- Un espacio de datos no es solo tecnología, es un marco de gobernanza que decide quién puede usar qué dato, para qué fin y en qué condiciones
Este artículo ha sido publicada en el número 1031 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrate una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
Los espacios de datos han dejado de ser una promesa tecnológica, para convertirse en una infraestructura real que redefine cómo se comparte, protege y explota la información en Europa. Impulsados por la estrategia europea de datos y por reglamentos como el Data Governance Act y el Data Act, estos ecosistemas permiten que organizaciones de distintos sectores intercambien datos bajo reglas comunes de confianza, interoperabilidad y control. Para el sector jurídico, esta transformación no es un asunto periférico: afecta a cómo trabajan los despachos, a cómo se gestiona la información judicial y a las responsabilidades que emergen para quienes asesoran a las empresas que participan en ellos.
Qué es realmente un espacio de datos
Un espacio de datos es una infraestructura que permite compartir información entre múltiples participantes —empresas, administraciones, centros de investigación— sin que ninguno pierda el control sobre sus propios datos. A diferencia de compartir archivos o construir un repositorio centralizado, el espacio de datos funciona mediante reglas contractuales, técnicas y de gobernanza pactadas de antemano: quién accede, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y en qué condiciones de seguridad. Ya existen o están en desarrollo espacios sectoriales de salud, energía, movilidad, industria y, cada vez con más fuerza, un espacio de datos judicial y jurídico que aspira a mejorar la interoperabilidad entre juzgados, registros y administraciones.
Para los despachos, esto significa que el dato deja de ser un activo aislado dentro de un expediente y pasa a integrarse en flujos donde intervienen terceros, algoritmos y sistemas automatizados. El reto no es solo técnico: es fundamentalmente jurídico.
El despacho como gestor de riesgo, no solo de datos
Los abogados que asesoran a empresas industriales, sanitarias o tecnológicas empiezan a encontrarse con clientes que participan en espacios de datos sectoriales y necesitan comprender sus obligaciones: revisar cláusulas contractuales de intercambio de datos, evaluar responsabilidades ante terceros y anticipar conflictos entre propiedad intelectual, secreto empresarial y las obligaciones de compartición que impone la nueva normativa europea. A la vez, los propios despachos son usuarios de tecnología que gestiona información sensible de clientes: la adopción de herramientas de inteligencia artificial, plataformas colaborativas y servicios en la nube convierte a cualquier bufete en un nodo más dentro de ecosistemas de datos, con las mismas exigencias de seguridad y trazabilidad que se piden a una gran corporación.
Transversalidad, formación y cambio cultural: el reto de fondo
Ninguna de estas transformaciones se sostiene si no cambia también el perfil de quienes las gestionan. Los espacios de datos exigen despachos con equipos transversales, donde el jurista dialogue de forma habitual con perfiles técnicos, de ciberseguridad y de gobierno del dato, algo todavía poco frecuente en la estructura tradicional de los bufetes. No basta con incorporar tecnología: hace falta formar a abogados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y personal técnico en los fundamentos de estos ecosistemas, y generar una sensibilización real sobre lo que implican en términos de riesgo y de oportunidad.
La resistencia al cambio sigue siendo, con diferencia, el obstáculo más determinante, más incluso que las carencias tecnológicas o presupuestarias. Superarla exige un auténtico cambio cultural, tanto en el sector público como en el privado: en la Administración, revisando inercias organizativas y reforzando la capacitación digital de quienes prestan el servicio público de justicia; en los despachos, abandonando la lógica de silos y asumiendo que la gestión del dato es ya una competencia profesional tan relevante como el conocimiento jurídico sustantivo.
Ciberseguridad: la condición de entrada
Ningún espacio de datos funciona sin garantías sólidas de ciberseguridad. La interoperabilidad multiplica las superficies de ataque: cuantos más actores comparten información, mayor es el riesgo de que un fallo en un eslabón comprometa a toda la cadena. Para los despachos, esto se traduce en una responsabilidad doble. Por un lado, deben asesorar a sus clientes sobre el cumplimiento de normativas como el Reglamento DORA, la Directiva NIS2 o los requisitos técnicos que exige cada espacio sectorial. Por otro, deben aplicar internamente estándares equivalentes, porque el bufete maneja información procesal, mercantil y personal de enorme sensibilidad.
Ética digital y gobernanza: la pieza que falta
Compartir datos con garantías técnicas no basta si no existe una gobernanza clara sobre su uso. Aquí entra en juego la ética digital: quién decide qué datos se comparten, con qué finalidad se entrenan los sistemas de inteligencia artificial que los procesan, y cómo se evita que la automatización perpetúe sesgos o decisiones opacas. En el ámbito judicial, esta cuestión adquiere una dimensión especialmente delicada, porque los datos que circulan pueden incluir información sobre procedimientos, partes y resoluciones que exige un tratamiento singularmente cuidadoso.
La gobernanza de un espacio de datos define, en la práctica, quién es responsable cuando algo falla: quién responde ante una brecha, quién garantiza la calidad del dato compartido, quién audita el uso que hacen terceros de la información. Son preguntas que los juristas deben empezar a formular ahora, antes de que la adopción masiva de estos ecosistemas deje sin resolver vacíos regulatorios que después son mucho más difíciles de cerrar.
La Administración de Justicia, ante su propia transformación
En España, el debate sobre un espacio de datos judicial conecta con los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia y con la interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal autonómicos. Un espacio de datos bien diseñado podría facilitar el intercambio de información entre juzgados, fiscalías y registros, agilizando procedimientos y mejorando el acceso a la justicia. Pero también obliga a resolver cuestiones de protección de datos personales, de acceso público a resoluciones y de seguridad frente a ciberataques que ya han afectado a administraciones públicas en los últimos años.
El sector jurídico tiene en este proceso un papel que no puede delegar: garantizar que la eficiencia tecnológica no se construya a costa de derechos fundamentales ni de garantías procesales. Los espacios de datos ofrecen una oportunidad real de modernización, pero solo si el diseño jurídico acompaña al diseño técnico desde el primer momento.
