hoy y hambre para mañana” en las arcas públicas.
Mientras tanto, la postura del ejecutivo consiste en no deflactar el IRPF, pese a los pulsos autonómicos, especialmente de comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla León y Galicia, puesto que entiende que adaptar la inflación al IRPF, no es una modificación que pueda atajar la subida de precios generalizada. Razonamiento que se encuentra avalado por el Fondo Monetario Internacional, que entiende que las bajadas de impuestos en circunstancias críticas como la que vivimos, pueden aumentar la presión alcista sobre los precios internacionales.
Claro está que tampoco es un motivo de peso, para no adaptar el IRPF, la “extraordinaria recaudación de la Administración”. Es más, precisamente este bucle inflacionista ha sido clave para que la AEAT se encuentre en máximos históricos, habiendo ingresado más de 100.000 millones de euros en no más de medio año.
En definitiva, en tanto en cuanto no se deflacte el IRPF y los salarios no sean ajustados al nivel de mercado, el contribuyente se verá afectado desde una doble perspectiva, ya sea porque la subida salarial le hará tributar más, al ser el IRPF un impuesto de carácter progresivo, y porque los incrementos salariales nunca van a estar al nivel de la inflación, ya sea por la limitación del tejido económico en España o por el pacto de rentas en el que se ampara en Ejecutivo.
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