Las instituciones españolas tienen un problema de confianza, que afecta de manera muy especial a las administraciones públicas. Esta situación enlaza con el hecho de que la política, que debiera ser la herramienta de gestión de nuestros problemas, en España es percibida por los ciudadanos como uno de los mayores problemas. Seguramente no es ajena a esta situación la sobreprotección de los partidos políticos desde la transición.
Cualquier índice que consultemos sobre la percepción de problemas nos da un susto. En el "Barómetro de julio 2019" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 38,1 por 100 de los encuestados percibía como principal problema de España a "los/as políticos/as en general, los partidos y la política". Es la segunda preocupación, después del paro. Podemos enlazar este estudio con el barómetro de la confianza hecho público a principio de 2019 por la consultora de comunicación Edelman ("2019 Edelman trust barometer"), donde se dice que sólo el 48% de la población española confía en la administración pública.
Administración dependiente
De la confluencia de esos dos estudios llegamos a la conclusión de que nos falla la política y que el defecto se agrava por el hecho de que las administraciones públicas no cumplen bien su función. Yo aclararía que a las administraciones públicas no se les permite cumplir plenamente su función. Hemos dibujado unas administraciones públicas viciadas de una excesiva dependencia e intromisión de los representantes políticos. Que el aparato administrativo funcione tutelado significa que su capacidad de prestar servicios a los ciudadanos se ve excesivamente alterada por los vaivenes lógicos de la política.
Tendremos que entender de una vez por todas que cambiar al alcalde, al partido en el Gobierno o a la mayoría política de una comunidad autónoma, no significa cambiar de arriba abajo a todos los funcionarios responsables de las distintas unidades administrativas locales, estatales o autónicas. Y al cambiar el chip sería bueno que pensáramos en el ciudadano, en el mejor servicio público, que no se logra cuando rompemos todo vestigio de estabilidad administrativa, para rodearnos de los más cercanos, personal o ideológicamente, sino cuando nos rodeamos de los mejores y los dotamos de la estabilidad suficiente como para que el servicio público avance sin pasar por la dinámica de parón y coctelera con cada cambio político.
Reinventar nuestro juego político
Entre las muchas razones que podemos encontrar para explicarnos esta situación, seguramente ocupa un espacio de primer orden la peculiaridad de nuestro sistema político. Los regímenes democráticos no responden a un patrón único, y cada uno tiene sus matices. En nuestro caso es evidente que hemos hecho un dibujo de la gestión política y partidista quizá adecuado al momento de arranque, pero defectuoso a la larga. Lo cierto es que nuestra maquinaria democrática protege en exceso la capacidad de los actores políticos, hasta el extremo de haberles dotado de mecanismos que les permite extender su influencia a las instituciones cuya razón de ser es la independencia del poder.
Con la Constitución de 1978 reinventamos la democracia sustituyendo una dictadura. Fue necesario entonces proteger de forma preventiva a los partidos políticos, queriendo reforzar al máximo una figura clave del ejercicio democrático que había sido demonizada durante la dictadura. Pero con tanto proteccionismo, al final hemos criado un niño mimado y caprichoso, de manera que nuestro juego político no sabe funcionar sin controlar todos los resortes del poder, de todos los poderes.
El barniz político de la justicia
Nuestro ejercicio político no concibe los contrapoderes como barreras que salvaguardan la pureza del ejercicio democrático, sino obstáculos que hay que vencer en la constante aspiración a concentrar poder sin nada que rechiste. El caso de la justicia está en la mente de todo. El gobierno de la justicia recae sobre un Consejo General del Poder Judicial, cuya regulación (Ley Orgánica del Poder Judicial, 1985) conduce al mero reflejo del arco parlamentario. Sus veinte miembros son elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado, con mayoría cualificada de tres quintos.
Eso exige consenso, que se traduce en largos retrasos en los relevos de fin de mandato y en un reflejo mimético de la representación parlamentaria. Tan viciado está el procedimiento, que los miembros del Consejo nacen con etiqueta política, de manera que las informaciones periodísticas sobre las grandes decisiones suelen unir sus nombres a la aclaración "nombrado a propuesta de tal partido". Esta imagen anula el objetivo de independencia que tiene un organismo encargado del gobierno de los jueces, incluidos los nombramientos, ascensos, traslados, inspección de juzgados y tribunales, etc.
El tinte político de las administraciones públicas
Si en el caso de la justicia hablamos de barniz político, en el de las administraciones públicas podemos hablar de un tinte político intenso. En nuestro sistema el poder político generalmente no concibe las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) como maquinarias a dirigir, sino como aparatos a controlar, considerando que sólo así puede llevar a cabo sus proyectos. La realidad es que los relevos en el poder político suelen derivar en zarandeos de mayor o menor profundidad de las estructuras administrativas.
Nuestra cultura política y administrativa favorece esta dinámica. Y para hacer posible este viciado funcionamiento tenemos el camino de la gestión administrativa plagado de figuras que parecen hechas a medida: proliferación de funcionarios eventuales que permiten generar estructuras paralelas, abuso de la figura de libre designación identificada con libre disposición y relevo a capricho, ausencia de una figura debidamente regulada de directivo público profesional, nombramiento de altos cargos sin muchas más limitaciones que la mera voluntad política, etc.
Importancia de los servicios públicos
El problema de toda esta situación es que se resiente la calidad de los servicios públicos, que es la razón de ser de las administraciones públicas, con el ciudadano como foco. El último estudio de "Estabilidad y mejoría de los servicios públicos. 2016" de la desaparecida Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), señalaba que entre 2012 y 2015 había crecido del 26 por 100 al 43 por 100 el porcentaje de españoles que otorgaban "mucha importancia" a los servicios públicos. El 91 por 100 de los encuestados evaluaban la importancia de los servicios públicos entre 7 y 10.
Cabe traducir estos datos en la creciente esperanza ciudadana en obtener de sus administraciones públicas unos óptimos servicios. Sin embargo, la situación de extrema dependencia de la maquinaria administrativa con respecto al poder político, e incluso la confusión entre ambos, incide negativamente en la calidad de esos servicios. Es más, en un momento como el actual, en el que el ciudadano muestra cierto cansancio de algunos comportamientos políticos, se produce una percepción negativa de la política que arrastra a las instituciones y a las administraciones públicas, si no se produce una clara diferencia entre ambas.
En definitiva, cuando hablamos de la necesidad de modernizar las administraciones públicas, adecuarla al momento presente, escapar a la tutela política y profesionalizar los directivos públicos, no estamos hablando de organización administrativa, sino de servicio público. Con el ciudadano como foco.
