Sucesivas reformas han tratado de agilizar la tramitación de los juicios de desahucio y la ejecución de las sentencias de condena. Sólo en parte se ha conseguido este objetivo ya que las modificaciones no siempre han guardado la necesaria armonía con la regulación anterior creando dudas de interpretación o dejando cuestiones sin resolver, y porque el cambio legislativo no va unido al necesario incremento de medios materiales para su efectividad.
