“El primer paso en la evolución de la ética es un sentido de solidaridad con otros seres humanos”
Albert Schweitzer
Una organización que aspire a la excelencia en su funcionamiento debe estar alineada con el interés general y ni que decir tiene que debe estar sujeta a los principios de legalidad, objetividad, transparencia, integridad, eficacia y eficiencia. Para ello, resulta imprescindible el diseño de una estructura interna adecuada que garantice una gestión eficaz de los recursos, minimizando los riesgos de ineficiencia y de fraude, aspectos íntimamente relacionados en realidad. Esta organización “ideal” debe adoptar mecanismos de funcionamiento ágiles que permitan una actualización constante de los servicios que presta, incluyendo la posibilidad de flexibilizar también sus relaciones de puestos de trabajo y organigramas, sobre todo a la vista de la nueva oleada de automatizaciones que viene de la mano de la Inteligencia Artificial (IA), cuya implantación debe ser asimismo ética. Las pautas a seguir, a nuestro juicio, son:
1. Digitalización y eliminación de la burocracia.
El funcionamiento interno debe ser electrónico en su totalidad, incorporando procedimientos y procesos administrativos automatizados que eliminen o simplifiquen la burocracia, cumplimiento el “procedimiento administrativo mínimo” que garantiza la ley, pero nada más. Hablando de ética, la tramitación electrónica de expedientes mediante documentos firmados y sellados electrónicamente permite la trazabilidad y dificulta la manipulación de la información. La propia IA permite realizar auditorías automatizadas. Asimismo, la administración debe ofrecer servicios digitales accesibles y de calidad, asegurando que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin trabas injustificadas. El uso de declaraciones responsables y otros mecanismos de interoperabilidad debe prevalecer, evitando la solicitud reiterada de información ya obrante en la administración.
2. Transparencia y control en la contratación pública.
En el ámbito de la contratación pública, tradicionalmente foco de corruptelas, es imprescindible establecer controles que garanticen la legalidad y eviten la proliferación de malas prácticas como los contratos menores injustificados o los modificados ilegales. La licitación electrónica fomenta la concurrencia y la transparencia en dicho procedimiento. Además, la aplicación adicional de tecnologías avanzadas, como blockchain o la propia IA, puede fortalecer la integridad del proceso. La planificación estratégica y una buena gestión presupuestaria son claves a la hora de evitar la reiteración de contrataciones innecesarias y asegurar la resiliencia organizativa ante las crisis y contingencias, no todas tan “imprevisibles”.
3. Datos abiertos y rendición de cuentas.
La transparencia no puede limitarse a la publicación de algunos documentos, sino que debe avanzar hacia un modelo de datos abiertos y gobierno abierto, garantizando el acceso público a la información en formatos reutilizables. Si la organización ya ha implantado algunos sistemas de IA, debe procurar la explicabilidad de los algoritmos. La rendición de cuentas y la participación ciudadana son pilares fundamentales de una gestión pública ética, promoviendo la confianza en las instituciones. El desarrollo de tecnologías que permiten la recopilación y el análisis de datos de calidad permite la toma de decisiones informada y basada en evidencias, objetivizando la gestión pública frente a las antiguas “ocurrencias” subjetivas y otras tendencias alejadas del interés general. La rendición de cuentas de este tipo de decisiones queda legitimada por la objetividad proceso, incluso en los casos de desacierto.
4. Protección de derechos y búsqueda del interés general.
La protección de los derechos de la ciudadanía debe ser una prioridad ineludible. La tan necesaria eficiencia no puede ser a costa de la garantía del ejercicio de derechos fundamentales y los de participación, los cuales son un claro indicador del grado de avance de una sociedad. La administración debe actuar con un enfoque proactivo en la asistencia ciudadana, asegurando la accesibilidad y calidad de sus servicios. La IA es en este sentido un reto y una oportunidad, pero sus incuestionables bondades no pueden considerarse al margen de la garantía de derechos como la privacidad o la igualdad. La automatización conlleva un cierto riesgo de generar situaciones discriminatorias. En todo caso, el interés general, la justicia social y la sostenibilidad deben integrarse como principios rectores en la prestación de servicios públicos. Por último, la obligación de resolver debe considerarse “sagrada”, debiendo desaparecer la figura del silencio administrativo.
5. Innovación como motor de la modernización administrativa.
La ética va de la mano de una cultura organizativa innovadora. La innovación debe ser un elemento transversal en la gestión pública, orientada no sólo a la modernización de los procedimientos, sino a la mejora continua de la calidad del servicio público. La no innovación es poco ética. La rigidez estructural debe dar paso a modelos flexibles y adaptativos, en los que la mejora de los procesos y los servicios existentes se conciba como un medio para alcanzar mayores cotas de eficiencia, en perfecto equilibrio con las citadas garantías legales. La resistencia al cambio y la ausencia de liderazgo perpetúan modelos obsoletos, de “mal gobierno” y “mal servicio”, e impide el avance hacia una administración pública moderna y eficiente.
6. Cultura ética y vocación de servicio público.
Por último, el arraigo de una cultura ética entre los empleados públicos es fundamental. Este debe ser un valor absolutamente interiorizado. Es el “espíritu” que le da sentido y coherencia a un buen desempeño técnico. La vocación de servicio debe impregnar todas las actuaciones administrativas, guiada por principios como simplicidad, proximidad, transparencia, accesibilidad, racionalización, buena fe, confianza legítima y responsabilidad en la gestión. Ya hemos visto que el interés general debe prevalecer sobre cualquier otro criterio particular, consolidando un modelo vocacional de gestión pública basado en la integridad, la profesionalidad y la eficiencia, y también en la empatía, la escucha activa y el servicio efectivo desde el punto de vista de la atención a la ciudadanía y la orientación de los servicios públicos. Como dijo Santa Teresa: «Quien no vive para servir quizá no sirva para vivir».
