No es un secreto para nadie que España esta viviendo una importante crisis económica (o «desaceleración acelerada» como la catalogó en su día nuestro Gobierno) que está colapsando los juzgados mercantiles y civiles con expedientes concursales, procedimientos monitorios y juicios cambiarios.
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Hasta ahora, el área de derecho de familia de nuestros despachos permanecía ajena a esta situación, ya que las crisis matrimoniales no conocen ni atienden a "ciclos económicos". Sin embargo, esto está cambiando y en los Juzgados de Familia de las principales ciudades se está produciendo un incremento de los procedimientos judiciales de modificación de sentencia cuyo objeto es rebajar las pensiones fijadas judicialmente.
Este aumento de procedimientos de modificación de sentencia no es más que un reflejo de la crisis económica que está sufriendo nuestro país: si los beneficios de las empresas disminuyen, los incentivos económicos que perciben sus trabajadores también lo hacen; si las empresas presentan expedientes concursales, el paro aumenta.
La consecuencia lógica de todo ello es que no se puedan abonar pensiones que fueron fijadas cuando los recursos económicos de los obligados a su pago eran mucho más elevados.
Hemos de recordar que nuestra legislación únicamente permite modificar las pensiones fijadas judicialmente cuando "se altere sustancialmente la fortuna de uno u otro cónyuge". Por ello, si los ingresos del pagador de la pensión se han reducido de forma considerable y esta reducción no es puntual sino de larga duración, éste podrá instar (y seguramente conseguirá) una reducción de las pensiones fijadas judicialmente.