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28/03/2024. 23:57:27

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A vueltas con la tasa Google

Graduada en Derecho y Comunicación por la Universidad de Deusto.
Estudiante del Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid

En los tiempos que corren se pueden escuchar opiniones de todo tipo sobre la famosa tasa Google: algunos Estados están a favor de aprobarla, mientras que otros, junto con las empresas tecnológicas, están completamente en contra. Pero, ¿qué es?

Google

Aunque los avances tecnológicos hayan traído consecuencias muy positivas y gracias a ellos se haya progresado mucho en diversas materias, también es cierto que tienen su parte negativa. Uno de los colectivos que se suele ver afectado por los mismos es el de los juristas, ya que siempre que se avanza tecnológicamente en algún ámbito se requiere que se regulen ciertos aspectos del mismo y ésta no suele ser una tarea sencilla y, mucho menos, tratar de armonizar la legislación en el marco europeo e internacional. Ejemplo de ello es que los Estados miembros de la Unión Europea llevan desde 2017 intentando negociar una regulación sobre la conocida como tasa Google. Pero, ¿realmente sabemos lo que es y las implicaciones que tendría la aprobación de la misma?

La tasa Google es un impuesto mediante el que se pretenden gravar ciertos ingresos de las grandes empresas digitales como Google, Facebook, Apple o Amazon, con el fin de evitar la evasión fiscal. El surgimiento de la propuesta se debe a que este tipo de multinacionales, en su gran mayoría norteamericanas, han encontrado en la Unión Europea un mercado que les genera muchos beneficios y en el que prácticamente no pagan impuestos o, al menos, no tienen que abonar lo que realmente les correspondería, en proporción a los ingresos que obtienen. Por tanto, el problema principal que existe es la constante elusión fiscal que consiguen todas estas compañías al establecer sus sedes en los Estados europeos fiscalmente más favorables y poder así soportar menos cargas tributarias.

Para acabar con esta situación, que perjudica al resto de Estados miembros, en el año 2017 Francia, Alemania, Italia y España pusieron por primera vez sobre la mesa la propuesta de gravar la actividad de las multinacionales tecnológicas en la Unión Europea. No obstante, como esa primera propuesta fue bloqueada desde el principio por países como Irlanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca, ha sufrido importantes cambios en los últimos años. Tal es así que, en la propuesta actual, sólo persiste el objetivo de armonizar el tratamiento fiscal de la publicidad online, habiéndose desechado la opción de gravar también los intercambios de datos y las actividades de intermediación. El principal argumento que emplean los opresores de la tasa Google es que se debe imponer el gravamen allí donde se produce el beneficio, que es el lugar de la facturación, y no donde se presta el servicio. Sin embargo, este razonamiento no tiene en cuenta que la economía digital ha hecho que cada vez estén menos claros los límites espaciales de producción y de consumo.

A pesar de que no ha sido posible aprobar ninguna medida fiscal para gravar la actividad de las multinacionales tecnológicas en el ámbito de la Unión Europea, lo cierto es que en España existe una regulación sobre la materia, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. En concreto, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española de 2014 introdujo el canon AEDE, que recibe su nombre por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, y que suponía el pago de un canon por enlazar contenido protegido por los derechos de propiedad intelectual. El blanco perfecto de esta novedad legislativa era Google News, un agregador y buscador de noticias automatizado de Google, que resetea constantemente la información de los principales medios de comunicación online. Como consecuencia de la aprobación de la reforma, los medios de comunicación españoles iban a poder cobrar a este agregador por indexar sus noticias y, para evitarlo, la multinacional cerró su portal de noticias en España antes de que entrara en vigor la nueva regulación.

Tras la clausura de Google News en nuestro país en 2014, la tasa quedó paralizada y estuvo un tiempo sin aplicarse. Sin embargo, en 2017, el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), que es el encargado de su cobro, inició una nueva ronda de negociaciones con agregadores de contenido en España para cobrar su tasa. Además, es destacable que en la actualidad el debate sobre la tasa Google en España no ha cesado todavía. Sin ir más lejos, el pasado mes de enero fue aprobada por el consejo de ministros español este impuesto sobre determinados servicios digitales, que gravará con un 3% la publicidad online, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos por parte de aquellas empresas que tengan a nivel internacional una facturación de 750 millones de euros y de 3 millones de euros a nivel español. Además, tras las elecciones del pasado 28 de abril, el nuevo ejecutivo anunció una subida de impuestos, entre los que figuraba esta controvertida tasa. Como consecuencia de la noticia, algunos partidos políticos se han posicionado a favor y otros en contra, por lo que parece que el debate vuelve a estar servido.

Entre los detractores de la tasa, además de algunos partidos políticos y las multinacionales que resultarían más afectadas, están las startups europeas y las asociaciones digitales. Estas últimas avisan de que la tasa Google tendrá un impacto negativo en el PIB, ya que lo reducirá en más de 60 millones de euros, de acuerdo con un estudio que han elaborado las asociaciones Adigital y Ametic con el apoyo de la consultora PwC. Este resultado negativo se debe a que el mismo estudio prevé que las empresas digitales disminuirán en más de 500 millones sus beneficios y trasladarán parte de ese gravamen al cliente final.

En definitiva, es evidente que la tecnología siempre va por delante de la sociedad y del Derecho. Sin embargo, a raíz de los avances que se están produciendo, están surgiendo nuevos problemas a nivel global que necesitan de una regulación armonizada, como es el caso del tratamiento fiscal de la actividad de las empresas tecnológicas. Es cierto que parece que la tasa Google puede tener un impacto económico negativo, además de generar perjuicio a los ciudadanos porque, por ejemplo, si los buscadores como Google dejan de enlazar noticias por no tener que pagar el canon, irá en detrimento del derecho a la información de todas las personas y dificultará el libre acceso a la misma. Asimismo, los periodistas también podrían verse afectados porque su trabajo tendría menor difusión. Sin embargo, si no se acuerda una legislación armonizada sobre este aspecto a nivel europeo, las empresas convencionales seguirán pagando en Europa casi un 15% más de impuestos de media que las tecnológicas y eso tampoco sería justo. Por tanto, es necesario llegar a un punto intermedio en el que el perjuicio sea el menor para todos los afectados y, como parece que la UE no lo va a conseguir por el momento, tendremos que esperar a que la OCDE implante medidas para 2020, tal y como está previsto. Previsiblemente, hasta entonces, seguiremos a vueltas con la tasa Google.

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