Esta semana, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia con 202 votos a favor, 141 votos en contra y 2 abstenciones, una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, que han quedado incorporados al texto con 198 votos a favor, 142 en contra y 2 abstenciones. La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo su artículo 17, referente a la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Por otro lado, también ha quedado aprobado el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La norma, que procede del Real Decreto-ley 21/2020, tiene por objeto adoptar medidas preventivas, de contención y coordinación, dirigidas a “garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19″, así como prevenir posibles rebrotes.
Congreso de los Diputados
Pleno
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia con 202 votos a favor, 141 votos en contra y 2 abstenciones, una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, que han quedado incorporados al texto con 198 votos a favor, 142 en contra y 2 abstenciones. La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo su artículo 17, referente a la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, introduce en el ordenamiento jurídico español la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como «la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios». Con esta Ley se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en ella a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, que podrá revocar en cualquier momento, y que estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
Por otro lado, también ha quedado aprobado el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La norma, que procede del Real Decreto-ley 21/2020, tiene por objeto adoptar medidas preventivas, de contención y coordinación, dirigidas a “garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19″, así como prevenir posibles rebrotes. También recoge «el deber de cautela y protección» por parte de todos los ciudadanos y de los titulares de las actividades reguladas en el proyecto de ley, como en centros docentes, servicios sociales, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración, entre otros sectores. Entre las medidas contempladas en el texto, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
También se ha debatido el dictamen emitido por la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la aprobación, en su caso, de esta iniciativa legislativa, por el que se añade un nuevo artículo 439 bis para que «a los efectos de esta Ley, se entiende por oficina del Registro Civil aquella unidad que, sin estar integrada en la oficina judicial, se constituye en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para encargarse de la llevanza del referido servicio público según lo establecido por la Ley y el Reglamento del Registro Civil, vinculándose funcionalmente para el desarrollo de dicho cometido al Ministerio de Justicia a través de la dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
También se ha llevado a cabo esta semana la sesión de control al Gobierno por parte del Pleno del Congreso en la que se formularon 14 preguntas dirigidas al presidente y otros miembros del Gobierno.
Comisiones
Comisión de Política Territorial y Función Pública
La Comisión de Política Territorial y Función Pública ha acogido la comparecencia del ministro Miquel Iceta, a petición del Gobierno y de los grupos parlamentarios Popular, Republicano y Ciudadanos, para informar «sobre las líneas generales de la política de su Departamento en la XIV Legislatura», entre otras cuestiones.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha celebrado la comparecencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, a petición propia y de los grupos Popular y Vox, para informar de los planes de digitalización presentados en los últimos meses, entre otros asuntos.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, intervendrá en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre el contenido del Acuerdo de Libre Comercio alcanzado el 24 de diciembre de 2020 entre la Comisión Europea y Reino Unido.
Comisión de Justicia
La Comisión de Justicia ha aprobado con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.
Los miembros de la Comisión también han aprobado con competencia legislativa plena la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que será remitida al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.
Por último, la Comisión de Justicia ha emitido el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que será debatido y votado en el Pleno dado su carácter orgánico.
Senado
La Mesa del Senado ha aprobado esta mañana el I Plan Estratégico de Gestión Sostenible para el periodo 2021-2024 con el objetivo de que sea una herramienta esencial para la consecución de los objetivos relacionados con la utilización responsable y eficiente de los recursos y la reducción del impacto medioambiental en los edificios de la Cámara, siguiendo las recomendaciones recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.
Este primer plan de gestión medioambiental del Senado recoge medidas estructuradas en estos tres apartados: sostenibilidad de los edificios, contratación pública ecológica y compromiso social.
Comisiones
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en su sesión del 16 de marzo, ha debatido distintas mociones.
Se ha debatido la moción por la que se insta al Gobierno a realizar un estudio de las consecuencias de las medidas adoptadas a nivel formativo, social y económico durante la pandemia de COVID-19 y a diseñar un plan de refuerzo a disposición de los estudiantes universitarios que concluyan su grado que disminuya el impacto negativo que pudiera tener en su formación el desarrollo anómalo del curso académico. El texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular ha sido rechazado con 17 votos en contra, 11 a favor y ninguna abstención.
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