El futuro inmediato de la Administración Pública pasa por su modernización y su adaptación a una sociedad cada vez más digitalizada sin olvidar, por supuesto, a todo un sector de la población que careciendo de los conocimientos tecnológicos mínimos merece, como todos, el servicio más eficaz a sus intereses. No se trata de retos o desafíos nuevos pues son conocidos desde hace años, sin embargo, sí son cada vez más acuciantes y la crisis sanitaria del COVID-19 no ha hecho sino poner en negro sobre blanco las carencias de nuestra Administración Pública en este sentido.
Manteniendo siempre la mirada puesta en la exigencia constitucional a la Administración de servir eficazmente y con objetividad a los intereses generales, entendemos que entre las múltiples modernizaciones exigibles al Sector Público destacan las siguientes:
- La simplificación de trámites y procedimientos administrativos, eliminando cargas burocráticas inútiles, así como su agilización para conseguir acortar los plazos de resolución.
- Aumentar la inversión en capacitación en las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) tanto entre la ciudadanía como entre los empleados públicos. De esta forma se logrará aumentar la cantidad de procedimientos gestionados en vía telemática, su agilidad y su eficacia.
- Ante el aumento imparable de la Administración electrónica y ante el riesgo de que la generalización del uso de las TIC en los procedimientos administrativos pueda suponer una disminución en los derechos y garantías de los administrados se deberá implementar el gasto en ciberseguridad para proteger los sistemas de la Administración y realizar los oportunos análisis de riesgo.
- Orientar las herramientas de inteligencia artificial al servicio de la Administración y el Big Data al análisis de las necesidades públicas reales y dirigir consecuentemente hacia éstas las políticas públicas.
- Afrontar el reto del relevo generacional de la Administración Pública y mejorar los criterios de selección de empleados públicos primando la formación y el talento sobre otras aptitudes. También en este ámbito, y siguiendo las exigencias de la Unión Europea, se dictó el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que tratará de disminuir la tasa de empleo público temporal por debajo del 8 por ciento y realizar una mejor planificación para una mejor gestión de los de recursos humanos, entre otras cosas.
- Por último, en relación con los compromisos adquiridos en relación con la Agenda 2030, la Administración Pública deberá redoblar sus esfuerzos en políticas orientadas a paliar situaciones de despoblación y atención al medio rural, reducir brechas digitales, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y afrontar desafíos como el de la inmigración
En fin, como se puede apreciar, son objetivos tan ambiciosos como necesarios y en buena parte su éxito dependerá tanto de la voluntad política como de las dotaciones presupuestarias. Pero eso escapa de nuestra competencia. Veremos.
