La Ley de Reducción de la Infracción estadounidense (IRA, por sus siglas en inglés), promulgada en agosto de 2022, es la norma económica estrella del mandato del presidente Biden, que consiguió su aprobación en el Senado por los pelos (51 votos frente a 50), después de que esta cámara hubiese paralizado meses antes el más ambicioso plan Build Back Better.
La contención de la inflación se pretende alcanzar mediante la reducción del déficit, la disminución del precio de los medicamentos con receta y la obtención de ingresos tributarios procedentes de las grandes multinacionales, esto último a través del establecimiento del impuesto mínimo del 15% en una adaptación sui generis del acuerdo multilateral alcanzado en el Marco Inclusivo de la OCDE (GloBE) en 2021.
Adicionalmente, y con una dotación asociada a tal fin de 391.000 millones de dólares, la IRA se configura como un instrumento esencial en la lucha contra el cambio climático y para la promoción de las energías limpias, rompiendo así con la pasividad de la que había hecho gala la administración de Donald Trump. Para lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 sean un 40% inferiores a las del año 2005, las medidas adoptadas consisten principalmente en ofrecer créditos fiscales a largo plazo (al menos diez años) a todo tipo de tecnologías relativas a energías limpias.
En los últimos años los incentivos fiscales a las energías renovables en Estados Unidos han sido los llamados ITC (deducciones fiscales a la inversión) y PTC (deducciones fiscales a la producción). Los parques solares y eólicos podían beneficiarse de los ITC, consistentes en una deducción del 30% de la inversión inicial y que se generan en el ejercicio de entrada en funcionamiento. Por su parte, a los proyectos eólicos les eran accesibles también los PTC (alternativamente a los ITC), que proporcionan un ahorro fiscal en función de los kilowatios/hora producidos durante los primeros diez años de vida del parque. Tanto los ITC como los PTC estaban, antes de la IRA, en la fase final de su desmantelamiento, y la nueva ley reactiva los porcentajes máximos de deducción para los proyectos cuya construcción se inicie antes de finalizar 2024, permitiendo también a los parques solares acceder a unos PTC que previamente les estaban vedados.
Para las instalaciones con puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2025, y hasta al menos 2032, se introducen nuevos ITC y PTC aplicables a la generación de electricidad para todas las tecnologías de cero emisiones, de manera que, más allá de las energías renovables tradicionales (solar y eólica), las inversiones en biogás, geotérmica o captura de carbón tendrán la oportunidad de beneficiarse de un marco fiscal favorable y estable durante al menos una década. Además, los ITC del 30% se extienden por primera vez a las instalaciones de almacenamiento de energía (baterías, aire comprimido, acumulación por bombeo, etc.), siempre que su destino sea la conversión en electricidad. Por último, los proyectos de hidrógeno azul y verde también son aptos para beneficiarse tanto de los ITC como de los PTC.
Otra medida fiscal de enorme importancia es la creación de una deducción por la fabricación de determinados componentes necesarios para los proyectos de energías renovables (polisilicio solar, módulos fotovoltaicos, obleas semiconductoras, inversores, palas de aerogenerador, góndolas, torres, jackets, minerales críticos, etc.). La base de la deducción varía en función del componente concreto producido, siendo en algunos casos el peso o capacidad, y en otros el coste de fabricación. Este incentivo, aplicable en su cuantía máxima a los productos fabricados y vendidos antes del 1 de enero de 2030, y en importe reducido durante los cuatro años siguientes, tiene un claro marchamo proteccionista de la industria local ante la constatación de la peligrosa dependencia de China en el aprovisionamiento de materias primas críticas para el desarrollo de las tecnologías verdes.
Probablemente el mayor hito de la IRA en materia fiscal es la generalización de la monetización de las deducciones fiscales. Debido a que el marco normativo anterior solo permitía la utilización de los incentivos por el propio contribuyente que los había generado, los proyectos renovables se desarrollaron a menudo a través de complejas estructuras de tax equity en virtud de las cuales un desarrollador y un inversor forman una partnership a la que el primero aporta o vende el proyecto y el segundo aporta caja, recibiendo este último en compensación la mayor parte de las deducciones fiscales (ITC o PTC) durante un período previamente prefijado.
La monetización de los créditos fiscales bajo la nueva regulación puede obtenerse, bien directamente del Internal Revenue Service, bien a través de la venta a otros contribuyentes. Solo los proyectos de los que son titulares entidades con exención subjetiva y los asociados a captura de carbon, hidrógeno limpio o fabricación de energías limpias pueden elegir entre una y otra vía, mientras que el resto de proyectos (principalmente, los solares y eólicos) tienen cerrada la puerta del direct pay por el IRS y por tanto solamente podrán hacer efectivas sus deducciones a través de su transmisión a terceros no vinculados, que a menudo serán los mismos inversores que tradicionalmente venían rentabilizando sus inversiones en renovables utilizando estructuras de tax equity.
En conclusión, los incentivos descritos, junto con otros concedidos tanto a entidades como a particulares, configuran un marco tributario extraordinariamente favorable a las iniciativas de transición energética.
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